El Supremo Tribunal Federal (STF) investigará si el expresidente Jair Bolsonaro incitó a ataques golpistas con posterioridad a los ocurridos el domingo pasado, ya que después de eso compartió un video en el que un votante afirma que Lula no fue elegido por el pueblo, sino por las autoridades electorales y el STF. Según la prensa brasileña, el video fue publicado en Facebook y horas después borrado por Bolsonaro.

El magistrado del STF Alexandre de Moraes aceptó a última hora del viernes el pedido para que se investigue a Bolsonaro por “incitación pública a la práctica del delito”, presentado por el subprocurador general de la República, Carlos Frederico Santos, quien está al frente del grupo que investiga los ataques del domingo contra las sedes de los tres poderes del Estado. Santos indica en el texto que, aunque el video fue publicado después de la asonada, “la posible conducta ilegal tiene que ser investigada” (cabe señalar, también, que se hizo antes de otra convocatoria, que era posterior y fracasó estrepitosamente). Santos señala, además, que “se justifica la investigación global de los hechos practicados antes y después del 8 de enero de 2023 por el acusado”.

En la investigación sobre los ataques golpistas del domingo también cobró importancia la figura del ahora exsecretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, que fue ministro de Justicia de Bolsonaro en los últimos años de su mandato. Se lo investiga por la omisión de las fuerzas de seguridad de la capital a la hora de impedir el avance de la multitud bolsonarista sobre las sedes de la presidencia, el Congreso y el STF.

A su vez, en un allanamiento a su vivienda se encontró un decreto para intervenir el Tribunal Superior Electoral con el objetivo de cambiar el resultado electoral. La norma, que no llegó a ser emitida, buscaba “garantizar la preservación o el pronto restablecimiento de la [...] corrección del proceso electoral presidencial del año 2022 en lo que atañe a su conformidad y legalidad”. Al respecto, Torres dijo que el decreto era un documento descartado y que fue sacado de contexto.

El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, dijo este viernes en conferencia de prensa que ese documento demuestra la planificación de los ataques. “El documento configura un elemento fundamental para la comprensión de la causa-efecto. Es un nexo de la relación de los eventos que se inauguran el 30 de octubre [el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales] y van hasta el 8 de enero. Muestra que no son casos aislados; había una planificación”, afirmó Dino.

También el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, dijo que el objetivo era “generar el caos para enterrar la democracia” y que, “a medida que avanzan las investigaciones, se vuelve aún más claro el objetivo criminal de quienes financiaron, organizaron y ejecutaron los actos del domingo pasado”.

Cuando ocurrió el ataque a las sedes de los tres poderes, Torres acababa de asumir el cargo de secretario de Seguridad de Brasilia, pero se había ido de licencia a Florida, Estados Unidos, donde también se encontraba Bolsonaro. El mismo domingo fue apartado del cargo por el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, que a su vez fue cesado por 90 días.

El lunes se emitió una orden de detención para Torres. En Twitter, el exministro anunció su decisión de regresar al país. “Recibí la noticia de que el magistrado Alexandre de Moraes determinó mi prisión y autorizó el allanamiento en mi residencia. Tomé la decisión de interrumpir mis vacaciones y volver a Brasil para presentarme ante la Justicia y defenderme”, escribió. Sin embargo, hasta este viernes no había regresado y Dino anunció que si no está en Brasil para el lunes se pedirá su extradición.

Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves que hubo connivencia para hacer posible lo ocurrido el domingo. “Quiero ver los videos grabados dentro de la Corte Suprema, dentro del Palacio [presidencial de Planalto]. Hubo mucha gente en connivencia. Hubo muchos miembros de la Policía en connivencia, muchos miembros de la Fuerzas Armadas aquí dentro en connivencia”, afirmó Lula en un desayuno con periodistas.

“Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que esas personas entraran porque no hay ninguna puerta quebrada. Es decir que alguien les facilitó la entrada aquí”, agregó.

Por otra parte, Lula ratificó su confianza en el ministro de Defensa, José Múcio, que recibió críticas por no haber tomado medidas para impedir los ataques y, en particular, por no haber desmantelado los campamentos frente a cuarteles que reclamaban un golpe de Estado. “Él va a continuar siendo ministro porque confío en él”, dijo Lula. “Si tengo que sacar a cada ministro en el momento en que cometa un error, será la mayor rotación de mano de obra en la historia de Brasil. Todos cometemos errores”, agregó.

Mientras tanto, Bolsonaro sigue en Estados Unidos, donde un grupo de 46 congresistas del Partido Demócrata pidió al gobierno de Joe Biden que revoque la visa diplomática o cualquier permiso que habilite al expresidente de Brasil a estar en territorio estadounidense. Los congresistas también le solicitaron a la administración Biden que se investigue cualquier acción que se haya podido adoptar desde Estados Unidos para apoyar el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasil. “No debemos permitir que Bolsonaro o cualquier otro exfuncionario brasileño obtenga refugio en Estados Unidos para escapar de la justicia por crímenes que hayan podido cometer” en Brasil, señalaron.

El lunes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que las personas que entran al país con una visa obtenida como integrantes de un gobierno, una vez que ya no representan a ese gobierno, tienen 30 días para dejar Estados Unidos o solicitar un cambio de estado migratorio.

Por otra parte, varios congresistas de Brasil propusieron crear una comisión especial de las dos cámaras del Congreso para evaluar si Bolsonaro estuvo involucrado en los ataques del domingo y para eso pidieron al STF que solicite su extradición.

Daños por evaluar

Según un informe preliminar de la Cámara de Diputados de Brasil, costará más de 500.000 dólares reponer los muebles, vidrios, computadoras y otros objetos que pueden ser reemplazados y que fueron destrozados el domingo. Todavía no se estimaron los costos de los daños y robos de obras de arte y otros objetos irremplazables.

En la sede del STF, la que sufrió los mayores daños, uno de los magistrados, Gilmar Mendes, que ocupa el cargo desde 2002, decía a periodistas el martes: “¿Cómo llegamos a esto?” y llamaba a “luchar para que ese día 8 nunca se repita”.

Según una encuesta de Datafolha, 93% de los brasileños condena los ataques golpistas y 3% se manifiesta a favor. Para 77% de los brasileños, los responsables deberían ser arrestados y el mismo porcentaje cree que esas personas rendirán cuentas ante la Justicia brasileña. A su vez, 55% cree que el expresidente Jair Bolsonaro es responsable de lo ocurrido y 82% apoya la decisión de Lula de nombrar un interventor para asumir la seguridad en Brasilia ante la sospecha de que las autoridades locales fueron omisas frente a los ataques.

Financiamiento del asalto

El lunes el ministro de Justicia, Flávio Dino, informó que ya estaban identificados varios sospechosos de haber financiado el ataque y que se encontraban en diez de los 27 estados brasileños. Dijo que entre ellos hay “comerciantes locales”, empresarios del “sector agrícola”, coleccionistas de armas y cazadores.

A su vez, la Abogacía General de la Unión pidió el bloqueo de 6,5 millones de reales (1,28 millones de dólares) de empresas que financiaron los actos. Según su pedido, tiene identificadas a 52 personas y siete empresas que financiaron el alquiler de ómnibus para transportar a Brasilia a los atacantes. Agregó que, a medida que se cuantifiquen los daños, se podría ampliar el pedido, bloquear más fondos y usar esos recursos para pagar los destrozos.

El Partido Socialismo y Libertad, uno de los que apoyaron la candidatura de Lula, pidió el martes al STF que sean investigados también 11 diputados por su supuesta vinculación con el ataque, en particular, por “incitar” a los bolsonaristas a delinquir o apoyar “en sus redes sociales las acciones terroristas”. También el Ministerio Público pidió al STF que investigue a tres diputados, André Fernandes y Silvia Waiapi, del Partido Liberal, y a Clarissa Tércio, del derechista Partido Progresista, por “incitar a actos de violencia y vandalismo” mediante “publicaciones en redes sociales antes y durante las invasiones”.