Desde el 16 de enero, la región del Catatumbo, en la frontera entre Colombia y Venezuela, vive una profunda crisis humanitaria debido a la violencia desatada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En tres semanas hubo 56 asesinatos y más de 54.000 personas desplazadas, según datos del Ministerio de Defensa. Sin embargo, antes de que comenzara esta oleada de violencia, algunos analistas consideraban al Catatumbo como un caso de éxito de la “paz total”, dado que desde 2022 los dos grupos armados que dominaban la región, el ELN y el Frente 33, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), habían acordado una tregua e iniciado conversaciones con el gobierno nacional. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo llegó Colombia a la peor crisis de violencia desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC?
Los diálogos con el ELN: ¿una negociación de paz?
El ELN es la guerrilla más antigua de Colombia y del continente, y fue también el primer grupo armado en sentarse en la mesa de negociación con el actual gobierno nacional. Desde el momento de su elección como presidente, Gustavo Petro dejó en claro que una de sus principales banderas sería la búsqueda de la paz. En el marco de la política de “paz total”, que se planteó con el objetivo de garantizar la integridad y la tranquilidad de la ciudadanía por medio de negociaciones simultáneas con todos los actores armados generadores de violencia, el 21 de noviembre de 2022 se instaló en Caracas la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN, tomando como base los avances que se habían logrado con ese grupo durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Durante algunos meses, las conversaciones del ELN con el gobierno de Petro parecieron avanzar más que las que habían sostenido con gobiernos anteriores. Se lograron algunos acuerdos significativos, entre los que se destacó el cese del fuego inicial por seis meses, que luego se prorrogó por seis más. Además, se avanzó en la creación de un fondo multidonante para apoyar el proceso de paz, un observatorio sobre el paramilitarismo y el principio de “implementar lo que se va pactando”, así como un acuerdo para la participación de la sociedad civil en los diálogos.
Sin embargo, pronto se hizo evidente que la voluntad de paz del gobierno no era correspondida por el ELN. El grupo guerrillero no tenía entre sus objetivos la consecución de la paz y menos aún su desarme y desmovilización. De hecho, sus representantes en la mesa de diálogo han sido enfáticos al afirmar que no abandonarán las armas mientras no se hayan logrado transformaciones profundas, relacionadas con el modelo económico y el sistema político del país, y que ellos consideran necesarias para una paz sostenible.
Hoy es claro que las prioridades del ELN con respecto a las negociaciones eran otras: por un lado, fortalecer su posición territorial, en particular a lo largo de la extensa frontera colombo-venezolana en donde han tenido una presencia histórica, y, por otro, defender la integridad y unidad de la organización, un elemento paradójico teniendo en cuenta que el ELN tiene una estructura marcadamente federal basada en “una confederación de frentes de guerra” que actúan de manera diferenciada de acuerdo con sus propios planes, intereses y capacidades, y según las condiciones de los territorios en los que cada uno opera.
En un comienzo, el proceso de negociación con el gobierno sirvió a esos dos objetivos, fortaleciendo el control y poder de decisión del Comando Central sobre los diversos frentes y eliminando la presión militar gracias al cese del fuego pactado. Pero el anuncio realizado a inicios de 2024 de un nuevo proceso de negociación con Comuneros del Sur, un frente del ELN que opera en el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador, cambió las apuestas dado que representaba una amenaza para uno de los objetivos estratégicos del grupo. Aunque Comuneros del Sur buscó ser reconocido como un actor independiente porque quería avanzar con mayor celeridad en un proceso de desmovilización, el ELN acusó al gobierno de infiltrarse en ese frente para dividir a la organización guerrillera y, además, de incumplir los acuerdos a los que se había llegado. Las tensiones condujeron a una crisis en la mesa de diálogos que nunca se superó.
Las razones de la crisis
En realidad, la mesa había dejado de ser relevante para el ELN, especialmente para su Frente de Guerra Oriental, comandado por Gustavo Giraldo, alias Pablito, que ha sido claro en su desconfianza hacia el proceso de negociaciones. De ese frente, el más poderoso del ELN, dependen las estructuras que desataron la violencia en el Catatumbo después de varios meses de relativa paz.
Las razones de la ruptura de la tregua que el ELN había establecido con el Frente 33, y por la que ambos grupos se habían dividido el territorio, las rentas ilegales y el control de la población, son diversas. La primera está vinculada con el creciente poder del Frente 33, que aumentó su presencia territorial y comenzó a consolidarse como un actor capaz de disputarle terreno al ELN.
A eso se sumó la paulatina recuperación del mercado de hoja de coca en la zona. El narcotráfico, fuente clave de ingresos de todos los grupos armados en Colombia, ha sido por muchos años una de las principales actividades económicas en el Catatumbo. Sin embargo, en 2022 los compradores de hoja y de pasta base dejaron de aparecer y la llamada “crisis de la coca” no sólo causó hambre entre la población campesina, sino también una disminución en las rentas del ELN y el Frente 33. En 2024, la tendencia cambió y el dinero del narcotráfico regresó a la zona. Las tensiones entre los grupos armados aumentaron y el ELN decidió actuar.
Otro factor fundamental en la situación que vive hoy el Catatumbo es su ubicación estratégica gracias a su posición fronteriza con Venezuela. Desde hace años el ELN tiene una presencia activa en el país vecino, en donde tiene su retaguardia estratégica, sin la presión de las fuerzas militares colombianas. Aunque su relación con el régimen de Nicolás Maduro no ha estado exenta de dificultades, en junio de 2024, durante su Sexto Congreso, su máxima instancia de decisión política y militar, el ELN consideró “a la Revolución Bolivariana como una vanguardia de la revolución de izquierda latinoamericana” y, en ese sentido, están comprometidos con su defensa. Al mismo tiempo, la disputada elección de Nicolás Maduro para un tercer período presidencial, que el presidente Gustavo Petro, entre muchos otros, no ha reconocido como legítima, y el giro geopolítico que representa la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, hace del ELN un aliado relevante para el régimen venezolano.
Por todo lo anterior, el papel de facilitación que tenía Venezuela en el proceso de negociación entre el gobierno colombiano y el ELN se transforma en un arma política que reduce aún más los incentivos que el grupo guerrillero pudiera tener para lograr avances concretos en las conversaciones. No es una coincidencia que la ofensiva en el Catatumbo se haya iniciado pocos días después de la toma de posesión de Maduro, aun si se sabe que venía planeándose hacía varios meses, durante los cuales el ELN había movido tropas desde Arauca, región un poco más al sur también en la larga frontera colombo-venezolana, para fortalecer su posición.
Un último elemento que contribuyó a la crisis fue la inacción del Estado. En 2024 el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, así como varias organizaciones de derechos humanos, la población de la zona y diversos analistas habían advertido sobre la creciente tensión y el temor del ELN por la rápida expansión del Frente 33 y lo que ella podía significar en relación con el control de la economía cocalera y las poblaciones vinculadas a ella. A pesar de las advertencias, no hubo una respuesta del gobierno nacional, que sólo hizo presencia para hacer labores humanitarias cuando la violencia ya había estallado. El mismo comisionado de Paz, Otty Patiño, reconoció públicamente que no se había analizado a fondo la alerta temprana de la Defensoría: “Lo que se notaba a través de las alertas era una exacerbación del conflicto. No hubo, y quiero ser muy autocrítico, un análisis a fondo de por qué se estaba presentando esa exacerbación de las confrontaciones”.
¿Qué viene ahora?
Muchos de los análisis sobre lo ocurrido recientemente en el Catatumbo coinciden en señalar el uso de la violencia indiscriminada contra la población civil por parte del ELN, con tácticas que recuerdan el terror de las incursiones paramilitares a inicios de este siglo. No se trató de enfrentamientos entre grupos armados. El ELN fue con la lista en la mano, de casa en casa, buscando y ejecutando a personas a quienes acusaba de ser colaboradores del Frente 33, además de asesinar al sepulturero de un pueblo de la zona, junto con su esposa y su bebé de nueve meses, por haberse atrevido a desafiar la orden de no enterrar a las víctimas de esos ataques.
Hasta el momento, el Frente 33 no ha respondido a la violencia en su contra y algunos de sus integrantes se han desmovilizado en un intento por proteger sus vidas, pero no se puede descartar que, ante los ataques, el grupo decida actuar. En cualquier caso, la degradación en el accionar del ELN da cuenta de su profunda penetración por las actividades criminales, del efecto corruptor que las rentas ilegales han tenido sobre el grupo y de su desprecio por las negociaciones de paz.
Es preocupante que, por su parte, el gobierno haya puesto tanto de su capital político y su esfuerzo en esos diálogos, que claramente debieron ser suspendidos ante la gravedad de la situación y que, en general, han dado tan pocos resultados, no sólo con el ELN sino también con el resto de los grupos sentados en diversas mesas de conversación.
La improvisación con la que se ha llevado adelante la política de “paz total” y su falta de conexión con la política de seguridad nos ha traído a un escenario en donde una región históricamente golpeada por el conflicto está siendo de nuevo víctima de una ola de violencia que no se había visto en dos décadas.
A esto se suma el riesgo de que la situación del Catatumbo se repita en otras zonas con configuraciones similares de dos actores armados que se reparten el control de territorios, rentas y poblaciones en medio de una tensa calma. Ya el 19 de enero hubo enfrentamientos entre dos facciones de las disidencias de las FARC en el Guaviare (departamento de la Amazonia colombiana) que dejaron alrededor de 20 combatientes muertos, varios heridos y personas desplazadas, por el control de rutas de narcotráfico hacia Brasil. La gravedad de la situación en el Catatumbo hizo que estos hechos no recibieran demasiada atención, pero hay temores de confrontaciones similares en otras regiones como Caquetá, Huila, Putumayo, Meta, Cauca y el sur de Córdoba.
Ante la escalada en el Catatumbo, el gobierno nacional decretó la conmoción interior, una medida excepcional que sólo puede regir por 90 días y que se debe justificar ante el Congreso. Aunque este instrumento permite acciones en diversos frentes para conjurar la crisis, recuperar la seguridad en el territorio es fundamental para poder avanzar en otros temas. El desafío es complejo porque, como quedó al descubierto en la justificación presentada por el gobierno, los recortes de presupuesto a causa de la difícil situación fiscal del país han tenido un impacto significativo sobre las fuerzas militares. A esto se añade la coyuntura del congelamiento, en principio temporal, de la asistencia en materia de seguridad que presta el gobierno de Estados Unidos a la fuerza pública colombiana, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado.
Además, en este momento el factor Venezuela representa otro obstáculo para resolver la crisis en el Catatumbo. La decisión de Maduro de mantenerse en el poder y la preocupación que le puedan generar declaraciones como las del expresidente Álvaro Uribe sobre la necesidad de una incursión militar en el país vecino, hacen del ELN un actor atractivo para el régimen venezolano. Esto reduce los incentivos de Maduro para apoyar una salida negociada con el grupo guerrillero, lo que consolida la posición del ELN en su territorio.
En medio de este panorama, el gobierno de Petro tiene el desafío de recuperar la calma en el Catatumbo y lograr que los miles de desplazados puedan regresar a sus territorios en condiciones de seguridad. Al mismo tiempo, debe tomar decisiones sobre cómo enfrentar al ELN y, paralelamente, buscar avances concretos en las diversas mesas de negociación abiertas con los grupos armados que operan en el país, en busca de desescalar las tensiones que puedan derivar en nuevos estallidos de violencia en otras regiones.
Es claro que la política de “paz total” pasa por un momento crítico. Ojalá el gobierno atienda la alerta generada por las acciones del ELN para hacer ajustes que permitan que no muera.
Catalina Niño Guarnizo es coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Colombia y del Proyecto de Seguridad Regional de la FES para América Latina. Es integrante de Amassuru, red de mujeres especializadas en seguridad y defensa en América Latina y el Caribe. Este artículo fue publicado originalmente en Nueva Sociedad.