Una de las últimas polémicas de 2017 en el Poder Ejecutivo fue la aprobación de la ley para resolver la situación de los cincuentones; los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, tenían visiones encontradas sobre el costo que implicaba la ley. Pero finalmente hubo acuerdo, y el 20 de diciembre el Parlamento aprobó el proyecto, que entra en vigencia el 1º de abril. Para ese día, según establece la norma, debe estar lista la reglamentación de la ley. También debe estar en elaboración un cronograma que establecerá los montos máximos de comisión que podrán cobrar las AFAP en los próximos dos años.

El miércoles el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, lo planteó en la sesión del directorio de este ente, ya que faltan menos de 20 días para que se cumpla el plazo. La urgencia, señala Ruiz, tiene que ver con que a partir del 2 de mayo el BPS comenzará a implementar la ley, es decir, a asesorar a los involucrados en la conveniencia o no de abandonar el régimen mixto, y estos tendrán 90 días para tomar la decisión. De hecho, el BPS ya habilitó en su sitio web o en el teléfono gratuito 0800-5060 la posibilidad de que las personas puedan consultar si están comprendidas en la ley, y desde el 1º de abril comenzará a agendar a quienes deseen recibir asesoramiento formal.

“Sabemos que está bastante avanzada la elaboración del decreto reglamentario, y estamos planteando a nivel del Ministerio de Trabajo algunas dudas, para que se tengan en cuenta algunas preocupaciones nuestras”, explicó Ruiz a la diaria. Por ejemplo, mencionó que no está claro si todos los jubilados están comprendidos en la ley: “La ley dice ‘jubilados’, no dice si por imposibilidad física o por jubilación común”.

Por otra parte, para poder asesorar a las personas el BPS tiene que simular la proyección de jubilación que tendrían con uno y otro régimen, para lo que se requiere un estimado de la rentabilidad que tienen las AFAP, número que no está claro cómo se va a determinar. El dato es importante porque será la base para que los involucrados decidan o no abandonar el régimen mixto. Murro, por su parte, informó que en el ministerio se está trabajando en la reglamentación y que falta poco para que se apruebe.

El otro aspecto que reclama Ruiz es que el Banco Central del Uruguay (BCU) establezca un cronograma para pautar la disminución de las comisiones que cobran las AFAP, ya que la ley introdujo topes al respecto: en ningún caso la comisión de una AFAP puede ser mayor a 50% de la comisión menor registrada en el trimestre anterior. En los hechos, las comisiones que cobran las AFAP oscilan entre 5% y 15% del aporte mensual, y es República AFAP la que cobra la menor comisión. La ley establece un plazo de dos años para que las AFAP cumplan con el tope establecido, y encomienda al BCU a establecer un cronograma, que se publicará antes de cumplirse los 90 días luego de la entrada en vigencia de la ley. Si bien todavía falta para que se cumpla el plazo, Ruiz considera “bastante difícil de entender que las AFAP sigan cobrando lo mismo y todavía no se hayan bajado las comisiones”. Según el director del BPS, la rebaja “no se puede hacer de una sola vez, pero gradualmente se podría hacer en estos 24 meses. Mientras ese cronograma no aparezca, los que están en esas tres AFAP [Sura, Integración y Unión Capital] están pagando prácticamente el triple de lo que pagan en República AFAP”. Ruiz recordó, además, que “todos los actores que intervinieron en esta ley coincidieron en que es un disparate lo que cobran las AFAP”.