Este lunes declararán en calidad de testigos ante los fiscales Leonel Gómez Barbella y Héctor Andrés Heim los tres adolescentes que iban en el auto en el que fue asesinado Lucas González, de 17 años, víctima de un ataque a balazos perpetrado por tres policías que se desplazaban en un auto sin identificación y vestidos de civil.

Los hechos sucedieron el miércoles en el barrio Barracas, situado en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Lucas, junto a tres compañeros, volvía de entrenar en el club Barracas Central, en el que se desempeñaba en las divisiones formativas, cuando el vehículo en que se desplazaban fue interceptado por un auto. Creyendo que estaban siendo víctimas de un asalto, el adolescente que conducía aceleró y rozó el vehículo de los policías, quienes tras una breve persecución abrieron fuego contra el auto. Dos balazos impactaron en el cráneo de Lucas González, quien iba sentado en el asiento del acompañante y falleció horas después, y otros tres balazos pegaron en el auto. En el marco del operativo policial, que a todas luces fue irregular, los tres amigos de Lucas fueron detenidos durante más de diez horas en una comisaría cercana al lugar de los hechos.

En principio desde la Policía se aseguró que los jóvenes pretendían robar un comercio e incluso colocaron un arma dentro del auto para intentar inculparlos, pero esta teoría rápidamente se desvaneció. El sábado los tres policías acusados del asesinato, el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial Juan José Nieva, quienes tenían orden de captura, se entregaron y quedaron detenidos a disposición de la Justicia. Los tres serán indagados por el homicidio doblemente agravado del futbolista y por la tentativa de homicidio doblemente agravado de los tres adolescentes que acompañaban a la víctima mortal.

Este domingo, mientras en la localidad bonaerense de Hudson familiares y amigos de Lucas González participaron en su entierro, en el que también estuvo Claudio Chiqui Tapia, presidente de Barracas Central y de la Asociación del Fútbol Argentino, una acción judicial ordenó el allanamiento de la comisaría de Barracas desde la que salieron los autores del crimen, donde, según informó la agencia Télam, se secuestraron los registros, con el fin de analizar qué se hizo constar sobre el procedimiento que terminó con la muerte de González y el arresto de sus tres amigos y si pudo haber más policías involucrados en el encubrimiento del delito.

Según hicieron constar los fiscales Gómez Barbella y Heim en su escrito, la acción realizada por los policías implicados en el asesinato fue “ilegal” y definieron como “falaces” las versiones dadas por estos a los colegas uniformados que hicieron el sumario inicial. El caso está a cargo del juez Martín Del Viso.

Las circunstancias del trágico hecho no dejan dudas de que se trató de un nuevo episodio de gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad, lo cual generó una enorme indignación.

Mario González y Cintia López, los padres de Lucas, convocaron para este lunes una marcha en reclamo de justicia desde la localidad bonaerense de Florencio Varela, de la que son oriundos, hacia el Palacio de Tribunales de la ciudad de Buenos Aires.

“Vamos a seguir peleando hasta el final porque han destruido a una familia, mi hijo no se merecía eso”, expresó Mario González con una foto de Lucas en sus manos al convocar la manifestación.

Respecto del inspector Isassi, el oficial mayor López y el oficial Nieva, el padre de la víctima dijo que deberían poner “los cojones” y admitir el homicidio.

“Así como tiraron a matar, a acribillarlo a mi hijito, que pongan los cojones para decir ‘sí, yo fui’ y no tapar cualquier cosa”, expresó.

El hecho tuvo además muchas repercusiones a nivel político y puso el ojo de la tormenta en el accionar de la Policía de la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, además de expresar sus condolencias, dijo que ni bien se conoció el hecho se separó a los policías de sus cargos y se inició “un sumario para determinar las responsabilidades”.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández expresó que “no es posible que policías, que deben estar al servicio de la seguridad de las y los argentinos, terminen con la vida de la gente que debían proteger”.