¿Cuáles son las características de la política cultural durante este gobierno? Entre lo que puede percibirse a nivel popular –la promoción presidencial del rugby y fenómenos asociados, la implantación de Sergio Puglia como referente del principal partido gobernante en el rubro, el refuerzo de fiestas tradicionales– y acciones públicas que merecen atención académica, se pueden distinguir algunas líneas materiales y simbólicas que marcan orientaciones de esta administración.

Con los medios

El apoyo a las empresas privadas de televisión ha sido constante y contundente. La inclusión en el proyecto de ley de financiación de partidos políticos de una cláusula que retribuye a los canales privados por la propaganda electoral que no les cobran a los partidos es sólo la penúltima de las medidas del oficialismo a favor de los “dueños de los canales”, a quienes se trata como propietarios de frecuencias que en realidad son públicas. Este año, para más datos, se los volvió a exonerar, junto a los propietarios de emisoras de radio, del pago anual por el uso del espectro radioeléctrico, con lo que el Estado resignó 2.500.000 dólares en 2023.

La última de las medidas a favor de los canales privados está en trámite parlamentario: una nueva ley de medios que, entre otras cosas, baja las barreras existentes a la concentración en pocas manos de esas ondas públicas de radio y TV, a la vez que se desentiende del origen de los grupos económicos que las controlan.

Hacia fin de año, además, hubo otra buena noticia para los canales comerciales: el gobierno decidió exonerar de aportes patronales no sólo a diarios y semanarios, que lo venían reclamando desde hace muchos años, sino a todas las empresas de comunicación, más allá de su situación financiera.

Antel, por su parte, es la empresa pública que más sacrificios ha realizado en esta línea. Por una parte, ahora cede potestades (y, en algunos casos, infraestructura) para que los propietarios de empresas de cable se reconviertan en distribuidores de banda ancha. Por otra parte, el ente estatal adquirió los derechos de retransmisión de las señales de los canales 4, 10 y 12, por los que debe desembolsar 3.690.000 dólares anuales, independientemente del uso efectivo que tenga el servicio por parte de los usuarios de Vera TV. Para tener una idea, el presupuesto utilizado por el Secan (radio y televisión públicas) en 2022 fue de algo más de 13.000.000 de dólares.

Migración a lo industrial

Los canales privados, además, se quedaron con el total de los dos millones de dólares que reparte el Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Sustentable (Fapans), con el que tradicionalmente se subsidiaba a realizaciones nacionales costosas. La particularidad fue que este año se modificaron las bases del llamado para permitir que se acogieran al beneficio producciones basadas en formatos extranjeros. Así, los montos más sustanciosos terminaron en programas de entretenimiento como ¿Quién es la Máscara?, Bake Off y La Voz Uruguay.

El Fapans funciona en la órbita del Ministerio de Industria (MIEM), a donde tienden a migrar algunos proyectos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Es allí, por ejemplo, donde se dirimirá la regulación del reparto de derechos de autor que tuvo como antagonistas visibles a Spotify y la Sociedad de Intérpretes, y hacia allí se movió el antiguo Instituto del Cine y el Audiovisual Nacional, ahora reformulado como Agencia de Cine y Audiovisual, que funciona como empresa pública no estatal y cuenta con representantes del MIEM en su directorio.

Son movimientos que intensifican la interpretación economicista de la consigna “la cultura da trabajo”, que impera desde hace unas cuantas administraciones como justificación para los apoyos al arte y aledaños, pero no son los únicos cambios institucionales de los últimos años.

En este sentido, quizás el más significativo sea la reabsorción presupuestal y programática de los Centros MEC por parte de la Dirección Nacional de Cultura. De 127 Centros MEC se pasó a 60 Centros Nacionales de Cultura, que llevan adelante una política de “no interferencia” con las intendencias departamentales. Más allá de lo presupuestal, esta retirada parcial es una manifestación del complicado balance que el herrerismo debe mantener entre su visión del Estado a nivel nacional (en la que dominan el achique y la desconfianza) y a nivel departamental (donde el manejo de fondos públicos es clave para mantener el poder territorial).

Histeria ideológica

En otro espacio, más reservado y de peso mayormente simbólico, habría que mencionar las intervenciones del titular del MEC, Pablo da Silveira, cuyas opiniones en el campo de la educación suelen levantar más polvareda que en el de la cultura. Autodefinido como “intelectual no gramsciano”, es, en este terreno, quien más abiertamente ha buscado confrontar con la izquierda desde su posición de poder.

La remoción, covid mediante, de Mario Benedetti e Idea Vilariño como figuras a homenajear en el Día del Patrimonio en el primer año del actual gobierno fue indicadora de esta dirección. La reivindicación de figuras de pensamiento conservador, como José Enrique Rodó, Julio C Da Rosa y, especialmente, Emir Rodríguez Monegal –con cuyo nombre se bautizó la revista cultural que edita el MEC– han sido una constante de la administración de Da Silveira, quien ha buscado, con poco éxito, polemizar acerca de la relación entre cultura y política.

Sí consiguió respuesta cuando, refiriéndose a los constantes apoyos solicitados por el teatro independiente, dijo: “no estamos a favor de financiar una institución simplemente porque exista”, en alusión a El Galpón, un colectivo teatral que reivindica su historia como foco de resistencia y como víctima de la dictadura.

La mayoría de sus opiniones, en cambio, no han provocado demasiada inquietud, como cuando se le otorgó la Medalla Delmira Agustini a Graciela Figueroa, Elvio Gandolfo y Roberto Jones, y Da Silveira resaltó su “libertad y autenticidad”, “cosas importantes en una época de demasiada obediencia, donde la corrección nos encorseta”.

En el voluminoso homenaje que le tributó a Rodríguez Monegal la revista de la Biblioteca Nacional, donde una porción atendible de los artículos está dedicada a relativizar la naturaleza de la colaboración del crítico con los servicios de inteligencia estadounidenses, Da Silveira calificó a la década de 1960 como “una época de histeria ideológica” y se refirió a “la intolerancia y el ensañamiento del ambiente cultural uruguayo” de entonces.

El “caso Padilla”, que remarcó el giro soviético en la política cultural cubana y dividió a la izquierda en su apoyo a Fidel Castro, ha sido otro de los temas recurrentes de Da Silveira, quien en 2021 organizó una mesa de debate en torno al tema (con la presencia del hijo de Rodríguez Monegal, además). Ocurrido en 1971, el episodio cubano forma parte de las discusiones sobre las vías de acceso al gobierno que caracterizaron a aquella “época de histeria ideológica”. A más de 50 años, la obsesión que sigue provocando permite darle nuevo sentido al calificativo sesentista, hasta ahora aplicado exclusivamente a veteranos partidarios de la toma revolucionaria del poder.