Cuando los actuales gobernantes eran opositores, muchos de ellos culpaban al Estado de solventar gastos excesivos con una carga fiscal asfixiante para “el país productivo”. Sostenían, asimismo, que a los impuestos propiamente dichos se les sumaba el uso de las empresas públicas con fines de recaudación, mediante aumentos de tarifas que no correspondían al costo de los servicios y las necesidades de inversión, sino que apuntaban a extraer recursos para Rentas Generales, “metiéndole la mano en el bolsillo a la gente” para paliar el déficit.

En ese marco, Luis Lacalle Pou prometió que les pondría fin a los incrementos tarifarios y que lograría equilibrar las cuentas públicas con el establecimiento de una “regla fiscal” –apoyado por toda la “coalición multicolor”– y la eliminación del “despilfarro” estatal, para disminuir luego la carga soportada por la sociedad. Todo vuelve.

En julio del año pasado, el Poder Ejecutivo que encabezaba Tabaré Vázquez aseguró que no habría aumentos de tarifas en lo que quedaba de 2019, y probablemente hasta el final del período de gobierno. Así fue, pero ahora el gobierno de Lacalle Pou sostiene que debió haberse dispuesto un incremento en diciembre, y que no tiene más remedio que incumplir sus promesas. De todos modos, intentó que la responsabilidad fuera asumida, al menos en parte, por las actuales autoridades de las empresas públicas, designadas cuando gobernaba el Frente Amplio.

Antes, los partidos que respaldan a Lacalle Pou les llamaban “voracidad recaudatoria” a las transferencias desde las empresas públicas a Rentas Generales. Quizá digan ahora que lo hacen a disgusto.

Hay otra dimensión de este asunto que ha pasado inadvertida: hasta hace unos días, el nuevo gobierno alegaba que los aumentos debían cubrir el crecimiento de costos en las empresas públicas, pero esta semana el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, les indicó a las autoridades de Antel que, para prever sus egresos de 2020, no sólo debían tener en cuenta los gastos operativos, sino también la realización de un aporte a Rentas Generales equivalente al promedio de los últimos tres años, ajustado por inflación. Esto no lo divulgó la oposición frenteamplista, sino Gustavo Delgado, actual representante del Partido Nacional en el directorio de Antel, y pone en evidencia que, al menos por este año, el Poder Ejecutivo mantendrá la práctica que tanto les criticó a sus antecesores, con aumentos de tarifas calculados para cubrir otros gastos. Antes, los partidos que respaldan a Lacalle Pou le llamaban a eso “voracidad recaudatoria”: quizá digan ahora que lo hacen a disgusto, obligados por una “herencia maldita”.

Este curso de acción ya enfrenta resistencias que no vienen de “progresistas”: el ministro colorado de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, pidió una postergación del aumento de tarifas hasta que terminen las cosechas de arroz y soja; y el movimiento Un Solo Uruguay expresó su oposición a ese incremento, reclamando en cambio una rebaja en el precio del gasoil y alegando que los empresarios privados ya no quieren “seguir trabajando para un Estado enorme e ineficiente”.

Lacalle Pou aún no cumplió una semana en la presidencia de la República, y ya es claro que no le será fácil sostener su relato preelectoral.