Empresa conflictiva como pocas, Uber suma otro poroto en su batalla legal alrededor del globo. En este caso, no hablamos de Chile, Argentina o Uruguay: la Transport for London (TfL) le negó la renovación de la licencia en la ciudad de Londres, alegando que los operadores privados deben atenerse a normas rigurosas y demostrar que cumplen con ellas. “La conducta de Uber demuestra una falta de responsabilidad corporativa en relación con una variedad de asuntos que tienen potenciales implicaciones sobre la seguridad pública” afirma TfL en su comunicado oficial. Entre los asuntos, se menciona su enfoque a la hora de reportar actos delictivos y su conducta frente a cómo se consiguen los certificados médicos.

En Twitter, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, escribió una columna en The Guardian mostrando su apoyo ante la decisión del organismo: “Todos los operadores privados en Londres necesitan jugar bajo las mismas reglas. La seguridad de los londinenses tiene que estar primero”, afirmó. “Sabemos que es posible combinar la tecnología innovadora en estos terrenos, mientras cumplan con los estándares necesarios de seguridad. No sería correcto que se hagan excepciones” dijo el alcalde.

La otra versión es la de Tom Elvidge, director general de Uber en Londres, que dijo que “al querer prohibir nuestra aplicación, Transport for London y el alcalde de la capital han cedido a un pequeño número de personas que quieren restringir las opciones al consumidor. Si la decisión se mantiene, dejará a más de 40.000 conductores sin trabajo y privará a los londinenses de una forma conveniente y cómoda de transporte”. Lo interesante de sus declaraciones no es el contenido en sí, sino el medio elegido para comunicarlo: la estrategia adoptada por la empresa, a modo de apelar a las personas directamente, fue utilizar el famoso sitio web change.org, en el que la gente firma peticiones que buscan generar cambios de cualquier tipo.

Uber obtuvo la licencia para operar en Londres en 2012 y esta expira el 30 de setiembre; la decisión de TfL tendrá efecto a partir del 1° de octubre. La empresa estadounidense tiene 21 días para apelar esta decisión, y Elvidge aseguró que lo hará inmediatamente.