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Política

Política nacional

Momentos previos al inicio de la Convención Extraordinaria de la FEUU, el sábado, en el Paraninfo de la Universidad.
 · Foto: Nicolás Celaya

Peligro de derrumbe

Aunque buscarán evitar la fractura, muchos militantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) temen lo peor. Si el orden estudiantil sigue sin lograr quórum y no toma una definición respecto a la elección del nuevo rector, se podría llegar a una situación inédita: por primera no llevaría posición a la Asamblea General del Claustro (AGC), convocada para finales de junio y en la que se votarán las nuevas autoridades. En caso de darse ese escenario, será inevitable hablar de una fractura política de la histórica FEUU.

Estar o no estar

El Parlamento del Mercosur tendrá hoy su tercera sesión del año y por Uruguay irán sólo los legisladores frenteamplistas designados el jueves en la Asamblea General, ya que los partidos Colorado y Nacional todavía no nombraron a sus representantes. De hecho, sus órganos de conducción resolverán en esta jornada si participan o no en el ámbito regional.

El conflicto se hace gas

Hace cuatro años, el entonces presidente argentino Néstor Kirchner declaraba “causa nacional” la protesta contra la instalación de fábricas de celulosa en Fray Bentos y les deseaba “fuerza y coraje” a quienes la impulsaban en Entre Ríos. El miércoles, su sucesora, Cristina Fernández, dijo rechazar la “metodología” del piquete y no descartó que el corte del puente internacional José de San Martín sea “ilegítimo”. Hace cuatro años, las medidas de lucha de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú concitaban cierto consenso en esa ciudad, con el respaldo del gobierno nacional, el provincial y el local. Hoy continúan sin el apoyo de Fernández, del gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, ni del intendente Juan José Bahillo, mientras numerosas voces se alzan allí contra el bloqueo.
Daniel Rafecas. (archivo, noviembre de 2008) · Foto: Javier Calvelo

La hora, juez

El procesamiento por el secuestro y tortura de 67 personas -la mitad de ellas uruguayas- de Miguel Ángel Furci, ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), se conoció pocas horas antes del inicio del primer juicio oral y público en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención y tortura Automotores Orletti. “El juicio significa para mí el momento culminante de cinco años de trabajo de investigaciones”, expresó el juez argentino Daniel Rafecas en entrevista con la diaria.