A Luis Lacalle Pou le falta definir quiénes ocuparán una gran cantidad de cargos en su gobierno, y los criterios que anunció esta semana reactivan viejas discusiones.

Muchos de los organismos que aún no sabemos en qué manos quedarán son los que en Uruguay se llaman “entes autónomos y servicios descentralizados” (“la administración descentralizada”). Esa denominación indica sólo una parte de sus características: no dependen directa y totalmente del gobierno nacional, pero la designación y destitución de sus autoridades le corresponde al sistema de partidos. Sus cometidos son muy diversos, y no se trata siempre de “empresas públicas”. Hay quienes conciben incluso a la educación como una actividad empresarial, pero la Fiscalía General de la Nación es –al igual que Antel– un servicio descentralizado.

En todo caso, es evidente que tales cometidos no consisten, como en el sector privado, en lograr beneficios económicos para los propietarios (en este caso, para el Estado), sino que se ubican en el marco de políticas públicas decididas por los gobiernos. Estas políticas públicas, por lo general, incluyen actividades no lucrativas o incluso deficitarias, y otras que buscan mejorar las condiciones de vida de la población, fortalecer la soberanía nacional en áreas estratégicas, contribuir al desarrollo o incidir sobre variables macroeconómicas. Nada de esto es indebido, pero es preciso que las reglas de juego estén claras, que haya exigencias de calidad y de transparencia, y que los mecanismos de control funcionen.

Los requisitos para conducir estos organismos también son muchos y diversos. Por ejemplo, sería terrible designar para el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado a personas sin conocimientos sobre los servicios de salud, pero una eminencia médica no tiene por qué saber administrar una vasta red de centros asistenciales con una multitud de funcionarios. Tampoco basta con la comprensión de las cuestiones “técnicas” y la experiencia, ya que se trata de llevar adelante una política de salud, en sintonía con las autoridades nacionales.

La Constitución establece que cuando el Poder Ejecutivo pide el aval del Senado para designar a jerarcas de la administración descentralizada, debe proponer a personas con fundadas “condiciones personales, funcionales y técnicas”. Pero todos sabemos que en gobiernos colorados, nacionalistas y frenteamplistas se nombró a personas que dejaban mucho que desear en alguno de estos aspectos, o en todos.

También ha sido frecuente que estos cargos se usen como “premio consuelo” para dirigentes que no lograron entrar al Parlamento, o que buscan un lugar de alta visibilidad para avanzar en su carrera política. Esto contribuyó, entre otras cosas, a que creciera el poder de gerentes y mandos medios cuyos intereses no estaban necesariamente alineados con los del gobierno de turno, y a veces tampoco con los del país.

El criterio de asignación de lugares que maneja Lacalle Pou (y que otros aplicaron antes), en función de los votos obtenidos por cada partido o sector, implica riesgos importantes de que las malas prácticas persistan, en un terreno en el que realmente estaría bueno cambiar.