Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Ayer hubo un inusual registro de 28 nuevos casos de covid-19, que en una pequeña parte corresponden al brote en un asentamiento montevideano, y en mayor medida se relacionan con los de departamentos fronterizos. El total de casos activos aumentó a 226, aún por debajo del pico anterior en los primeros días de este mes. En suma, no hay por el momento grandes motivos de alarma, pero sí un recordatorio de que, para que se mantenga la situación relativamente privilegiada de Uruguay, “nada tenemos que esperar si no es de nosotros mismos”.

Mientras tanto, algunas noticias en el terreno político plantean riesgos más graves para el país que los vinculados con la emergencia sanitaria. En el Senado, con votos del oficialismo, se aprobó el proyecto que disminuye las exigencias para obtener residencia fiscal. Los legisladores de la coalición de gobierno alegaron que es una herramienta para atraer inversiones y crear fuentes de trabajo, pero la oposición frenteamplista señaló que la aprobación de esta iniciativa, que pasa ahora a la Cámara de Representantes, puede crearle dificultades a Uruguay en organismos internacionales. No hace falta ser muy desconfiado para sospechar, por lo menos, que su objetivo es tentar a quienes deseen evadir impuestos en sus propios países.

A su vez, organizaciones sociales expresaron su preocupación por el documento interno del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que publicamos la semana pasada, en el que se maneja la perspectiva de una “desaparición progresiva” del programa de Asistentes Personales del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Esta perspectiva no sólo implica una pérdida de derechos reconocidos en la ley vigente, que recién estaban comenzando a ser ejercidos; afecta, además, a miles de trabajadores cuya tarea siempre fue importante y ganó relevancia en el marco de la actual crisis (que es, también, una crisis de cuidados).

Por lo menos, no fue designado en un cargo del Mides (aunque sí como subdirector de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) el coronel retirado Herbert Pintos Chucarro, integrante de Cabildo Abierto (CA). Pintos ha expresado en Facebook una visión del mundo y de las políticas sociales que no es infrecuente en ese contexto, pero que parece bastante inadecuada para alguien que tenga responsabilidades de gobierno.

Y ya que hablamos de CA, es pertinente señalar que la Federación Médica del Interior emitió un durísimo comunicado sobre las “nefastas y falsas” declaraciones del militar retirado Alberto Loitey, candidato a la Intendencia de Soriano por el partido de Guido Manini Ríos. Loitey sostuvo que el médico Vladimir Roslik, cuyo asesinato debido a torturas reconoció incluso la Justicia Militar, “murió por un paro cardíaco, como muere cualquiera”.

Por suerte, el Senado aprobó ayer por unanimidad una declaración en la que “expresa su más profundo rechazo a toda conducta violenta así como a todo acto de intolerancia”, y “reafirma que la convivencia pacífica y el respeto a las ideas es el fundamento de nuestro sistema democrático”.

Hasta mañana.