La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos, fue desalojada de su despacho el martes y la detuvieron en su casa, donde quedó “rodeada de patrullas policiales”, según informó el diario La Prensa. Testigos dijeron a otro periódico nicaragüense, Confidencial, que Ramos salió de su despacho visiblemente afectada y quejándose de estar siendo “ultrajada”.
Ocupaba el cargo de presidenta de la Corte Suprema desde 2010, cuando fue elegida por la Asamblea Nacional y respaldada por el presidente Daniel Ortega. Esa institución, el Parlamento nicaragüense, controlado por el oficialismo, aprobó el martes una reforma que quitó potestades al principal tribunal del país. Por ejemplo, los registros públicos pasarán a la órbita de la Procuraduría General de la República. De acuerdo con Confidencial, varias fuentes señalaron que de esta manera, quien toma el control de la Corte Suprema de Justicia es la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del presidente.
El martes, además, desalojaron también a la magistrada Yadira Centeno González de su despacho y detuvieron a su hija, la abogada Carla Lucía Flores Centeno. A esto se agrega que “decenas de empleados del Poder Judicial” han sido destituidos y detenidos, especialmente del área de Informática. Algunos han sido sometidos a interrogatorios en el penal policial conocido como El Chipote.
Pero ni la Policía ni la Corte Suprema reconocieron oficialmente la situación. Una comunicación interna de la Corte Suprema de Justicia ordenó dos días de asueto y designó a Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema, como “presidente en funciones”, según publicó Infobae.
Liderando la operación policial está el comisionado general en retiro Horacio Rocha, quien fue dado de baja de la Policía en 2014, pero reintegrado por Ortega en diciembre de 2022, cuando le asignó el papel de “ministro asesor de la Presidencia de la República, para asuntos de seguridad”. En ese cargo, Rocha ha enfrentado acusaciones de desempeñar el papel de jefe policial de facto.
Una fuente explicó a Confidencial que el derrocamiento de Ramos es una consecuencia inmediata a la destitución de Berman Martínez, secretario de organización del Frente Sandinista y secretario general administrativo del Poder Judicial, así como a la destitución de Martín García, director de Informática. Se investigaba a ambos funcionarios por presunta corrupción en los procesos de licitación para la construcción de nuevos edificios y la adquisición de tecnología informática.
La oficina de Martínez fue allanada por policías el lunes 23 de octubre. El dirigente, así como Walter Sobalvarro, exlíder de la Juventud Sandinista en Managua y director de la Oficina de Servicios Generales de la Corte, y Carlos Alberto López Tinoco, dirigente sindical y secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Judiciales de Nicaragua, fueron despedidos de sus respectivos cargos partidistas en setiembre.
Por su parte, la dirigente opositora y exguerrillera Dora María Téllez dijo del gobierno de Ortega: “Ellos perfectamente podrían haber sacado a Ramos y Centeno pidiéndoles la renuncia. Y [pudieron] haberle dicho a Ramos que despidiera una lista de gente antes de salir. Todo mediante los procesos institucionales ordinarios”. Agregó que esta toma de poder es parte de un plan de purgas que se está desarrollando y que afectará a otras instituciones gubernamentales como la Fiscalía y el Ejército.