Los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y de Florida, Ron DeSantis, enviaron esta semana a un centenar y medio de personas recién llegadas al país a ciudades gobernadas por políticos demócratas. A dos meses de las elecciones de noviembre, en las que se postulan a la reelección, lo presentan como una manera de protestar contra la política migratoria del gobierno.

Según cifras del gobierno de Texas, ya son más de 10.000 los inmigrantes que ese estado envió a otros puntos del territorio de Estados Unidos. De ese modo, Washington, Nueva York y Chicago comenzaron a recibir a las personas que Texas rechaza y que en algunos casos son trasladadas sin saber cuál será su destino.

El jueves, dos ómnibus en los que viajaba un centenar de migrantes fueron enviados por Abbott a las afueras de la residencia oficial de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a quien el presidente encargó la tarea de trabajar en política migratoria. La directora de la ONG Humanitarian Action, Marisela Castillo, dijo a la agencia Efe que los pasajeros estaban “desconcertados”, porque “desde Texas les dijeron que los iban a llevar a una estación de autobuses” y “de pronto los dejaron en estas calles y se dieron cuenta de que era mentira, que eran parte de un show político”. Agregó que la mayoría de ellos no conoce a nadie en Washington, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Un día antes, medio centenar de migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron enviados en avión a una lujosa isla de Massachusetts, Martha’s Vineyard. Un senador estatal demócrata, Julian Cyr, calificó esta acción como “una treta cruel que manipula a las familias que buscan una vida mejor”. Según The Vineyard Gazette, Cyr agregó que “nadie debería capitalizar las circunstancias difíciles en las que se encuentran estas familias y distorsionar esto con el propósito de poder decir: ‘Te engañé’”.

Otro legislador demócrata local, Dylan Fernandes, dijo que muchos de los migrantes no sabían dónde estaban al bajar del avión, informó AFP. “Comentan que les dijeron que les darían vivienda y trabajo”, manifestó Fernandes.

Quien se atribuyó la autoría de esa acción fue el gobernador de Florida, DeSantis, quien al igual que Abbott pertenece al ala más derechista del Partido Republicano. El año pasado, DeSantis prometió que gastaría ocho millones de dólares para trasladar a inmigrantes fuera de Florida. El jueves, dijo que tomó la decisión de enviar a esas personas a la isla porque el gobierno “no mueve un dedo” para detener la inmigración; Abbott, en tanto, afirmó que seguirá enviando migrantes a ciudades santuario hasta que “Biden y Harris hagan su trabajo para asegurar la frontera”.

Varios legisladores demócratas acusaron a los dos gobernadores de hacer un “juego político” con la vida de esas personas, y con ellos coincidieron diversas organizaciones sociales. Yaneth Galvis, integrante de la organización Florida Immigrant Coalition, dijo a Efe que DeSantis utilizó a los inmigrantes “como fichas políticas” en sus aspiraciones electorales y que “debería mejorar las condiciones de los centros de detención en vez de llevar a cabo acciones como esta”.

Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, pidió al Departamento de Justicia que investigue eventuales ilegalidades en esta práctica de sus pares de Florida y Texas, que calificó de “inhumana”. También la senadora Elizabeth Warren, de Massachussets, repudió las acciones de Abott y DeSantis y dijo que “explotar a personas vulnerables como parte de un golpe político es escandaloso y cruel”.