Cristina Lustemberg: el sistema integrado de salud tiene que “dar un salto cualitativo”

Cristina Lustemberg, ministra de Salud desde el 1o de marzo de 2025, tiene en una de las paredes de su despacho un mosaico con fotos de niños y niñas, para recordar lo que le “costó” desprenderse de la actividad clínica. En una entrevista con la diaria, se refirió a los planes del Ministerio de Salud Pública (MSP) para este quinquenio e hizo una serie de anuncios: adelantó las prestaciones que se incluirán en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS), informó que se aprobará un decreto con un protocolo para reducir los tiempos de espera, que creará unidades de gestión de agenda clínica, y anunció que ya está lista la reglamentación de la ley de cuidados paliativos, “para que estén garantizados en todo el país”.

¿Cómo evaluás la marcha del gobierno hasta el momento?

Hago una valoración positiva, hay mucho trabajo. La transición en mi caso fue cordial, pero cuando comenzamos a trabajar nos encontramos con muchos desafíos relacionados con el SNIS [Sistema Nacional Integrado de Salud], con retrocesos que hubo en el diseño de la política pública que nos atravesó a muchas áreas del gobierno. La fundamentación de [el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel] Oddone sobre la situación fiscal restrictiva nos desafió a todos a la hora de trabajar en el presupuesto nacional; tuvimos que hacer un trabajo muy consciente. [El presidente Yamandú] Orsi nos da mucha independencia y confianza para gobernar. En el MSP tenemos cuatro de los 63 compromisos [de gobierno]. La situación es restrictiva y nos desafía a pensar cómo darle cumplimiento al programa. En mi caso, “una sola salud”, que se va plasmando en cada una de las actividades. Me gustaría que la mayoría de nuestro tiempo esté destinado a salir del ruido para dedicarnos a gestionar y a hacer acciones para mejorar la vida de la gente.

¿Considerás que la militancia del Frente Amplio (FA) está entendiendo estas circunstancias o percibís cierto malestar con el rumbo del gobierno?

Respeto mucho a la militancia. A mí me llama la gente enojada, desbordada por problemas de salud, entiendo las expectativas de lo que podamos hacer. Hay gente con necesidades básicas en el acceso a la política pública. La esperanza se mantiene, cuando uno conversa y escucha a la gente, te das cuenta de que hay un entendimiento. Yo entiendo al que está en listas de espera hace tres o cuatro años, a quien no encontró un cupo para una asistente personal para su hijo con discapacidad. Nos estamos adaptando, uno quiere resolver con más rapidez los problemas. La base frenteamplista siempre tiene espacios para conversar. En los últimos períodos de gobierno nos pasó que la base frenteamplista entendió que quienes ocupamos ciertos lugares de responsabilidad nos alejamos de la escucha y de tener el ida y vuelta, yo desde que estoy acá ya llevo dos recorridas por todo el país para conocer la realidad de la salud de cada departamento. Lo que me generan las demandas es mucha responsabilidad.

En los últimos días, a raíz del caso de violencia vicaria en Soriano, se reavivó la discusión sobre la ley de tenencia compartida. ¿Considerás que habría que derogarla?

Lo que pasó es la violencia de género en su peor expresión. El Estado tiene la responsabilidad de tener respuestas mucho más acordes a algo tan devastador como es cualquier tipo de violencia aberrante. Todo lo que sea redoblar esfuerzos como país, fortalecer los elementos de prevención y protección, y de atención integral...; la mesa que se instaló nos va a permitir tener herramientas. Respecto de la posibilidad de derogar esta ley, cuando estuvimos en el Parlamento toda nuestra bancada se posicionó en contra de esta ley y lo que significaba en contra de los derechos de los niños. Entendemos que representa un riesgo para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, también para las mujeres víctimas de violencia. Algunos artículos priorizan el interés de los adultos por encima del principio de prevención y generan vulneración. Tenemos que buscar herramientas de prevención, atención, con un poder judicial que actúe con elementos de protección.

Es posible que el Parlamento sancione definitivamente este año la ley de eutanasia, ¿qué previsiones al respecto está haciendo el MSP, por ejemplo, en materia de reglamentación y atención?

Antes de que termine el año vamos a reglamentar algunas leyes que habían quedado archivadas y están pendientes de reglamentación. La ley de cuidados paliativos, para que estén garantizados en todo el país, estaba pendiente desde 2023, y [la reglamentación] sale esta semana. Lo mismo con la de fibromialgia, tenemos la responsabilidad de reglamentarlas. Para eutanasia, cuando salga del ámbito parlamentario vamos a cumplir para dar las máximas garantías en la reglamentación.

¿Qué se va a hacer en caso de que surjan objeciones de conciencia generalizadas, por ejemplo, en un departamento, como sucedió en el caso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo?

Por el momento vamos a esperar a ver cómo sigue la discusión. Vamos a garantizar lo que determine la ley; yo dejé en actas mi opinión como legisladora, pero hoy como ministra sólo tengo la responsabilidad de reglamentar.

¿Se va a modificar la ley de interrupción voluntaria del embarazo?

No la vamos a modificar. Sí estamos analizando las dificultades que hay en el acceso: qué pasa con las mujeres migrantes, las dificultades que tienen los equipos en el país, pero no vamos a modificar las semanas de gestación. El tiempo de residencia que se les pide a las mujeres migrantes es lo más preocupante, genera una inequidad porque son cada vez más en el país.

Políticas en salud mental y tiempos de espera

Se extendió el plazo para la sustitución de establecimientos asilares por dispositivos alternativos hasta 2029, ¿qué acciones se van a adoptar para que esto efectivamente se concrete en 2029?

Es uno de los compromisos más importantes del gobierno. En el MSP tenemos diez prioridades con 128 metas a cumplir en el quinquenio. El cierre de las estructuras monovalentes es de las partes más controvertidas de la ley de salud mental, que se haya votado sin presupuesto es algo de lo que ya aprendimos, ahora estamos abocados a reglamentar algunos artículos de esta ley. Queremos una estrategia que disminuya las trabas para el acceso a la salud mental, esto es parte de la estrategia nacional de salud mental y bienestar 2025-2029. Queremos elaborar un plan de cierre, diseñar un plan de desinstitucionalización, fortalecer la red comunitaria de atención, que es un pilar muy sustantivo. En estos días va a estar la normativa para la modificación de las modalidades de atención en los servicios de salud y cómo vamos a conformar los equipos básicos en cada servicio. La acción país se lanzará el 10 de noviembre, para que las personas con conocimientos puedan aportar.

La salud mental es en el mundo un tema complejo. Acá vamos a fortalecer la rectoría y la gobernanza, la intersectorialidad, la atención integral y comunitaria, la formación de recursos humanos. En psiquiatría tenemos el número de profesionales adecuados, pero tenemos problemas graves en el acceso a esta especialidad. En resumen, estamos trabajando en un cronograma de acción escalonado que va a crear dispositivos de medio camino y otros que aportan. No puede pasar que tengamos una gran lista de espera en ASSE, una gran disparidad en el sector privado. Antes de fin de año vamos a anunciar las modificaciones que tiene que tener la atención en salud mental. Las cifras de suicidio son las más alarmantes, pero denotan otras dificultades.

¿Y el cierre puntual de los centros como el Vilardebó?

Nos va a llevar unos años, no será de un día para otro. Vamos a escuchar a los trabajadores, a garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos de las personas. Iremos viendo cómo se convierten determinadas estructuras asilares. No podemos seguir con estructuras como el Vilardebó u otras en las que se encuentran niños del INAU, hay denuncias en la Institución Nacional de Derechos Humanos. No es fácil, si lo fuera ya se hubiera hecho y no estaríamos planteando una extensión del plazo. Conlleva centros diurnos, casas de medio camino, centros de inclusión social, estamos viendo lugares regionales que puedan tener determinadas modalidades de atención.

Se sigue sin cumplir con los tiempos de espera máximos en algunas especialidades, ¿qué acciones prevé el MSP para que se cumplan? Más allá de las modificaciones de normativas, ¿entienden que los centros de salud están en condiciones de cumplir con los tiempos?

Generamos un ámbito en la Junasa [Junta Nacional de Salud] con todos los prestadores, en una estrategia integral para reducir los tiempos de espera. El país destina 9,26% de su PIB [producto interno bruto] a la salud y muchas de estas medidas tienen que ver con los recursos del Fonasa [Fondo Nacional de Salud], las trabajamos en este marco. No todo requiere incrementos presupuestales; el diseño de los tiempos de espera se relaciona con una estrategia con unidades de gestión, modificación de la normativa, vamos a revisar en consultas, cirugías, queremos incluir antes de fin de año estudios diagnósticos que entendemos que tienen que estar en el decreto, ya tenemos una propuesta para trabajar con los prestadores.

En ASSE, en marzo había 421.278 consultas en espera y ahora se redujo, hace 20 días, a 387.519, una reducción de 8%. Cuando se desagregan las especialidades, las que más demora tienen en el prestador público son oftalmología, traumatología, psiquiatría, dermatología, odontología. 14.400 consultas atrasadas en las casas de desarrollo de atención a la niñez diseñadas en el gobierno anterior (que funcionan dentro de ASSE). En los prestadores privados hay que ver cada uno qué problema de gestión y de triage tienen. Queremos crear unidades de gestión de agenda clínica, este es el decreto, ya les avisamos a los prestadores. Es un protocolo para gestionar los tiempos.

El 70% de las consultas en cardiología están vinculadas a hipertensiones arteriales que si tuviéramos una cultura de más confianza en un médico de cabecera, formado en atención comunitaria, podemos fortalecer el primer nivel y bajar la demanda de algunas especialidades.

El MSP estuvo conversando con la Facultad de Medicina por el tema de la formación de recursos, porque hoy en algunos casos las cátedras pueden determinar qué porcentaje y qué cantidad de recursos se forman, ¿hubo avances en este punto?

Estuvimos identificando especialidades en las que precisamos aumentar el cupo. Estamos trabajando con el decano, con el fideicomiso que habilita la ley de residencias médicas para que los prestadores puedan contratar, sobre todo en el interior, residentes de especialidades que faltan. Hemos aumentado el cupo de algunas como urología.

Las novedades del presupuesto

¿Qué cambios imprimió el MSP en relación con la disponibilidad de medicamentos?

Hoy podemos decir que en ASSE no tenemos farmacias con stock 0, estamos mejorando los sistemas de información, en la Red de Atención Metropolitana se restablecieron 92 de los 100 medicamentos faltantes. Un tema es la distribución, para esto es un eje muy importante la Agencia de Vigilancia Sanitaria, porque somos de los pocos países que no tiene una agencia que regule los medicamentos. No estamos privatizando, estamos fortaleciendo y dando soporte. Hasta ahora lo cumplió el MSP, pero la distribución, los procesos de registro, tienen que ser más ágiles. Uruguay no tiene la trazabilidad de los medicamentos, qué psicofármacos se consumen en un lado y en otro. No nos podemos quedar atrás, tenemos que dar garantía de calidad, seguridad e innovación. No es generar más burocracia como plantearon en comisión [de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, cuando el MSP concurrió esta semana]. Decir eso es desconocer, la idea es agilizar.

¿Cuándo prevén que esté listo el Hospital de la Costa? ¿Cuál es la inversión?

Salud de puente a puente, desde Ciudad de la Costa a Costa de Oro. Es un proyecto que es más que un centro hospitalario, que va a contar, por ejemplo, con algunas camas para cuidados moderados, va a fortalecer el Centro de Salud de la Costa que hay hoy. Estamos trabajando con la Dirección Departamental de Salud de Canelones. Queremos conectar y que se fortalezcan los prestadores de la costa. Conformamos una comisión para esto que está analizando toda la situación, el objetivo es que toda esa zona quede fortalecida en su red de atención. El costo del hospital aún no está claro. Se hará por el rubro de inversiones de ASSE. Habrá coordinación con el Hospital de Clínicas y el Pereira Rossell, Pando, Maldonado, para patologías más complejas. Tenemos un cronograma y pensamos que en 2027-2028 ya va a estar funcionando.

El diputado del Partido Nacional y exsubsecretario de Salud José Luis Satdjian dijo el martes en la comisión que la reforma del SNIS que el FA planteó en la campaña no se ve reflejada en el presupuesto. Además, señaló que el cambio que propone renombrar la Dirección General del Sistema Nacional de Salud como Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud no constituye una verdadera integración de prestadores que hoy no están en el sistema, como la sanidad policial y militar, el Hospital del Banco de Seguros o el Hospital de Clínicas. ¿Está pensada una reforma más amplia?

Muchos cambios para reformar requieren complementación, cambios en la gestión. Muchas cosas nos permitieron llegar hasta acá, pero el SNIS no fue fortalecido con una fuerte rectoría, que atraviesa los tiempos de espera y todos los temas de la salud. Por primera vez la Junasa, en poco tiempo, está trabajando con usuarios y trabajadores, estamos trabajando en fortalecer las juntas departamentales locales. Ahora estamos trabajando con los prestadores. Pero por más que decretemos, si no tenemos una rectoría fuerte, las cosas no suceden. El ministerio ha tenido una rectoría muy débil estos años, con vaivenes. Es indiscutible que el sistema precisa un shock de infraestructura. La complementariedad nos desvela. Cada uno hace las observaciones que le parezca hacer desde el punto de vista político, lo que yo puedo decir como ministra es que encontré un franco retroceso en la integración y complementación en cada departamento del país.

Hay que dar un salto cualitativo. Uruguay tiene que entrar en otra etapa del SNIS que esté más centrada en las personas, con un mayor nivel de tecnología y con un primer nivel de atención dotado de recursos, que resuelva. Hay como 300 prestaciones que no están incluidas en el PIAS ni en el Formulario Terapéutico de Medicamentos. El quiebre es desde 2017 hacia acá. En los últimos años no hubo casi prestaciones de este tipo, la cirugía laparoscópica sólo está regulada por el Estado, la de vesícula biliar con un ticket relativamente accesible.

Estamos en un proceso de planificación con el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] para que cinco o seis prestaciones se incorporen este año: analgesia del parto, apendicectomía por cirugía laparoscópica, anticoagulantes orales y algunos estudios electrofisiológicos.

La situación de las mutualistas

¿Qué evaluación hacen de la intervención en el Casmu hasta ahora y cómo prevén que siga la situación?

Ya conversamos con las dos listas, porque al otro día de la elección queremos empezar a trabajar con la agrupación que gane. El plan que se les solicitó en 2024 lo presentaron, pero no fue aprobado, se les envió con observaciones y actualmente estamos estudiando junto con el MEF las correcciones que nos envió la mutualista. Esta semana les pedimos un número acotado de medidas de alto impacto para que lo tengan antes de las elecciones. Estamos atentos, también velaremos por que el proceso eleccionario transcurra con normalidad y tenga las máximas garantías. El abogado interventor que está trabajando en la mutualista va a acompañar el proceso electoral.

La única mutualista intervenida es Casmu, pero Cudam solicitó, hace casi un año, asistencia financiera a la Junasa y un préstamo al BROU ante la pérdida de socios y la casi nula venta de servicios. El Sindicato Médico del Uruguay [SMU] dijo a la diaria que el pago de salarios se está cumpliendo, aunque con insistencia mensual de los trabajadores. ¿Qué soluciones se están buscando para esta empresa? ¿Se va a integrar a Fepremi [Federación de Prestadores Médicos del Interior]?

Tienen un bajo nivel de endeudamiento. Están trabajando en su incorporación a Fepremi, lo que les va a permitir acceder a mejores condiciones para negociar precios de los insumos. Es una institución chica, tiene unos 46.000 afiliados, el 99% son por Fonasa. Desde lo económico sus resultados se han mantenido en equilibrio, pero en 2023 empezó a tener resultados con déficit de 4%, que en 2024 llegó al 6%. Todos, trabajadores, empresa, SMU, están trabajando en una solución que por ahora, en su base, es la incorporación a Fepremi. Lo que queremos mantener es que sea una empresa independiente, no absorbida ni fusionada a ninguna otra institución.

La polémica con la oposición por el presidente de ASSE

La oposición sigue reclamando incompatibilidades en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza. Más allá de los informes jurídicos, ¿el MSP no ve problemas en relación con la dedicación al cargo?

Tenemos cinco informes jurídicos, el propio Álvaro Danza pidió uno al estudio jurídico Delpiazzo, no son estudios que están vinculados con una u otra orientación política, como pueden ser algunos.

¿Como el encargado por la oposición a Augusto Durán Martínez, por ejemplo?

Bueno, basta que uno... No voy a emitir calificaciones profesionales, pero cuando uno revisa la experiencia que tiene el estudio Delpiazzo como tal en derecho administrativo en nuestro país, es de vasta trayectoria y confiabilidad cuando analiza el marco normativo. Después tenemos el estudio del director de Jurídica del MSP, el de [el constitucionalista José] Korseniak, el del constitucionalista Martín Risso, el del doctor Fernando Rovira, que hace un análisis desde el punto de vista laboral. La gerencia full time es la gerencia general, los cargos gerenciales. Estos análisis nos permiten reafirmar que no hay nada que inhiba su función en ASSE. Estamos esperando informes que pueden llegar de la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública]. Llama la atención que se eligió el martes, cuando fuimos a la comisión, para volver a poner el tema en discusión. Yo estoy preocupada porque tengamos al mejor presidente de ASSE, que tiene formación clínica, que es docente, que sus funciones son de consultante, que no inhiben sus funciones como presidente de ASSE.

¿No es más que consultante?

Es consultante como especialista en enfermedades autoinmunes, como profesor de farmacología y como profesor de medicina interna. Para presidir ASSE estamos trabajando alrededor de 20 horas por día, lo otro en su caso es poca dedicación horaria.

Orsi y yo nos ajustamos a los informes que tenemos para respaldarlo. Me pregunto por qué no elegiríamos a los mejores para estos puestos y me pregunto también por qué ASSE siempre está en el tapete de estas discusiones. ¿Cuándo nos vamos a dedicar a discutir fuera del ruido constante a nivel político y a discutir los temas que tiene el prestador vinculados con los tiempos de espera, los medicamentos? Reitero, lo respaldamos, no tiene conjunción de intereses y lo respaldamos con los elementos que tenemos.

En Uruguay debemos poner a los talentos que tenemos en estos lugares. Danza tiene horas mensuales de policlínicas y de medicina interna, lo que suma entre cuatro y seis horas semanales, 24 horas mensuales. Estas horas son muy pocas en comparación con lo que le dedica a ASSE. Un país moderno, trabajamos pila de horas... Dejamos de hablar a las 00.00 y retomamos a las 7.00 del día siguiente, ¿de qué te sirve tener a alguien que tal vez no trabaja en otro lado, pero no tiene la formación? Si querés puedo tener a alguien 20 horas y que no le cambie la vida a nadie. Estoy convencida de que es el más idóneo para dirigir ASSE. La dedicación full time en ASSE es la del gerente general, Federico Martiarena.

Hubo legisladores que plantearon que lo de Danza es como una especie de devolución al señalamiento del vínculo entre el expresidente de ASSE Leonardo Cipriani y las compras al Círculo Católico que el FA marcó como oposición en el período pasado, ¿te parece que tiene que ver?

Es hora de que discutamos los problemas de ASSE sin poner un problema para tapar el otro. Se verá, se están haciendo auditorías [sobre el período pasado], fue muy claro que se encontró una deuda de 280 millones de dólares, con algunas dificultades vinculadas con la gestión, e iremos tomando las decisiones que tengamos que tomar como Estado. Si fuera una cosa por la otra, hablaría muy mal del funcionamiento y de lo que el Estado tiene que hacer en cuanto a la atención en salud. Quiero que los temas del prestador salgan de esta disputa.