Un derrame de crudo ocurrido el sábado en una refinería operada por la empresa Repsol dejó aguas afectadas, animales muertos, pescadores sin trabajo y playas teñidas de negro en el norte de Lima. Unos 6.000 barriles de petróleo derramados afectaron unos 2,9 kilómetros cuadrados de mar y costa, según los últimos datos, y podría extenderse todavía más.
“El daño ecológico en nuestro litoral es inadmisible”, manifestó en Twitter el jueves el presidente de Perú, Pedro Castillo. “Desde el Estado se han dispuesto las acciones penales, civiles y administrativas, a fin de cautelar la soberanía y bienestar del país”, manifestó después de visitar la playa del distrito de Ventanilla, una de las más afectadas. El gobernante calificó lo ocurrido como uno de los “ecocidios más grandes” en la zona y condenó “el desastre ambiental provocado por la refinería La Pampilla, a cargo de Repsol”.
Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, dijo que este “es uno de los desastres ecológicos ambientales más importantes en los últimos años”, y anunció la creación de un comité de crisis integrado por varios ministerios. “Se ha decidido, dentro del Consejo de Ministros, conformar un comité de crisis que permita trabajar de manera articulada entre los diferentes sectores para realizar acciones con mayor rapidez y eficacia”, informó Vásquez, según citó el diario peruano La República. El comité estará integrado por los ministerios de Ambiente, Energía, Defensa, Agricultura y Producción.
Lo primero que se hizo fue indagar en qué zonas se podría frenar el impacto del derrame para intentar solucionarlo en un plazo de diez días, informó Vásquez. También comunicó que la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente presentará acciones civiles contra los responsables en busca de una indemnización, además de las multas que puedan corresponder.
“Nosotros no ocasionamos el desastre ecológico”, dijo la gerenta de comunicación de Repsol, Tine van den Wall Bake, según citó Radio Programas del Perú. La empresa atribuyó lo ocurrido a “un fenómeno marítimo imprevisible”.
La portavoz de la empresa dijo que la descarga de la embarcación con el crudo comenzó el viernes 14, y que el sábado 15, después de que entrara en erupción el volcán en Tonga, la empresa consultó a la Marina si había alerta de tsunami. Como le respondieron que no había alertas vigentes, siguieron con la descarga. Pero finalmente llegó el sábado un “oleaje anómalo” en el momento en que se habían descargado 628.956 barriles de los 985.696 que había en el buque.
“En ese momento en que llega la ola, lo que hace es que rompe los cabos y tira el buque contra nuestra instalación. Se paraliza la descarga, la bomba de descarga queda totalmente desactivada y se aplica el plan de contingencia. Se llama a buzos, se sacan las barreras flotantes y luego se avisa a las autoridades competentes”, dijo. Ese “oleaje anómalo”, agregó, dispersó el petróleo en una zona más amplia que la que habría afectado en condiciones normales.
Sin embargo, Vásquez sostuvo que según las primeras investigaciones de la Marina, el derrame de petróleo no se debió a oleajes anómalos. Además, sostiene el gobierno, la empresa informó inicialmente que se habían derramado siete galones y no 6.000 barriles, de tal modo que se subestimó la gravedad del incidente y no se emitió un alerta acorde con la situación.
“No se ha dado la cantidad exacta, y no se estableció cuál era la magnitud de este derrame”, dijo Vásquez. La presidenta del Consejo de Ministros reclamó públicamente a la empresa una “acción urgente de contención y recuperación del hidrocarburo”, así como de “transporte de los residuos peligrosos con plazos de ejecución que no se extiendan más allá de los diez días”. Dijo también que Repsol no tenía un plan de contingencia ni desplegó directivas claras para sus empleados. Vásquez agregó que es necesario sancionar este tipo de situación porque lo ocurrido está causando “un impacto gravísimo para el país y no sabemos si tendrá la capacidad de revertirse”.
Según informó la agencia de noticias Efe, los trabajadores que contrató Repsol para atender esta crisis llegaron a la zona afectada con pocos medios y sin directivas claras. “Hemos visto a personas contratadas por la empresa recogiendo la espuma negra con petróleo que viene del mar y metiéndola en agujeros cavados en la arena; yo no entiendo cómo están permitiendo que se haga algo así”, dijo a esa agencia el excongresista Daniel Olivares, director general de la organización Océana Perú. Voluntarios y activistas comenzaron a llegar a las playas a limpiarlas y a rescatar aves afectadas por el vertido.
La cancillería peruana publicó en su cuenta de Twitter: “El derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla es el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos, y ha ocasionado un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores. Repsol debe resarcir este daño de manera inmediata”. También el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dijo que “el Estado debe exigir de inmediato a Repsol que brinde soluciones y reparaciones por el daño causado a nuestro ambiente y a los recursos naturales”.
Una de las preocupaciones del gobierno es el impacto que puede tener este derrame en la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Islotes de Pescadores y en la Zona Reservada de Ancón, a las que ya está llegando, informó La República. El vocero del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Deyvis Huamán, dijo al periódico que sería un error esperar una respuesta de la empresa para revertir esa situación, así que ya comenzaron a extraer petróleo de las playas y recuperar animales silvestres. “Las especies más afectadas son los pingüinos de Humboldt, las aves guaneras, los pelícanos, las algas y variedad de moluscos y crustáceos. Muchas especies han muerto intoxicadas y otras morirán en los próximos días por el daño”, agregó Huamán. Según explicó, la limpieza de la zona puede tomar tres meses, pero revertir el impacto en el ecosistema puede tardar una década o dos.