Sociedad

El incendio en la cárcel departamental de Rocha, que provocó el pasado jueves la muerte de 12 reclusos y lesiones en otros ocho, no es sino la faceta terriblemente visible de los problemas sistémicos de la estructura carcelaria uruguaya. Ayer familiares de los reclusos fallecidos y de los lesionados organizaron una marcha en la ciudad de Rocha, reclamando justicia. Lo mismo reivindicaron organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El primer acusado es el Estado uruguayo.

“Sueldos bajos” es una de las principales reivindicaciones efectuadas por los educadores, técnicos y profesionales de los más de 300 CAIF que funcionan en todo el país en convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Multiempleo y poca permanencia en los puestos de trabajo es el resultado de los sueldos devaluados; “Creemos que una atención educativa de calidad se garantiza -entre otras cosas- con una valoración de la tarea de quienes sostenemos día a día el funcionamiento de estos centros. Esta revalorización debe traducirse en los salarios que percibimos y en la formación permanente de todas las personas que trabajamos en los centros educativos de primera infancia”, cita una carta enviada el 7 de julio al presidente de la República, José Mujica.

Realizar propuestas para que en 2015 se cumplan las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue el tema que convocó al primer Parlamento Juvenil Internacional que sesionó en Montevideo la semana pasada. En la asamblea final, realizada el viernes en el Paraninfo de la Universidad de la República, los jóvenes votaron y objetaron propuestas de sus compañeros. Entre lo resuelto no hay nada nuevo, seguramente lo más fructífero está en el intercambio y en la oportunidad del ejercicio parlamentario.

El incendio de la madrugada de ayer en la cárcel departamental de Rocha deja nuevas y dolorosas evidencias de lo mal que funciona el sistema carcelario en nuestro país. Las necesidades y las urgencias de los más de 8.000 reclusos son cotidianas e impostergables, y es responsabilidad del Estado garantizar su bienestar. Sin embargo, los caminos para abordar la situación parecen moverse por carriles guiados por otros tiempos.

La semana pasada irrumpió en la agenda mediática la ocupación irregular de viviendas vacías del complejo habitacional CH 84 del barrio Casavalle, producto de la ausencia de vigilantes del servicio 222. A propósito del tema, la diaria dialogó con Carlos Mendive, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), unidad que administra éste y otros 400 complejos de la denominada “cartera social” que pertenecieron al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

Artesanos uruguayos trabajan para mejorar la calidad de los productos y para crear un sello, no de marca sino de identidad artesanal. Asimismo, buscan ampliar el mercado expandiéndose hacia el extranjero, lo que no resulta sencillo por la falta de un diseño autóctono.

El acceso a una vivienda digna, tema que está entre las principales políticas públicas que el presidente José Mujica piensa llevar adelante, fue el objetivo que siempre tuvo en mente un grupo de vecinos del asentamiento La Isla, en Tacuarembó, cuando decidieron organizarse y llevar adelante una intensa lucha. Hace unas semanas se firmó un convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la intendencia de ese departamento que abrió el camino para que la gente de La Isla pueda lograr lo que se propuso.

Cien jóvenes procedentes de doce países de América Latina, África y Europa se dan cita en Montevideo -desde ayer y hasta el próximo viernes- para realizar aportes que puedan conducir al cumplimiento de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se trata del primer Parlamento Juvenil Internacional, que es financiado por la Unión Europea y por el Instituto Goethe de Uruguay.

El pasado viernes, además de clasificar la selección uruguaya a las semifinales del Mundial de Sudáfrica, hubo avances importantes para destrabar el conflicto en el Hospital Italiano. En horas de la mañana asumieron los interventores designados por el Poder Ejecutivo para hacerse cargo del centro de salud por 60 días y definir el futuro institucional. Por la noche, los trabajadores levantaron la ocupación del Hospital, que llevaba 50 días. Ahora se inicia una nueva etapa con la expectativa de saldar largos años de malas gestiones.