A diez años de la reforma de salud, el Ministerio de Salud Pública (MSP) convocó ayer a actores involucrados en el proceso a concluir sobre los avances y desafíos por delante, como cierre de una serie de jornadas de intercambio que se dio a lo largo de este año.

Los jubilados y pensionistas fueron los más críticos con el avance. La secretaria de prensa de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), Carmen Millán, dijo que de los tres grandes cambios que se propuso la reforma, de atención, financiamiento y gestión del sistema, sobre el primero “se hizo poco y nada”. “Los adultos mayores muchas veces vivimos la consulta con dificultad y salimos con mucha angustia. Y no sólo eso: es el ‘paseo’ más caro que tenemos, porque estamos sobremedicados y sobrestudiados, y es un lugar que no podemos eludir y donde dejamos gran parte de nuestros ingresos” afirmó.

Al respecto, la decana de Facultad de Química, María Torre, opinó que si más químicos farmacéuticos se especializaran en atención farmacéutica “estos problemas desaparecerían”, y, por su parte, la directora técnica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Amparo Paulós, sostuvo que la conformación de equipos básicos en territorios “contenedores de las necesidades de las poblaciones que tienen a cargo” mejoraría el modelo de atención.

La representante de los jubilados reclamó trabajar en la reducción de los copagos y de los tiempos de espera –“es natural, tenemos menos tiempo”– y que se integre a la ONAJPU en los directorios de los organismos que integran el sistema.

También en términos de inclusión, Leda Ballesteros, en representación de los funcionarios de la salud privada, consideró que si bien los avances fueron “sustanciales” no fueron “suficientes”, en relación a que “hay un núcleo duro y crítico de pobreza que no tiene acceso a la salud”, por lo que afirmó que “son necesarias políticas” que los integren sin condición.

En otro orden, Ballesteros propuso trabajar en pautas de regulación salarial, “médicas y no médicas”, y, en la misma línea, el presidente de la Federación Médica del Interior, Gustavo Fernández, propuso “abatir la brecha de salario” entre Montevideo y el interior, mientras que el decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina, se comprometió a “seguir apoyando la construcción del observatorio de recursos humanos”.

Otro de los puntos de consenso entre los distintos actores –aunque con distintos móviles– fue el la de necesidad de fomentar la formación profesional. La decana de la Facultad de Enfermería, Mercedes Pérez, reconoció un “problema grave de falta de profesionales, en particular en el interior”, algo con lo que coincidió su par de Medicina, quien se comprometió a “completar la carrera en el interior, sobre todo al norte de Río Negro”, y propuso también “instaurar la recertificación” como modo de asegurar la formación permanente.

También el presidente del Sindicato Médico, Gustavo Grecco, hizo hincapié en el desfasaje entre la mitad ‘norte’ del país y la ‘sur’, donde dijo que se ubica 93% de los especialistas médicos. Aun así, Grecco sostuvo que el problema de falta de recursos humanos “no es de cantidad sino de calidad”. “Cuando pedimos por condiciones de trabajo, no es sólo salario y horario, sino también poder ser asistido correctamente por un profesional”, explicó.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, contó que para el “período que comienza”, el “centro de la calidad de atención” va a estar vinculado a la seguridad del paciente, lo que implicará trabajar en “microgestión”, tal como “se hace en el resto”. Dijo que se va a detener especialmente en la mala praxis, pero que el enfoque va a ser “de carácter estructural y no punitivo”, y el presidente de la Federación de Prestadores Médicos del Interior, Carlos Cardoso dijo que para avanzar sobre este tema es necesaria una legislación.