Después de más de 80 días de bombardeos y varias semanas de ofensiva terrestre, la situación en la Franja de Gaza es devastadora. Periodistas, organizaciones civiles humanitarias y diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) describen un escenario de viviendas destruidas, de falta de agua y de comida, de hospitales que ya no están en condiciones de recibir a los heridos, de adultos y niños que pierden a su familia en ataques militares.

Los muertos en Gaza superan los 21.000, y más de 8.800 de ellos son niños, según datos del Ministerio de Salud local. También murieron 142 trabajadores de la ONU y más de 60 periodistas, pese a que las actividades que ellos desarrollan en los conflictos armados suelen estar protegidas.

Más de 85% de la población fue desplazada de sus hogares hacia territorios que tampoco son seguros. La Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en Cisjordania, estima que la ofensiva militar israelí ha destruido más de dos tercios de las estructuras civiles en el norte de Gaza y una cuarta parte en el sur.

El gobierno de Israel responsabiliza a Hamas, el movimiento islámico que gobierna ese territorio palestino. Afirma que si bombardea hospitales, escuelas y viviendas es porque allí se encuentran los combatientes, y asegura que adopta todas las medidas posibles para minimizar las víctimas civiles en su ofensiva.

Aunque el conflicto entre israelíes y palestinos comenzó mucho antes, la situación actual tuvo como detonante los ataques que milicianos de Hamas lanzaron en Israel el 7 de octubre, en los que mataron a 1.200 personas y secuestraron a 240. Además, según testimonios que se fueron conociendo con el paso del tiempo, los atacantes utilizaron todo tipo de violencia, desde mutilaciones hasta violaciones grupales.

El gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirma que el objetivo de la ofensiva militar en Gaza es liberar a los rehenes, de los cuales más de un centenar siguen secuestrados, y “eliminar” a Hamas.

Sin embargo, una de las primeras medidas que adoptó después de los ataques fue la de cortarle el suministro de agua, electricidad, combustible y alimentos a toda la Franja de Gaza. “Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos de la misma manera”, dijo entonces el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.

Llamados a frenar la guerra

Desde que se dispuso esa medida y comenzaron los bombardeos contra Gaza, una enorme cantidad de países manifestó su preocupación por los civiles palestinos. El 13 de diciembre, la Asamblea General de la ONU adoptó por amplia mayoría de 152 estados una resolución que exige un alto el fuego humanitario inmediato. Sólo diez países se pronunciaron en contra y 23 se abstuvieron, entre ellos Uruguay.

Sin embargo, la resolución no es de cumplimiento obligatorio, como sí lo son las del Consejo de Seguridad de la ONU. En ese ámbito, Estados Unidos vetó iniciativas que exigían un cese del fuego, hasta que finalmente se aprobó una resolución para impulsar el envío de ayuda humanitaria.

El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, advirtió que las carreteras que llevan a los campos de refugiados de Al Maghazi, Al Bureij y Al Nuseirat, en el centro de Gaza, están destruidas, lo que impide la llegada de esos insumos. Y la situación se repite en otros puntos de ese territorio. También el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que, aunque trata de ver “el vaso medio lleno”, sólo es posible hacer llegar la ayuda a los civiles mediante un cese del fuego que permita el trabajo humanitario.

El gobierno de Israel ha cuestionado la posición de la ONU, que, en su opinión, no condena suficientemente a Hamas, y el lunes anunció que no renovará automáticamente los visados a sus trabajadores.

Pero incluso gobiernos que han defendido públicamente la respuesta de Israel con el argumento de que tiene derecho a defenderse advirtieron en los últimos días sobre el creciente impacto que está guerra tiene sobre los civiles. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuyo país ha sido el principal aliado de Netanyahu, dijo que Israel puede empezar a perder apoyo internacional por los “bombardeos indiscriminados” y señaló que debe hacer “todo lo posible para evitar que civiles palestinos inocentes sean heridos y asesinados”.

En respuesta a Biden y a la Asamblea General de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, dijo que “Israel continuará la guerra contra Hamas con o sin apoyo internacional”, y afirmó que “un alto el fuego en la actual coyuntura supondría un regalo para la organización terrorista Hamas y les permitiría volver a amenazar de nuevo a los habitantes de Israel”.

“La matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluidos miles de niños y niñas, es absolutamente inaceptable”, dijo en noviembre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lo que generó una serie de tensiones diplomáticas con Israel, que convocó a su embajador en España para transmitirle su malestar. Lo mismo hizo la cancillería israelí con el embajador en Bélgica, después de que el primer ministro, Alexander de Croo, dijera que “han muerto demasiados civiles en este conflicto”.

En las últimas semanas, el responsable de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, manifestó exactamente lo mismo y agregó: “Somos testigos de una espantosa falta de distinción en la operación militar de Israel en Gaza”.

También el presidente francés, Emmanuel Macron, le trasladó a Netanyahu su preocupación por “el elevado número de víctimas civiles” y le recordó que Israel tiene el deber de proteger a esas personas, mientras que el canciller británico, David Cameron, le solicitó que sea “quirúrgico” en los ataques y reduzca “al mínimo” el daño a la población.

Desde América Latina varios gobiernos rechazaron la respuesta de Israel a los atentados de Hamas. “En esta guerra, después del acto provocado –y digo ‘acto de terrorismo’– de Hamas, las consecuencias, la solución de Israel, son tan graves como las de Hamas, porque están matando a gente inocente sin ningún criterio”, dijo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Lamentó que Israel “lanza bombas donde hay niños, donde hay hospitales, con el pretexto de que allí hay un terrorista”. “No tiene explicación”, dijo.

“No aceptamos que se nos haga elegir por uno u otro bando, nosotros optamos por la humanidad”, manifestó Gabriel Boric, el presidente chileno, durante una visita oficial a Washington. Agregó que “no tienen justificación” ni los atentados de Hamas ni “lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu”.

Después de la ofensiva

Otro motivo de preocupación internacional es qué va a ocurrir en Gaza una vez que la guerra termine. “No cometeré el error de permitir que la Autoridad Nacional Palestina gobierne en Gaza, va a ser lo mismo [que Hamas]”, dijo Netanyahu a comienzos de diciembre, sin manifestar qué solución defiende para este conflicto.

El jueves, el ministro de Defensa israelí y su par de Estados Unidos, Lloyd Austin, dialogaron sobre “los preparativos para la fase de estabilización que debe seguir a las operaciones de combate”, según comunicó el Pentágono. Pero no informaron sobre el contenido de esa conversación. Semanas atrás, Biden dijo que tiene “diferencias” con Netanyahu acerca del futuro de Gaza, y dio a entender que el primer ministro israelí no quiere una solución de dos estados.

En el gabinete israelí hay ministros de extrema derecha que han llamado a ocupar Gaza como solución a los enfrentamientos con grupos armados palestinos desde antes de los atentados de octubre. En junio, The Times of Israel informaba que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y la ministra de Misiones Nacionales, Orit Strock, se pronunciaron en ese sentido.

“Cuando llegue el momento, llegará el examen para Estados Unidos”, dijo el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas. Según informó la agencia Efe, Abbas dijo que Washington puede presionar a Israel para que esta guerra termine y para la aplicación de “la legitimidad internacional”, que en este contexto “significa el [establecimiento del] Estado de Palestina que incluye Gaza, Cisjordania y Jerusalén [Este]”.

Según publicaron medios como Financial Times y el diario español La Vanguardia, un documento interno del gobierno de Netanyahu proponía trasladar a los 2,3 millones de habitantes de Gaza al Sinaí, en Egipto. Consultada al respecto por el diario Haaretz, la oficina del primer ministro israelí manifestó que ese texto era un “documento conceptual” y que formó parte de los “pensamientos iniciales” sobre una solución a la situación actual.

Egipto y Jordania manifestaron esta semana su “rechazo total” a un eventual “desplazamiento forzoso” de la población de ese territorio palestino, así como a cualquier intento de Israel “de reocupar partes de Gaza, construir ‘zonas tapón’ en la franja o separarla de Cisjordania”.

Sudáfrica denunció a Israel por “genocidio” ante La Haya

La Corte Penal Internacional de La Haya informó que recibió ayer la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel por delitos de “genocidio” en la Franja de Gaza. En esa presentación, se pide al tribunal que apruebe medidas para proteger a la población palestina contra daños “severos e irreparables” en el marco de la Convención sobre el Genocidio, informó.

Sudáfrica afirma en su denuncia que “los actos y omisiones de Israel [...] tienen carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida [...] de destruir a los palestinos en Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio”.

En respuesta, un comunicado de la cancillería israelí afirmó que “Sudáfrica está cooperando con una organización terrorista que llama a la destrucción del Estado de Israel” y que su denuncia “carece de bases fácticas y jurídicas, y constituye una explotación despreciable de la corte”.

Si bien Israel no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de ese tribunal comunicó semanas atrás que ya inició investigaciones sobre posibles crímenes cometidos en Gaza y Cisjordania desde 2014.