El tráfico de inmigrantes, el contrabando y la trata de personas (incluidas niñas) hacia Trinidad y Tobago se ha convertido en un fenómeno común en las costas del Caribe venezolano.
Parece ingenuo considerar que apelando exclusivamente a la responsabilidad y la reflexión se conseguirá el tipo de comportamiento que se pretende ante el coronavirus. Las campañas deberían tener en cuenta que las personas no son siempre racionales y responsables.
Las normas jurídicas internacionales que albergan las relaciones entre estados, o Estados y empresas transnacionales, presentan claroscuros que podrían cuestionar los medios necesarios para garantizar la seguridad humana.
Está demostrado que el pueblo sabe adaptarse con imaginación y es capaz de superar circunstancias excepcionales, y claro que lo son estos tiempos de pandemia y ofensiva restauradora.
Nos resulta sorprendente que se critique no sólo a parlamentarias de la oposición, sino también a las organizaciones de la sociedad civil y a los colectivos profesionales por juzgar la ética personal de una jerarca institucional.
Ya lejos quedaron las colchonetas de yoga y la oficina en Casavalle; hoy están los adeudos, los recortes y la falta de orientación e iniciativa para proponer.
El ciudadano común y medianamente ilustrado, sin suponer que todo funciona como está previsto en las normas, aprecia la independencia de nuestro Poder Judicial. Y este caso de la Operación Océano es un ejemplo destacado.