La estafa con una criptomoneda disparada a partir de la promoción que hizo de esta el presidente argentino, Javier Milei, el 14 de febrero a las 19.01 reviste características únicas con respecto a otros movimientos sórdidos que signaron su carrera política. Pero, a su vez, resignifica sospechas de larga data.

La mano de Milei en la criptomoneda $Libra fue indeleble. No hay ni un atisbo de que en este asunto haya incidido algún opositor o un adversario que rechaza alguna política del gobierno, indica a la diaria Lucas Romero, director de la consultora Synopsis.

El brete en que se metió Milei lo ubica ante la disyuntiva de aparecer como partícipe u orquestador de un negocio oscuro –extremo inadmisible para quien se asomó a la escena pública como un cruzado contra “los chorros de la política”– o como un ignorante del mundo financiero, lo que conlleva descrédito para quien alardea de su saber económico.

“Pasan las horas y el nivel requerido de torpeza –tanto para la acepción de que es un estafador como para la de que es inocente– no deja de crecer. Como supuesta estafa fue extremadamente burda, y como un engaño por parte de personajes raros que se acercaron a su oficina implica niveles de torpeza que se vuelven poco serios”, sostiene el titular de Synopsis.

El caso reflotó antecedentes, entre ellos, la participación de Milei como promotor del esquema ponzi de la firma CoinX World, un fraude cometido en 2021 que prometía un rendimiento anual de 8% en dólares. Ese año, Milei fue electo diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires con 17% de los votos que fueron el germen de lo que lo convertiría en presidente en 2023. El esquema ponzi se desplomó y Milei deslindó responsabilidades aduciendo que él sólo había apoyado al emprendimiento en redes sociales a cambio de 12.000 dólares.

Los hermanos Milei no parecen haber reconocido fronteras entre el papel como consultor de empresas y armador de negocios, su salto a los sets televisivos como panelista y la carrera política. Es en ese marco que Milei, cuando ya estaba lanzado a la carrera presidencial y ocupaba una banca en el Congreso, siguió cobrando por consejos y su hermana hasta manejaba un tarifario para tan sólo conceder entrevistas a interesados en conocer sus ideas, según numerosos testimonios de inversores extranjeros, proveedores de servicios y empresarios.

De hecho, a comienzos de 2023, antes de anotarse formalmente para competir por la Casa Rosada, Milei desmereció públicamente a “la casta política” porque él se ganaba la vida cobrando 25.000 dólares la charla, lo que le permitía sortear su ingreso como legislador. Sin embargo, semejante habilidad no se tradujo en una gran fortuna: su patrimonio declarado apenas alcanzaba los 125.000 dólares en noviembre pasado.

En esa cultura no sonó tan extraño que el grupo fundacional de La Libertad Avanza, el partido de Milei, cobrara por la participación en las listas de diputados y senadores en 2023. De eso también hay testimonios, y el actual presidente no se molestó en desmentirlos con mucho énfasis. Desde su mirada, que concibe la política como un antro de corrupción sin matices, la militancia no era más que una forma de acceder a recursos públicos. “Acá es distinto, la tienen que poner”, transmitía el ultra, dando cuenta de su paradigma ético.

En síntesis, Milei entiende que el Estado es un objeto a destruir –se considera un “topo”–, por lo que todo lo que sean enjuagues privados está habilitado. Ya en el cargo de presidente, alentó a los principales empresarios de Argentina a evadir, durante un encuentro en el hotel Llao Llao de Bariloche.

Si ese esquema intelectual está basado en convicciones, aunque impliquen delitos, o son una excusa vil para cometer estafas, es algo que se debate en el polarizado y estridente ambiente político argentino.

En el transcurso de su mandato, Milei enfrentó una oposición encendida y cuestas empinadas en diversos momentos: desde las masivas marchas contra el sablazo a las universidades hasta el rechazo a sus expresiones “antiwoke” en Davos que asociaron la homosexualidad a la pedofilia, así como a los ataques al movimiento de derechos humanos y las víctimas del terrorismo de Estado.

Es en ese punto que Romero traza la singularidad del escándalo actual. Porque el episodio $Libra no es sólo una postura o política que genere reacciones adversas, es algo distinto de la denuncia de opositores por la designación de un funcionario manifiestamente negado para el cargo: se trata de un descuido o un delito cometido por el presidente un viernes por la tarde desde su cuenta personal de redes sociales.

A esto siguieron explicaciones precarias, como que él no ejerce la jefatura de Estado todo el tiempo. Se produjo asimismo un aluvión de selfis con arribistas de poca monta de Singapur, Estados Unidos y Argentina; vivillos y estafadores globales que habían penetrado el despacho presidencial, probablemente, a cambio de un pago por las puertas que se abrieron –así lo reveló tanto un chat de diciembre del estadounidense Hayden Davis, un extravagante de 28 años que se encuentra detrás de $Libra, como una declaración de Charles Hoskinson, un experto y armador con más seniority en el mundo blockchain–.

Las llamas se avivaron todavía más cuando el lunes se filtró por error el modo en que se había pactado una entrevista con el periodista Jonatan Viale, de la señal TN, que forma parte del Grupo Clarín. Las cámaras registraron el momento en que Santiago Caputo, asesor todopoderoso del presidente, interrumpió el diálogo, le dictó una nueva respuesta a Milei y le ordenó a Viale que retomara la pregunta.

Pese a que fue descubierto y se desató un pandemonio de acusaciones entre periodistas de derecha y ultraderecha por la práctica de arreglar entrevistas con Milei, el Grupo Clarín se mantuvo firme en mantener la versión censurada, lo que refleja el nivel de acuerdo entre el gobierno argentino y el principal grupo de comunicación.

Milei se encuentra ahora ante un frente en los tribunales federales de Buenos Aires, donde previsiblemente el caso no pasará a mayores, al menos por el momento, ya que es un territorio en el que tiene altísima influencia el expresidente Mauricio Macri, aliado del ultraderechista. Mucho más incierto y riesgoso es el frente regulatorio y judicial en Estados Unidos, donde la Securities and Exchange Commission (SEC) tiene una relevante capacidad sancionatoria. Por ahora, los damnificados, que serían varios miles por al menos 100 millones de dólares, repartidos en varios países, están organizando su estrategia legal, que, previsiblemente, apuntará también al Estado argentino, porque el argumento de que el presidente sólo ejerce en forma part-time no resulta convincente.

Una primera tanda de encuestas sobre las consecuencias del escándalo mostró un altísimo nivel de conocimiento del caso, aunque un porcentaje significativo, al menos de 40%, descarta la posibilidad de que Milei haya intentado lucrar con la criptomoneda o no lo considera grave.

Un estudio de 1.200 encuestados online de la firma Zuban Córdoba –una de las que le vienen dando números más bajos a Milei–, realizado entre el 18 y el 19 de febrero, indicó que 48,3% consideraba que había que iniciarle un juicio político al mandatario, porcentaje apenas inferior al de quienes se oponían a la idea (49,4%). Por otra parte, el 54,3% evaluaba que Karina Milei pudo haber cobrado coimas por el negocio. Como muestra de la resiliencia del voto a Milei, 30% de los encuestados atribuyó la responsabilidad de lo sucedido “al kirchnerismo”, reveló Gustavo Córdoba, uno de los socios de la firma.

En la mirada de Romero, la posibilidad de que el ultraderechista salga indemne en términos de popularidad e intención de voto no debe descartarse. Recuerda, como respaldo a esta afirmación, el debate presidencial del 12 de diciembre de 2023, cuando, en los papeles, el peronista Sergio Massa había arrasado al economista. “Milei apareció ignorante de muchos aspectos de cómo funciona el Estado, inestable, inexperto, frente a un candidato, Massa, que fue todo lo opuesto: profesional, firme, sólido. Una semana después, Milei fue electo con 56% de los votos en el balotaje”.

En la explicación del politólogo, aquello se debió a que había “una sociedad traumatizada por el proceso inflacionario que estaba viviendo, y una parte decidió votar a una persona que podía estar loca, pero no importaba, porque había que sancionar al gobierno que estaba”.

Si aquel escenario sigue vigente es la gran duda que se dilucidará este año. La asunción de Milei supuso que el primer mes se duplicara –a 25%– la inflación –que ya venía acelerada por la propuesta de dolarización del anarcocapitalista y el descalabro del gobierno peronista–, para luego iniciar un camino descendente hasta el 2,2% en enero pasado.

El índice de precios y la reducción de la volatilidad representan el gran –acaso único– activo económico del gobierno de Milei. El consumo sigue planchado y el empleo se deteriora mientras el titular de Economía, Luis Caputo, principal responsable del endeudamiento durante el gobierno de Macri, cuando fue ministro de Finanzas, vuelve a apostar a la deuda como la vía excluyente de solución. En el medio, las jubilaciones y los salarios no registrados perdieron 15% de su valor real, el empleo se deterioró y los presupuestos de educación y ciencia se desplomaron. La política de construcción de viviendas no existe, ni la de cloacas, ni la de rutas, ni la de centrales energéticas.

Esto se traduce en que la mayoría evalúa que su situación económica personal y la del país están peor que antes de que Milei asumiera la presidencia, según diversas encuestas.

El descenso económico, si no se revierte, probablemente dará un sentido más decisivo a los negocios ponzi de los hermanos Milei, las sospechas sobre su mesa de entradas y los agravios a los gays, los “zurdos de mierda”, los familiares de los desaparecidos y Lali Espósito.