En el estrado, con las banderas de España y la Unión Europea de fondo, dijo: “No soy el dóberman como algunos me quieren presentar”. Y luego: “Somos la moderación frente al radicalismo y el independentismo”. El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, pronunció estas palabras el martes, en la presentación del programa de su fuerza política para las elecciones generales que se celebrarán el 23 de julio.

Ese fue el perfil que dibujó una semana después de que el PP se quedase con la presidencia en Baleares al sellar un acuerdo de 110 puntos con el ultraderechista Vox, tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Ese pacto contiene un “plan de choque contra la inmigración ilegal” que agilizaría la repatriación en ciertos casos, así como la eliminación de la Oficina de Drets Lingüístics –Oficina de Derechos Lingüísticos–. Punto, este último, que el presidente de Vox y candidato a la presidencia, Santiago Abascal, celebró con particular ahínco pues en su lugar se creará la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística, una división “política” que gestionará su partido y “terminará con 40 años de imposición del catalán en las aulas”.

Ahora, con el aval del PP –el aparente moderado de la clase que aceptó que todas sus iniciativas pasen por una comisión de seguimiento en la que Vox tendrá que dar su visto bueno–, “los padres podrán escolarizar a sus hijos en español” y el manejo del catalán dejará de ser un requisito para ingresar en la administración pública.

Es que en este momento el PP acomoda el cuerpo a dos situaciones que corren en paralelo. Con Vox no compite sólo contra “el sanchismo” para las elecciones del 23J, sino entre sí. Eso hace que cada uno quiera marcar su perfil y llevar agua para su molino pero, mientras se desmarcan para esa instancia, cierran acuerdos –en algunos casos tras arduas negociaciones– para gobernar en distintas comunidades y ayuntamientos.

En la carrera hacia las generales, el PP se presenta como un partido catch-all, que no representa ninguna ideología sino medidas reales. Bajo la capa de la tecnocracia y la “alternativa serena”, apunta a atraer a la derecha y a quien consiga de centro, de centroizquierda, indeciso o desencantado, sin dejar de guiñarle el ojo a una agenda regresiva en materia de derechos alcanzados bajo los gobiernos del PSOE/Unidas Podemos. Se muestra entonces como el partido que busca la conciliación entre hombres y mujeres, entre trabajadores y empresarios, entre jóvenes y adultos mayores, aunque, vistas sus políticas hasta el momento y su programa, se trata sólo de una aparente igualdad. Lo cierto es que su plan económico no apunta a beneficiar a las mayorías y, a la hora de hablar de los derechos de la comunidad LGBTI+ y de las mujeres, recurren al latiguillo de no someter a la mayoría a lo que pretenden algunas minorías.

El programa del PP, de 365 puntos –“uno por cada día, para cada año”–, se apoya en cuatro ejes: la igualdad, la sostenibilidad, la digitalización y el reto demográfico. Lo primero lo resuelve en una carilla y cuatro puntos que refieren únicamente a la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral.

De la ley trans no se dice que será derogada –ese es el término más sencillo para hacer una búsqueda rápida de retrocesos en los programas de Vox y el PP–, sino que habrá una nueva que surgirá del diálogo “con todos los sectores sociales y profesionales” para alcanzar un consenso.

En esa frase no queda plasmada la virulencia de las opiniones que Feijóo ha volcado sobre esta ley que considera un “disparate” ya que resulta “mucho más fácil cambiarse de sexo que sacarse el carnet de conducir”, como dijo un mes atrás en una entrevista en Onda Cero.

Sin embargo, algo de eso se cuela en el punto que refiere a “una sociedad libre de violencia machista y que respete a todos”, donde el PP reafirma que “rechaza también la asunción de las posiciones más extremas ante la transexualidad” y promete: “Legislaremos con la máxima prudencia para conciliar la expresión de la identidad personal con el cuidado a las mujeres, a la infancia y a las familias”.

Además, en materia de derechos, el PP propone reincorporar en la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo el deber de contar con el consentimiento de los titulares de la patria potestad cuando se trate de menores de edad de 16 o 17 años, lo que revertiría ese punto reformado este año bajo el impulso del Ministerio de Igualdad.

Por otro lado, si algo no oculta el partido es su aversión a los independentistas, por lo que el programa propone también reincorporar el delito de sedición, incrementar las penas por malversación y regular “otras conductas de deslealtad de las instituciones dirigidas a poner en peligro la paz y el orden constitucional”, tales como referéndums o consultas que no hayan sido autorizados, en una clara reminiscencia de Cataluña en 2017.

En cuanto al plan económico, si bien el PP prevé rebajar el Impuesto sobre Sociedades para las Pymes y el IRPF –Feijóo dice que será para quienes cobren menos de 40.000 euros, pero el programa no establece montos–, su política apunta fundamentalmente a beneficiar a quienes poseen los mayores capitales con la eliminación del impuesto a las grandes fortunas. En ese sentido, no puede pasar desapercibida la iniciativa de incorporar “el derecho al error” en el ordenamiento tributario, pues significa que se perdone a quien coloque datos erróneos en las declaraciones de contribuyentes. Y quien dice error puede estar diciendo omitir intencionalmente información para no declarar todos los bienes.

Respecto de las derogaciones que promete, se incluye la ley por el derecho a la vivienda, que comenzó a regir en mayo de este año. En el texto se regula el mercado del alquiler, al determinar, entre otros puntos, el límite máximo del 10% en el aumento de la renta en nuevos contratos bajo determinadas circunstancias y un porcentaje determinado del suelo para la construcción de viviendas públicas. También brinda beneficios fiscales a las casas en alquiler con precios más bajos y establece un “incremento máximo anual del 3% del alquiler” en los contratos vigentes el próximo año. Dichas resoluciones no caben en la concepción económica del PP, que se inclina por un Estado “eficaz” que reduzca al mínimo indispensable su participación en el mercado y deje que la competencia entre privados lo regule.

El programa del PP también plantea derogar la Ley de la Memoria Democrática, de 2022, conocida en el exterior como la “ley de nietos”. Esta norma permite que puedan solicitar la nacionalidad española quienes tuvieran madre, padre, abuela o abuelo españoles que hayan tenido que exiliarse por razones políticas, ideológicas, religiosas o de identidad sexual durante la guerra civil o la dictadura y hayan perdido o renunciado a la nacionalidad española.

En la presentación del programa, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, hizo hincapié en lo imperioso que es “recuperar” el Estado de derecho en el país, “recuperar la integralidad de la institucionalidad democrática”.

Por lo pronto, en su afán de distinguirse de Vox, el lunes en un encuentro organizado por el medio La Razón, Feijóo le envió un mensaje al socio ultraderechista que tiene en algunas comunidades: no quiere unirse con quienes están “en contra de principios innegociables, como la violencia machista o la protección del medioambiente”. En las últimas horas, el candidato del PP ha insistido en su deseo de gobernar con la mayoría absoluta de su partido.

La estrategia de Vox: presentar sin rodeos su programa de extrema derecha

Mientras el PP lleva el estandarte de una política “optimista” y “positiva”, Vox no se viste con piel de cordero. Lejos de eso, durante esta campaña ha reiterado sin pelos en la lengua lo mismo que ha dicho desde su aparición: que su plan es derogar las leyes de Cambio Climático –en el que no cree–, de Memoria Democrática, de Educación, la Ley Trans, la conocida como “ley del solo sí es sí”, la de eutanasia, la ley del derecho a la vivienda y la ley de bienestar animal, así como reformar la ley del aborto.

Aunque el listado es extenso, no son esas leyes lo que más perturba a Abascal, sino su convicción de que España debe ser un Estado unitario, centralizado, con un único parlamento. En Vox ese nacionalismo va ligado al catolicismo que contrapone al islamismo, al que califica como un peligro para la nación. Un detalle ilustrativo es que en 2019, el día que comenzaba la legislatura, Abascal le entregó a cada diputado de su fuerza política una figura del Sagrado Corazón. “Es un regalo de las carmelitas del Cerro de los Ángeles que están rezando mucho por vosotros”, les explicó.

El historiador español Xavier Casals i Meseguer describe a Vox como un nacionalpopulsimo que elabora a un adversario, que crea la idea del “extranjero-invasor”. Eso coincide con el planteo de Vox de “deportar a los inmigrantes ilegales a su país de origen” o establecer la “finalización del efecto llamada”, que impide “de por vida” la regularización de los migrantes irregulares. La extrema derecha española también ha defendido que se establezcan cuotas de origen que privilegien a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos con España.

Cuando el 24 de junio Abascal lanzó la precampaña para el 23J en Madrid, manifestó que “hay que cambiar todo eso que los progres, los burócratas, los de la Agenda 2030 han puesto en marcha”. Al presidente del partido de ultraderecha le genera urticaria que organismos extranjeros tengan injerencia en España.

En esa oportunidad, si bien fue claro al referirse a cada uno de los derechos contra los que irá, distorsionó –como es habitual– lo que establecen algunas de las leyes mencionadas. Por ejemplo, para despacharse contra la ley trans, afirmó que su partido terminará con “las leyes que borran a las mujeres o que pretenden hormonar y mutilar a los hijos”, cuando en ninguna parte del texto se hace referencia a la hormonización ni a operaciones quirúrgicas en menores de edad.

Promotor de las políticas pronatalidad y contrario a la interrupción voluntaria del embarazo, también lanzó: “Vamos a terminar con las leyes que atacan la vida. Y frente a la ideología de género y la cultura de la muerte vamos a hacer que las instituciones apuesten por la familia, por la vida, por la protección de los más desfavorecidos y por el acompañamiento a nuestros mayores hasta su último aliento”.

No es necesario imaginar lo que sería el triunfo de la coalición PP-Vox en los comicios de este 23J. Las pruebas están a la vista, las alianzas están hechas en Valencia, Baleares y Extremadura. El 28 de junio, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox, pidió al PSOE que retirara inmediatamente del exterior de su grupo parlamentario la bandera de la diversidad que había colocado con motivo del Día del Orgullo LGTBI+ bajo la amenaza de que, en caso de negarse, ordenaría a los servicios de seguridad de la cámara que la quitasen.

“No soy un dóberman”, dijo Feijóo un día después de que el alcalde del ayuntamiento de Briviesca (Burgos), de su partido, informara a los autores de la obra El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca, que se cancelaba la presentación en esa localidad. ¿El motivo? Las autoridades adujeron cuestiones técnicas y económicas. Para el equipo, sin embargo, todo es muy claro: la pieza es la historia de un maestro republicano que no logra concretar la promesa de llevar a sus estudiantes a conocer el mar, pues antes es fusilado.

Vox también fue contra una representación, en una localidad de Madrid, de La villana de Getafe, de Lope de Vega, por considerar inapropiado que en escena figuraran “un falo y una vulva de considerable tamaño”. Si eso pretendía con uno de los mayores representantes del Siglo de Oro, no podía sino esperarse que cayera también el Orlando de Virginia Woolf.

Hoy, figuras jóvenes de la cultura pero también quienes florecieron tras la extensa dictadura franquista en la movida madrileña, cuna de libertad, salen una vez más a pedir que no se arrebate lo conseguido.

Las últimas encuestas

Los resultados del 28M impactaron en la izquierda y en la centroizquierda, las negociaciones no fueron sencillas para terminar de constituir el bloque Sumar y, en cambio, el PP y Vox alcanzaron relativamente rápido un acuerdo en Valencia, lo que generó mayor inquietud.

Sin embargo, en las semanas posteriores algunas negociaciones en otras comunidades no le resultaron tan fáciles a la derecha y, en cambio, el proyecto liderado por Yolanda Díaz podría empezar a mostrar sus frutos. Al menos así lo marca la macroencuesta presentada este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que entrevistó a 30.000 personas. Si bien da al PP ganador (quedaría entre 122 y 140 escaños), no obtendría la mayoría absoluta siquiera reunido con Vox, que podría tener entre 21 y 29 escaños. En cambio, el PSOE alcanzaría entre 115 y 135 escaños y Sumar entre 45 y 50, por lo que existiría la posibilidad de que sí llegaran a la mayoría absoluta.