Opinión

Las normas jurídicas internacionales que albergan las relaciones entre estados, o Estados y empresas transnacionales, presentan claroscuros que podrían cuestionar los medios necesarios para garantizar la seguridad humana.

Está demostrado que el pueblo sabe adaptarse con imaginación y es capaz de superar circunstancias excepcionales, y claro que lo son estos tiempos de pandemia y ofensiva restauradora.

Nos resulta sorprendente que se critique no sólo a parlamentarias de la oposición, sino también a las organizaciones de la sociedad civil y a los colectivos profesionales por juzgar la ética personal de una jerarca institucional.

Ya lejos quedaron las colchonetas de yoga y la oficina en Casavalle; hoy están los adeudos, los recortes y la falta de orientación e iniciativa para proponer.

El ciudadano común y medianamente ilustrado, sin suponer que todo funciona como está previsto en las normas, aprecia la independencia de nuestro Poder Judicial. Y este caso de la Operación Océano es un ejemplo destacado.

El MEC tiene mayoría en el Consejo Consultivo, designa a los evaluadores y todavía tiene poder de veto. Es decir, tendrán carácter universitario aquellas carreras que el ministerio entienda pertinente.

Se pueden construir centros coordinadores locales de emergencia con la convocatoria a todos los actores institucionales a nivel local que potencien las fuerzas de la comunidad que ya existen.

Se debería contemplar proporcionar ingresos para la sobrevivencia y hacer más abarcativa la condición republicana para todas las personas en nuestro territorio, consolidando una Renta Básica de Emergencia.

Es imprescindible imaginar y proyectar el después del referéndum contra la LUC. Y también es urgente ampliar la coordinación y las acciones para detener el ajuste y el avance conservador represivo.

El discurso del ministro de Ambiente dice priorizar el agua, pero en los hechos, en las distintas direcciones del ministerio, OSE e Inumet se recortan inversiones, gastos y recursos humanos.