El Ejecutivo de Gustavo Petro anunció varios cambios relacionados con su política ante los grupos armados. El jueves informó que las Fuerzas Armadas suspenderán los bombardeos aéreos que puedan poner en riesgo a la población civil y a los niños y adolescentes reclutados por las organizaciones armadas.

Esas personas son “víctimas de esta violencia que hemos vivido por décadas”, dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, según citó la agencia Efe. Se tratará de “privilegiar siempre la vida sobre la muerte”, lo que implica que “no habrá operaciones si ponen en peligro a la población”, agregó el ministro, de acuerdo con Europa Press. Medios colombianos recordaban el bombardeo del 16 de setiembre del año pasado, cuando de cuatro de los ocho fallecidos eran menores de 18 años.

Velásquez aclaró que “la paz no es una rendición del gobierno ni de las fuerzas militares. La paz es un proceso de construcción colectiva en la que tienen un papel fundamental todos los actores del conflicto. Los actores de las organizaciones ilegales [...] tienen que hacer manifestación y acción concreta de voluntad de negociación y acogimiento”, dijo.

Otras decisiones que apuntan en el mismo sentido, hacia la política de “paz total” que propone el actual gobierno, son la de suspender las órdenes de captura para los negociadores del Ejército de Liberación Nacional, uno de los movimientos armados con los que el Ejecutivo apunta a negociar la paz.

El miércoles Petro también informó que propuso a Estados Unidos cambiar la política para que los narcotraficantes que cooperen con el Estado y no reincidan no sean extraditados a ese país, aunque hayan sido requeridos. Petro dijo que así fue propuesto en un encuentro con representantes estadounidenses.

“Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación con Estados Unidos”, aclaró. Sin embargo, aquel “narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita”, agregó como síntesis de la propuesta.

Según informó Efe, desde que Colombia y Estados Unidos firmaron en 1979 el tratado de extradición vigente hasta hoy, que se comenzó a aplicar en 1987, más de 1.000 colombianos han sido extraditados por delitos vinculados con el narcotráfico.

Petro también anunció el miércoles el fin de la política de fumigación de cultivos ilegales. “Hemos dado orden de acabar con una política que me parece absolutamente negativa en relación a las drogas, que es la fumigar campesinos, imponerse sobre campesinos para erradicar forzosamente los cultivos”, dijo. Luego aclaró que esto no significa “permiso para sembrar más plantas de coca”, sino que “hay que implementar de inmediato el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos”.

El presidente colombiano se manifestó partidario de profundizar el diálogo “entre el Estado y el campesinado productor de hoja de coca de Colombia, que es el más marginado geográficamente del país” para construir alternativas. “Donde no se realicen acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos, se procede con la erradicación forzosa”, aclaró.

Por disposición de la Justicia, aunque con idas y vueltas, ya se habín suspendido la práctica de rociar con herbicidas los cultivos, por el daño que pudiera causar a la salud y al medioambiente, pero todavía se mantiene la medida de destrucción manual de plantaciones.

Llamados a la paz

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que lideró la organización Autodefensas Unidas de Colombia, dijo el jueves a Caracol Radio que está “convencido de que esa paz total, de la que habla el presidente Petro, es posible”. Mancuso pasó los últimos 15 años en una prisión de Estados Unidos, adonde fue extraditado.

Por su parte, Rodrigo Londoño, el último comandante de la guerrilla de las FARC y uno de los firmantes de la paz con el Estado colombiano, pidió esta semana a los grupos armados “sucesores” del paramilitarismo que acepten la política de acogerse a la Justicia que prevé aplicar el gobierno de Petro. “Es evidente la cualificación política de la ciudadanía y el cambio institucional producido por el anhelo patrio de la paz con justicia social. Esa paz anhelada será una realidad y en ella debe haber sitio para ustedes, las fuerzas sucesoras del paramilitarismo”, afirmó en una carta Londoño, que hoy preside el partido Comunes. Les dijo a esos grupos armados que “el camino a seguir está dado por su acogimiento a la justicia, que debe ser transitoria, restaurativa y con pleno aporte a la verdad”.

“Por años las extintas FARC-EP combatimos férreamente al fenómeno paramilitar, fueron nuestros enemigos a muerte. Hoy como firmantes de paz, lejos de la lógica de la guerra y convencidos de la urgencia de reconciliar esta patria adolorida, les extendemos la mano para trabajar por el silencio definitivo de sus fusiles”, agregó.

Petro ha manifestado su voluntad de alcanzar acuerdos de paz o de sometimiento a la Justicia con grupos como las disidencias de las FARC o las bandas surgidas de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia.

Londoño también llamó al ELN a avanzar en los diálogos de paz. “Celebro el encuentro exploratorio entre la delegación del ELN y el gobierno nacional para la reanudación de los diálogos de paz entre esa insurgencia y el Estado colombiano”, dijo, y lo consideró “un hecho de la mayor importancia del que sólo pueden emanar cosas positivas para el conjunto de la sociedad”.

“Hoy puedo reafirmar que el diálogo siempre ha debido ser la ruta para la terminación del conflicto. Por eso exhorto, respetuosamente, a los compañeros del ELN [...] a avanzar decididamente a la conquista de un acuerdo político para dar fin a la confrontación militar y así echar a andar la construcción de la paz total”, afirmó. Londoño puso a disposición del gobierno y del ELN “la experiencia colectiva” de quienes firmaron la paz.