La que está finalizando fue una semana muy agitada en el ambiente político de Paraguay. Luego de un proceso plagado de irregularidades, el miércoles, la mayor parte de la bancada de senadores del Partido Colorado, más específicamente de Honor Colorado, el sector que encabeza el expresidente Horacio Cartes junto a legisladores de otros sectores, lograron expulsar de la Cámara a la senadora Kattya González, integrante del centrista Partido Encuentro Nacional y una de las voces más importantes de la oposición al gobierno de Santiago Peña.

El motivo argumentado por quienes impulsaron la destitución de la legisladora fueron presuntos manejos ilícitos de dos de sus asesores, pero el motivo de fondo es que González se había convertido en una acérrima crítica de Peña y de su gobierno, y por ende de Cartes, mentor político del actual mandatario y por lejos la personalidad política más influyente del país.

La posible cercanía de una crisis institucional generó muchas repercusiones y por eso la diaria conversó con la senadora Esperanza Martínez, integrante del Frente Guasú, el sector que lideraba el exmandatario Fernando Lugo, hasta que un accidente cerebrovascular lo alejó de la actividad política, en agosto de 2022.

Martínez, médica de profesión de 64 años, quien tiene una larga historia de militancia que comenzó en sus años de estudiante durante la dictadura de Alfredo Stroessner, fue ministra de Salud Pública y Bienestar Social durante el gobierno de Lugo, entre 2008 y 2012, y actualmente es la única representante de la izquierda en el Senado paraguayo.

¿Qué reflexión hace sobre la expulsión de Kattya González del Senado?

Creo que el contexto de la instalación del gobierno de Santiago Peña y Horacio Cartes casi como una dupla presidencial, donde cada día se desdibuja más la figura del presidente de la República y se consolida la de Cartes como el verdadero mandatario, hace que este gobierno tenga las características del cartismo. Cartes es una persona que se caracteriza por ser autoritario, con rasgos típicos del patrón caprichoso, soberbio, violento, incluso con sus propios colaboradores, y por lo tanto, tiene un liderazgo que se impone con el temor y que engendra rencor. El comienzo del actual período parlamentario, que fue el 1º de julio del año pasado –Peña asumió la presidencia el 15 de agosto–, marcó el inicio de un gobierno que está haciendo abuso de la mayoría que tiene, con escasa tolerancia hacia las posturas críticas, al disenso, y con poco respeto al debate de las propuestas parlamentarias. Ya es reiterado el envío de leyes que tienen que ser aprobadas en una semana, sin pasar por comisiones, tratando de violar siempre la institucionalidad del Senado, en el afán de que los proyectos sean aprobados tal cual fueron enviados, sin modificaciones. Eso ha generado una necesidad del pequeño grupo de la oposición de pelear para que cada proyecto sea debatido, de que haya audiencias públicas. Y estamos hablando de proyectos de modernización, de reestructuración de la administración pública, que tienen necesariamente que ser debatidos y que en muchos casos no lo fueron.
Es en este contexto que surge la figura de la senadora Kattya González, que es una mujer joven, una lideresa fuerte, que es directa e incisiva en sus declaraciones e intervenciones en el Congreso, que obviamente irrita enormemente a Cartes y también a su entorno más fundamentalista. Entonces, ejerciendo un claro abuso de poder, queriendo demostrar que ellos hacen lo que quieren, y también como un mensaje domesticador hacia el resto, creo que terminamos con esta destitución en lo que fue un acto parlamentario viciado de nulidad por donde se lo mire. El 20 de diciembre del año pasado, el propio sector del cartismo presentó un proyecto de ley que reglamenta la pérdida de investidura, que es una potestad establecida en la Constitución. En ella hay mayorías establecidas para ciertas cosas, pero en el caso de la pérdida de investidura no dice expresamente la mayoría que se requiere, por lo tanto, debería aplicarse la norma de la mayoría simple. Ahora, esto entra en contradicción, porque sancionar a un senador requiere de 30 votos, que son dos tercios del total, pero para echarlo, que es una medida extrema, sólo se precisa la mayoría simple. Entonces por eso es que la interpretación indicaba que en este caso debería aplicarse el criterio de los dos tercios, asimilando la amonestación o la sanción con la expulsión.
El oficialismo cuando impulsó esta normativa lo hizo para aplicarla en el caso de un senador que fue acusado de haber falsificado su presunto título de abogado (Hernán Rivas). Pero ahora, para poder sancionar a Kattya, ellos dijeron que no iban a aplicar el reglamento que habían impulsado, sino que aplicarían el artículo constitucional, que es ambiguo en la definición de los votos necesarios, por lo que cambiaron de dos tercios a mayoría simple. No se respetaron los pasos procesales correspondientes, dejando claro que fue un atropello, reflejando claramente la personalidad de Cartes. Si funcionara la Justicia, la Corte Suprema debería anular el acto de destitución de la senadora González.

Con el Partido Colorado en una posición tan dominante en las dos cámaras del Congreso y con una enorme influencia, además, dentro del Poder Judicial, ¿qué le parece que va a suceder en Paraguay a corto plazo?

Es difícil predecir qué va a pasar, pero creo que la expulsión de la senadora tuvo dos elementos muy importantes. Me parece que en cierta medida lo que sucedió tuvo un carácter pedagógico, incluso para algunos sectores cercanos al gobierno que no están dentro del entorno de fanatismo, para entender que el actual Ejecutivo de Cartes y Santiago Peña significa un retroceso hacia un proceso autoritario semejante a lo que vivimos en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Por supuesto que en este caso hay matices que en aquellos tiempos no había, pero ahora se instala la persecución jurídica o la violación de los reglamentos como la estrategia para aniquilar, desprestigiar y desmoralizar a los adversarios políticos, y también para criminalizar cualquier tipo de lucha social. Eso significa, asimismo, la instalación de campañas de desprestigio por parte de medios que responden al cartismo, acompañadas de agresiones en redes sociales y por otras vías, que configuran esta instalación de un modelo autoritario.
Ver una sesión en la Cámara de Senadores que traspasó todos los límites, todos los preceptos constitucionales, generó un gran malestar social, y creo que hay un antes y un después a este golpe parlamentario que fue la destitución de Kattya González. Por otro lado, este hecho provocó, en el lado de la oposición, que estaba desmoralizada, desarticulada y fraccionada, la certeza de que tiene un claro enemigo en común, lo que está despertando la necesidad de movilizarse. Me da la impresión de que esta crisis puede generar la oportunidad de que empiece a fortalecerse una unidad de la oposición, superando nuestras divisiones. Esto puede ser un catalizador importante. Incluso creo que puede ser posible que la oposición, unida a los sectores no cartistas del Partido Colorado, pueda recuperar la Mesa Directiva del Senado en el correr de este año.

¿Está convencida de que el Partido Colorado va a llevar adelante la reforma constitucional que le permita a Cartes ser nuevamente candidato presidencial?

La reforma constitucional pareciera ser un plan, uno de los temas puede ser la reelección, pero también puede ser el botín la Constitución social que tenemos, que fue elaborada en 1992, apenas tres años después de la caída de la dictadura de Stroessner.
Esta Constitución fue el pacto social de un país que salía de una dictadura militar muy dura, terrible, por ende, los avances en términos de derechos humanos, de derechos sociales, la protección de las tierras indígenas, la recuperación de los derechos de las mujeres, de las minorías, hacen que ante este avance antiderechos que pretende reducir el rol social del Estado, esté en juego mucho más que la reelección. Por eso, desde la oposición, sobre todo desde la izquierda, le tenemos mucho miedo a la disminución de derechos en una nueva Constitución, más allá de que por supuesto que hay cosas que se deben mejorar. Pero no es alentador pensar en abrir la caja de Pandora, cuando pensamos que podemos tener una convención constituyente con una representación mayoritaria de estos sectores conservadores neofascistas que rodean a Cartes. Por ahí viene el temor. Parece que se estuviera midiendo hasta qué punto tolera la sociedad paraguaya en su conjunto el avance del autoritarismo.

Siendo una mujer de izquierda: ¿qué piensa que le falta al país para poder encontrar realmente un camino hacia la soberanía y zafar del autoritarismo colorado?

Me parece que el sector de izquierda y progresista en Paraguay tiene que empezar a revisar el trabajo de base territorial. Creo que tenemos que darnos el tiempo suficiente como para volver a organizar desde los territorios, tanto en el ámbito urbano como rural, y trabajar junto a las organizaciones de base, junto a los sectores de mujeres y de la juventud, para ir construyendo una herramienta unificadora que rompa con esta fragmentación de pequeños partidos, que no son un espacio de alianzas sino de competencia, que atenta contra una articulación política que favorezca un crecimiento. Paraguay tiene un bipartidismo muy fuerte. El Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico tienen más de 130 años y poseen mucho arraigo cultural, mucha tradición dentro de las familias paraguayas. Aún hoy los colorados o los liberales que se acercan al Frente Guasú siguen diciendo: “Yo soy colorada o soy liberal, pero estoy con el Frente Guasú”. Creo que nuestro partido necesita repensarse, redefinirse o avanzar hacia la construcción de un nuevo espacio que permita unificar más de 12, 14 o 15 partidos y movimientos que terminan siendo la representación del modelo patriarcal, caudillista, que es fuerte en América Latina y mucho más aún en Paraguay. Entonces, la estrategia, a mi criterio, debe apuntar a construir un espacio que pueda fusionar o articular partidos para tener una herramienta que empiece a consolidarse, pero con una fuerte base territorial. En Paraguay necesitamos avanzar en el trabajo y en la participación social y popular en los territorios, porque hemos perdido eso, o lo hemos desarrollado de manera insuficiente. Ese trabajo implicaría el espacio de la construcción del pensamiento político, pero también de la práctica política. Una práctica política democrática, participativa, feminista, de la vida democrática. Porque todos tenemos un dictadorzuelo históricamente todavía colocado en el subconsciente de la sociedad paraguaya. Entonces eso no lo vamos a superar si no hacemos un ejercicio cotidiano, permanente en nuestra militancia política, en nuestras prácticas políticas de combatir estos antivalores que hemos acumulado de intolerancia, de prepotencia, de autoritarismo, de machismo que tenemos en la cultura paraguaya.

Hablando sobre la cuestión de la tierra, que es importante en nuestros países, ¿qué opinión le merece el proceso de compra permanente de tierras por parte de extranjeros, fundamentalmente brasileños?

El tema social más grave en Paraguay es el de la tierra. Es uno de los pocos países en el mundo que tiene tanta cantidad de tierra concentrada en tan pocas personas. Además, en su mayoría estas tierras fueron malhabidas, fueron entregadas totalmente por fuera de los objetivos de la reforma agraria por el dictador Stroessner a sus amigos, a sus colaboradores, a ministros, a militares y a policías. La Comisión de Verdad y Justicia que investigó los crímenes de la dictadura llegó a registrar que más de seis millones de hectáreas fueron apropiadas de manera abusiva por los amigos del dictador. Y hoy sigue rigiendo el mismo proceso, de entrega de tierras mediante la corrupción y el prebendarismo político, con el agravante del crecimiento de la tenencia de tierras en manos extranjeras, incluso violando la protección en los territorios de frontera que está establecida en la Constitución y en leyes que hoy están siendo violentadas. Y cómo no va a ser así, si tenemos un impuesto inmobiliario casi inexistente, con la figura legal de que para pagar impuestos se hace con base en el valor de la tierra fiscal, que es simbólica, es muy pequeña, pero que para la transacción comercial esa misma tierra adquiere un valor de compra-venta millones de veces más alto. Esto es parte de la cuestión tributaria en Paraguay, donde tenemos la tasa más baja de presión tributaria, que no llega al 11%, una cifra casi inviable para que un país pueda tener los recursos para el desarrollo, para resolver las asimetrías sociales y garantizar los derechos básicos en cuestiones esenciales como la salud y la educación. De modo que la reforma agraria y la recuperación de las tierras malhabidas, y la titulación de muchas tierras campesinas con muchos años de ocupación de hecho, no se resuelven porque la oligarquía paraguaya prácticamente está basada en la producción ligada a la tierra, tanto en el negocio de la soja, fundamentalmente, como en el de la ganadería y la forestación, además de la extracción de minerales. Incluso ahora estamos a las puertas de que haya explotación petrolera también. Así, toda la riqueza de Paraguay tiene que ver con la producción ligada a la tierra, con un modelo que desarrolla muy poco el valor agregado y la industrialización. El día en que este problema sea abordado hay que construir un gran pacto social y político con un gobierno lo suficientemente íntegro y decidido que permita por lo menos democratizar el acceso y el uso de la tierra en Paraguay.