Hay acuerdo en que un pilar central para sostener una política proactiva de ciencia, tecnología e innovación (CTI) son los recursos humanos con los que se cuenta. Para ponderar esas capacidades se consideran indicadores del sistema educativo en general y de la educación terciaria en particular, así como el número y la calidad de los investigadores actuantes en un país.

En línea con eso, el cuarto objetivo del primer plan estratégico en CTI planteaba, de modo amplio: “disponer de recursos humanos adecuadamente formados y capacitados para atender las exigencias de la construcción de una sociedad del conocimiento” y dentro del primer macro-objetivo –dirigido a “consolidar el sistema de Investigación y Desarrollo y su vinculación con las realidades productivas y sociales”– se postulaba “alcanzar una masa crítica investigadora en las áreas de mayor relevancia para el desarrollo del país a corto, mediano y largo plazo” y “disponer de posgraduados de excelencia en todas las áreas críticas”. Luego de cierto tiempo, veamos qué ha sucedido al respecto.

Más investigadores, mejor formados, más productivos

En 2008 se concretó el largamente reivindicado sistema nacional de investigadores que, bajo la órbita de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, los categoriza, evalúa periódicamente e incentiva económicamente. Cualquier individuo puede aspirar a integrarlo, con independencia de su inserción institucional o del área científico-tecnológica de especialización. La candidatura es evaluada rigurosamente por pares, teniendo en cuenta nivel académico alcanzado, producción científica reciente y formación de nuevos recursos humanos avanzados (posgraduados). El ingreso no significa automática permanencia. Esta se logra tras periódicas evaluaciones. Es un sistema perfeccionable pero suficientemente garantista. Los currículos de los aspirantes se cuelgan en la web, el de los ingresados permanece y debe ser actualizado, y alrededor de 10% de los reevaluados no logra la renovación. Ya se han realizado diez convocatorias y puede considerarse un muy buen indicador de cómo ha evolucionado el “núcleo duro” de los recursos humanos nacionales altamente calificados. De los currículos, es posible extraer otras valiosas informaciones, como la productividad, la evolución académica y las agendas de investigación. Existen, además, situaciones de no integrantes de ese exigente sistema que deberían tenerse en cuenta, pues, aunque sea a tiempo parcial, contribuyen efectivamente a la investigación. En estos casos se utiliza el concepto de “equivalente a jornada completa” (EJC), de modo de poder considerar la contribución parcial de ciertos docentes o profesionales.

Del análisis de la evolución de esos dos indicadores, se constata: 1) la cantidad de investigadores categorizados en el sistema se ha incrementado año tras año: la de los activos en el país en 2017 (1.533) fue 52% mayor que la registrada tras la primera convocatoria de 2008 (1.011); 2) si, además de los categorizados en el sistema, consideramos las situaciones de contribución parcial, los investigadores EJC llegaron en 2016 a 2.222, pues hay unas 1.000 personas más que realizan tareas parciales de investigación; 3) ese crecimiento cuantitativo ha sido también cualitativo, ya que el número de investigadores que tienen un doctorado pasó de 36% a 60%; 4) asociado con esos cambios cuantitativos y cualitativos, se puede sostener que la producción científica de dichos investigadores se ha estado incrementando –colectiva e individualmente–, como lo documentan las bases bibliográficas internacionales.

Las cifras son claras. Respecto de nosotros mismos, se ha avanzado fuertemente como resultado del despliegue de un conjunto de instrumentos. Pero ¿eso es mucho o poco? ¿Cómo estamos en términos internacionales? Para compararnos, debemos considerar la población total: nos da un índice de 670 investigadores EJC por millón de habitantes. Respecto de los países de altos ingresos es un valor bajo: el promedio en ellos es casi seis veces mayor. Sin embargo, respecto de los países con ingresos medio-altos, como el nuestro, el valor está sólo algo por debajo, pues los otros promedian los 800 investigadores por millón. Se está caminando y es necesario continuar con el esfuerzo.

¿Y el futuro de los nuevos?

Pero hay un aspecto que nos debería llamar al análisis. Es el sesgo disciplinario de nuestra comunidad científica, que sigue mostrando similar distribución por áreas que hace diez años: mayores porcentajes de investigadores categorizados en ciencias exactas y naturales (37%) y ciencias sociales (22%) que en ingeniería y tecnologías (10%) y ciencias agrarias (11%). De por sí, eso no es cuestionable y era hasta previsible. Si no se promueven políticas de formación de nuevos recursos humanos más focalizadas, las capacidades humanas instaladas reproducen capital humano con igual sesgo disciplinario y, seguramente, similar agenda de investigación.

Dado que las capacidades humanas originales no derivaron de una política explícita, sino de múltiples –y hasta azarosos– factores externos o personales, nuestro presente –y probablemente nuestro futuro– sigue estando marcado por ese histórico. Se señala que antes exportábamos graduados universitarios y ahora, luego del gran esfuerzo realizado, estamos comenzando a exportar posgraduados, pues estos no encuentran nichos para insertarse. Eso sí es preocupante. Deberíamos, por tanto, evaluar y considerar con mayor profundidad vías y programas para la formación de nuestros nuevos investigadores. Formar para la inserción, no para la frustración. Por ejemplo, teniendo en cuenta, ya en fases formativas iniciales, que las temáticas de las tesis de posgrado sean un puente para la potencial inserción laboral del investigador en ámbitos privados, públicos o académicos. Esto podría lograrse –es sólo una propuesta– si se jerarquizan y fortalecen financieramente los llamados fondos sectoriales –y las agendas de investigación derivadas– y se los relaciona con la formación de nuevas capacidades humanas. Obviamente, esos fondos y agendas deberían ser parte de un adecuado análisis de las actuales demandas productivas y sociales, y de estudios prospectivos respecto del país que queremos. Insistamos; es necesario un proceso interactuado, de análisis, crítica y propuesta, para relanzar la política de CTI, que tenga como base lo ya logrado y adecue objetivos e instrumentos a una nueva realidad.