El diálogo social que involucra a gobiernos, empleadores y trabajadores es un instrumento clave para abordar esta crisis, pues permite adoptar estrategias concertadas
Se presagia una nueva era “marcada por una mayor frecuencia en la aparición de brotes de consecuencias nefastas y propagación potencialmente rápida, cada vez más difíciles de gestionar”.
Estamos preocupadas por las personas que siguen invisibilizadas por un sistema que llama a quedarse en casa cuando “la casa” muchas veces no existe, y otras veces, no es un lugar de protección, sino todo lo contrario.
En virtud del derecho humano a la salud de todos los habitantes del Uruguay, es una obligación jurídica del Estado adoptar las medidas inmediatas, necesarias y efectivas para prevenir la expansión del coronavirus.
La preocupación del gobierno debería ser, contrariamente, promover el diálogo y las vías de “escape” de esa tensión contenida por la incomunicación de quedarse en casa y de no escuchar lo distinto.
Basta imaginar un apartamentito céntrico sin ventanas a la calle para entender que palabras como hygge o nesting no son para todo el mundo. El confinamiento angustia y la incertidumbre aumenta la presión, y eso, me temo, no es aburrimiento.
La coordinadora de feminismos del Uruguay registró durante 2019 35 femicidios. En lo que va de 2020 han sido asesinadas cinco mujeres, cuatro en diez días durante el mes de marzo
El momento de probar en su máxima tensión el grado de integración del sistema se aproxima. La necesidad de recursos adicionales y de coordinación parte de una base instalada como punto de partida que es auspiciosa.