El Poder Ejecutivo enviará la próxima semana al Parlamento un proyecto de ley integral para personas trans. Se trata de una iniciativa de 20 artículos, producto de más de un año de trabajo del Consejo Nacional Coordinador de Políticas de Diversidad Sexual, un cuerpo creado específicamente mediante un decreto en diciembre de 2015 y que reúne a todos los ministerios, al Congreso de Intendentes, a instituciones educativas como la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública, y a representantes de la sociedad civil.

“Declárese de interés general el diseño, promoción e implementación de acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, dirigidas a la población trans”, dice el primer artículo del proyecto, que reconoce que estas personas han sido “históricamente víctimas de la discriminación y la estigmatización”, al punto de ser perseguidas y encarceladas en la última dictadura.

El proyecto, cuyos lineamientos fueron adelantados el jueves en Búsqueda, establece la incorporación de la variable “identidad de género” en todos los sistemas oficiales de información estadística, y facilita el proceso para que cualquier persona pueda realizar su cambio de nombre y sexo. La normativa actual prevé que este trámite se realice ante los juzgados letrados de familia, pero el proyecto dispone que se haga ante la Dirección General del Registro de Estado Civil. En ella, se creará una Comisión de Cambio de Identidad de Género, que será la que lleve a cabo las entrevistas con los interesados en modificar su documentación. “Esta era una de las demandas más fuertes del movimiento. Si ves los datos actuales, menos de 30% de la población trans hizo el cambio, y cuando investigás por qué no lo hicieron, te das cuenta de que es por un sistema monetario. Además hay quienes no se sienten cómodos contándoles la historia de su vida a un juez”, explicó Federico Graña, director de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Uno de los puntos que seguramente generará más discusión en el Parlamento es la “prestación reparatoria” que la iniciativa prevé otorgarle a la población trans nacida antes de 1975, que “por causas relacionadas a su identidad de género fueron víctimas de violencia institucional o hayan sido privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad y/o disposición judicial”. La prestación equivale a tres Bases de Prestaciones y Contribuciones Mensuales: unos 10.833 pesos. El texto prevé la creación de una comisión especial que funcionará dentro del Consejo Nacional de Diversidad Sexual para dar cumplimiento a esto, con integrantes de los Ministerios de Desarrollo Social (Mides), Economía e Interior, del Banco de Previsión Social, más dos representantes de la sociedad civil. Según el censo de personas trans que realizó el Mides en 2016, hay 320 personas trans mayores de 41 años en Uruguay.

La iniciativa también establece que los organismos públicos, sean estatales o no, estarán obligados a destinar 1% de sus puestos de trabajo anualmente a personas trans. El mismo porcentaje regirá para los programas de capacitación del Instituto de Empleo y Formación Profesional. Por último, se establece que todas las personas mayores de 18 años podrán acceder a “intervenciones quirúrgicas totales y parciales”, o a “tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, de acuerdo a su identidad de género autopercibida”, sin necesitar autorización judicial o administrativa.