En un doble paso, Mauricio Macri volvió a los tribunales por sospechas de espionaje ilegal y a protagonizar la primera línea de la política argentina. Al cabo de un año y medio de movimientos públicos que denotaban cierta desorientación, la impactante debacle del peronismo en las primarias de setiembre ratificó que Macri, si quisiera, podría al menos anotarse en la pelea por la presidencia en 2023. La disputa –real o ficticia– entre “halcones” y “palomas” de Juntos por el Cambio deberá saldarse. Por ahora, el exmandatario no confirma ni desmiente un plan por el estilo, aunque su renovado protagonismo brinda una pauta y delimita una estrategia que incluye sumar al barco a la derecha extrema de Javier Milei.

Un juez federal de Dolores, interior de la provincia de Buenos Aires, citó a Macri para interrogarlo el 28 de octubre como indagado por sospechas de espionaje ilegal. El expresidente, que maneja una agenda internacional entre un cargo en la FIFA, sus negocios y sus encuentros con la derecha continental, dilató todo lo que pudo esa audiencia, que se enmarca en la causa por espionaje a familiares de las 44 personas que murieron a bordo del submarino ARA San Juan, hundido en el Atlántico en 2017. Por un detalle formal, que el abogado de Macri y la prensa amiga calificaron de “papelón”, el juez Martín Bava debió postergar la indagatoria para el miércoles pasado. El exmandatario regresó a Dolores y presentó un escrito en el que acusó al magistrado de “parcial” y de montar un “simulacro”. Tras un breve trámite, aprovechó la tarde para jugar al golf en la pampa bonaerense.

No es fortuito que la primera causa que llevó al expresidente a ser indagado tras dejar la Casa Rosada haya sido una imputación por espionaje ilegal, pese a que expedientes que involucran negocios por millones de dólares de su familia y exsocios se acumulan, a desgano, en varios juzgados.

La acusación radicada en Dolores sostiene que espías que actuaron bajo el gobierno de Macri hicieron seguimientos, fotografiaron y armaron fichas de los familiares de los tripulantes entre diciembre de 2017 y fines de 2018. Los espías se inmiscuyeron en reuniones de los familiares, participaron subrepticiamente en misas y escudriñaron sobre la vida privada de esposas de los tripulantes con el supuesto objeto de anticipar al presidente qué tipo de reclamos le harían en encuentros pautados u ocasionales. Los expedientes fueron hallados en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) una vez que asumió Alberto Fernández.

Macri convive con denuncias de inteligencia ilegal desde que comenzó a ocupar cargos ejecutivos. La primera gran causa surgió en 2009, durante su primer mandato como jefe de Gobierno de Buenos Aires. En el marco de la creación de la Policía Metropolitana, agentes apuntaron a familiares de víctimas de la AMIA, sindicalistas, políticos y hasta la pareja de Sandra, una hermana de Macri. Jerarcas de la Metropolitana fueron a prisión y el jefe de Gobierno resultó procesado, hasta que un juez federal lo sobreseyó la misma semana en que asumió la presidencia, en diciembre de 2015.

Super Mario y la vigilancia

Esa trama pareció apenas un anticipo de otra de una dimensión mucho mayor que se desarrolló bajo su presidencia. Al asumir, Macri eligió para el cargo de jefe de la AFI a Gustavo Arribas, un oscuro empresario de la compraventa de jugadores. El propio Macri explicó en 2017 las razones por las que había convocado a Arribas, entrevistado para un libro en su honor. “De todos mis amigos, ¿cuál era el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas?”.

Arribas hizo lo suyo. En 2019 salió a la luz una red de espionaje paralelo que puso en el blanco a Cristina Kirchner, otros dirigentes opositores, sindicalistas, jueces, referentes eclesiásticos, periodistas, empresarios, pero también a aliados y funcionarios del propio gobierno que no formaban parte del círculo más íntimo del presidente. Coincidentemente, otra hermana del presidente, Florencia, y su pareja aparecieron entre los monitoreados. Otro cuñado indeseado.

Intercambios de Whatsapp de decenas de espías agrupados bajo la etiqueta “Super Mario Bros” aparecieron en celulares incautados. La ruta de los mensajes reveló que el espionaje era reportado a superiores de la AFI y a funcionarios de la Casa Rosada. Uno de los receptores, que maniobra en tribunales con todo el poder con el que cuenta, sería Darío Nieto, un secretario privado que lleva los papeles de Macri.

Causas conexas dieron cuenta de que también eran espiados exfuncionarios kirchneristas detenidos en prisiones federales, sus abogados y sus familiares. La red parece tener un horizonte desconocido. Arribas, Macri y Nieto lograron concentrar la causa en los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires, en los que operadores del macrismo tejieron vínculos sólidos, empezando por Fabián Pepín Rodríguez Simón, quien aguarda en Uruguay la definición sobre su pedido de asilo por parte de la jueza Adriana Chamsarián.

Un grupo de 24 expresidentes conservadores, incluidos José María Aznar, Vicente Fox, Álvaro Uribe, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, se precipitó a criticar la semana pasada la “intempestiva indagatoria” de Macri y denunció la intención “electoral” del juez Bava. El colombiano Uribe enfrenta cargos de espionaje ilegal en su propio país.

Como si nada

Macri, así como las “palomas” Horacio Rodríguez Larreta (actual jefe de Gobierno porteño y probable candidato a la presidencia) y María Eugenia Vidal (exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, primera candidata a diputada por la ciudad y presidenciable) –ambos espiados por los “Super Mario Bros”–, se benefician de una particularidad poco habitual en democracia: desconocen lo que es un abordaje periodístico crítico de los medios predominantes.

Con frecuencia estos dirigentes, al ser entrevistados, se ven abrumados por prolegómenos elogiosos o denostaciones a sus adversarios. Los pocos cuestionamientos hacia los dirigentes de la coalición Juntos por el Cambio en los principales multimedios –Clarín y La Nación, pero no sólo ellos– parecen reproches de aliados que apuntan a falencias en la estrategia o a aspectos ornamentales.

Así, la convocatoria a declaración indagatoria del expresidente por parte del juez de Dolores fue tachada lisa y llanamente de un ardid político de “un juez K” por los medios más influyentes. No bien se anunció la citación, el diario La Nación puso en la picota a Bava y Clarín recuperó, súbitamente, la palabra “presunto” para aludir en sus títulos a imputaciones de delitos, mientras que presentadores de las radios Mitre y Rivadavia (que congregan 50% de la audiencia de las radios generalistas) y los canales de cable TN, América 24 y La Nación+ se mostraron indignados. De los indicios del delito que se le imputa sus audiencias supieron poco y nada.

La contracara de esa artillería consiste en el multimedios Indalo, de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, contratistas de obra pública y exclientes de la familia Kirchner (C5N, Ámbito Financiero, Radio 10) –también espiados–; el Grupo Octubre, dependiente del sindicato de porteros (Página 12, AM 750 –cuya figura central es Víctor Hugo Morales– y el canal IP); El Destape, del periodista Roberto Navarro, y poco más. Los medios públicos (Radio Nacional, Canal 7) fueron anestesiados durante el gobierno de Macri y así quedaron.

Por distintos medios

En su resurgir mediático, Macri fue por segunda vez en el año a cenar por televisión con Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand. Habían pasado tres días de la fallida indagatoria en Dolores. La web de La Nación tituló: “La pregunta de Juana Viale que descolocó a Mauricio Macri”. “¿Si estuvieras soltero y tuvieras que armar tu perfil en Tinder, ¿le pedirías consejos a [el asesor político ecuatoriano Jaime] Durán Barba?”. La nieta también indagó si el exmandatario, en sus discusiones con su esposa, Juliana Awada, apelaba al “ah, pero Macri”, muletilla del macrismo para descalificar las críticas de sus adversarios, y si el expresidente cantaba mejor que Alberto Fernández.

La ausencia de aristas conflictivas en la relación entre los medios dominantes y el macrismo lleva a que desaparezcan de la escena las múltiples turbiedades que surgieron de un gobierno encabezado y formado por empresarios y ejecutivos, especialmente del mundo financiero. Un caso curioso se dio con las filtraciones globales del estilo Panamá Papers o Pandora Papers, que inundaron de datos sobre cuentas offshore de la familia Macri y de decenas de funcionarios, por lo general, con terminales en estudios contables uruguayos. El diario La Nación fue el principal vehículo de llegada de esas filtraciones a Argentina, pero, en lugar de explotar sus primicias, se ocupó de enterrarlas todo lo rápido que pudo.

Lo mismo cabe para un aspecto medular de la economía argentina. La responsabilidad por la deuda externa no es un tema por el que Macri, Larreta o Vidal sean interrogados. El macrismo hasta logra poner sobre la mesa una hipótesis asombrosa: Alberto Fernández y Cristina Kirchner endeudaron más al país que el gobierno de Juntos por el Cambio.

Durante su primer año de mandato y en plena pandemia, Alberto Fernández se dedicó a reestructurar bonos internacionales por 66.000 millones de dólares. Cuatro años antes, Macri había asumido con una ínfima deuda en dólares bajo jurisdicción internacional. Quedó el lastre del Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 45.000 millones de dólares que el organismo entregó al Ejecutivo de Macri en 2018, cuando los capitales golondrina llegados los dos años previos salieron volando. Ese préstamo, del que no queda nada, debe ser pagado antes de fines de 2024. Las reservas de libre disponibilidad en el Banco Central no superan los 8.000 millones de dólares.

“Si ganábamos la elección, arreglábamos con el FMI en cinco minutos”, le dijo Macri a Juana Viale el sábado pasado en el canal de televisión de Clarín. Y fueron a una pausa.

Sebastián Lacunza, desde Buenos Aires.