En un video que circuló en los últimos días, el presidente de Estados Unidos, reunido con empresarios en el Despacho Oval, se jacta de que les hizo ganar millones de dólares con la reacción positiva de los mercados ante su decisión de suspender por 90 días la aplicación de los últimos aranceles que había anunciado (excepto para el caso de China). “¡Ganaste 2.500 millones de dólares!”, le dice Donald Trump al empresario e inversor Charles Schwab, y afirma que otro de los presentes ganó 900 millones.

Poco antes de anunciar que suspendería temporalmente esos aranceles, el presidente estadounidense publicó en su red Truth Social: “Es un gran momento para comprar”.

Dirigentes demócratas manifestaron sus sospechas de que Trump hizo posible que grandes inversores lograran ganancias con información privilegiada. El senador Adam Schiff pidió que se investigue si alguien en el gobierno supo con antelación que Trump suspendería los aranceles y si esa persona compró o vendió acciones aprovechando ese conocimiento. A su vez, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez pidió el jueves a los legisladores que hubieran comprado acciones en las 48 horas anteriores que lo hicieran público.

Si bien este capítulo de la política comercial de Trump pudo favorecer a figuras cercanas al presidente, la guerra comercial que desató también le abrió varios frentes internos que involucran a distintos aliados de su gobierno.

Millonarios cercanos al presidente –Elon Musk (Tesla, X, SpaceX), Jeff Bezos (Amazon) o Mark Zuckerberg (Meta)–, que vieron cómo sus empresas registraron fuertes ganancias en las bolsas después de que Trump ganó las elecciones de noviembre, sufrieron fuertes pérdidas con el comienzo de esta guerra arancelaria. Al menos hasta que Trump decidió suspender la mayoría de los gravámenes por 90 días.

En el caso de Tesla, la caída ya estaba en marcha. Había sido permanente desde comienzos de este año, mientras Musk, como líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), promovía una fuerte política de recortes en el Estado, con despidos masivos de trabajadores y cierre de distintas dependencias. Para colmo, el discurso del gobierno apuntaba más a defender el petróleo que los autos eléctricos que fabrica el millonario.

Antes de que el miércoles 2 de abril Trump anunciara aranceles masivos, ya circulaba la información de que Musk dejaría pronto sus tareas en el DOGE, y de que existían tensiones con el Ejecutivo. El presidente primero lo negó y después argumentó que su aliado dejará ese departamento el 30 de mayo porque debe encargarse de sus empresas.

El lunes, el asesor en comercio de Trump Peter Navarro dijo a la cadena CNBC que Musk es un “ensamblador de autos”, que quiere “piezas extranjeras baratas” para fabricarlos, y que ese modelo económico “no funciona para Estados Unidos” ni es bueno para el país. “Si vas a su planta de Texas, buena parte de los motores que recibe, que en el caso de los vehículos eléctricos son las baterías, provienen de Japón y China. La electrónica proviene de Taiwán”, dijo Navarro.

Musk respondió en X: “Navarro es un auténtico imbécil. Lo que dice aquí es manifiestamente falso”. El empresario agregó que “Tesla tiene la mayor cantidad de autos fabricados en Estados Unidos”.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, le quitó importancia al intercambio, que comparó con una pelea de niños. Dijo que hay que estar agradecidos de que el gobierno de Trump sea “el más transparente”, y afirmó que en su interior conviven opiniones distintas sobre la política comercial.

Otros empresarios poderosos también manifestaron su disgusto con las nuevas medidas. La Mesa Redonda de Negocios, una organización con sede en Washington que nuclea empresas como Apple, IBM y JP Morgan, llamó el jueves 3 de abril a “llegar a acuerdos rápidamente” para terminar la guerra comercial. “El daño a la economía estadounidense aumentará cuanto más tiempo se mantengan los aranceles, y podría verse exacerbado por medidas de represalia”, agregó. “La economía se está debilitando mientras hablamos”, dijo el lunes Larry Fink, consejero delegado de la administradora de fondos BlackRock.

Fuerzas ultraconservadoras en contra

Antes del 2 de abril, cuando Trump hizo sus primeros anuncios de medidas arancelarias, que incluían un 20% adicional a los productos de origen chino, la New Civil Liberties Alliance (Nueva Alianza por las Libertades Civiles, NCLA), una organización que actúa en el ámbito jurídico, presentó una demanda contra esa política.

Lo hizo en nombre de una empresa de artículos para el hogar y papelería con sede en Florida, Simplified, que depende de insumos importados de China que no se consiguen en Estados Unidos, informaron la revista Jacobin y el periódico The Guardian.

La NCLA fue fundada por Leonard Leo, un ultraconservador católico muy rico, que hace lobby en ámbitos de la Justicia y que asesoró a Trump para lograr la designación de tres jueces de derecha en la Corte Suprema.

Esa alianza también cuenta con el respaldo de Charles Koch, un industrial millonario que al igual que Leo aportó financiamiento para el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, en el que varios colaboradores de Trump prepararon las líneas políticas para un segundo mandato del ahora presidente: reducir el Estado, designar funcionarios leales, combatir la agenda de género, entre otros puntos.

En su demanda, la NCLA argumenta que Trump impuso ese arancel invocando la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, en inglés), creada en 1977 para tomar medidas de comercio internacional ante situaciones de emergencia. Si bien Trump declaró una emergencia por el ingreso a su país de migrantes y fentanilo, fenómenos por los que responsabilizó a China, México y Canadá, la NCLA señala que la IEEPA “autoriza acciones de emergencia específicas como imponer sanciones o congelar activos para proteger a Estados Unidos de amenazas extranjeras”, pero “no autoriza al presidente a imponer aranceles”, y que estos no se ajustan “al objetivo de detener la afluencia de opioides”.

Según la Deutsche Welle, el Litigation Tracker, un sitio web de la Universidad de Nueva York que registra acciones judiciales, constató que los primeros gravámenes anunciados por Trump habían acumulado casi un centenar de demandas antes de que se conocieran los aranceles masivos del miércoles 2.

Republicanos buscan límites

El lunes un grupo de siete senadores republicanos, que incluye a Mitch McConnell, expresidente de la bancada, se sumaron a la oposición demócrata y manifestaron su apoyo al proyecto de ley de revisión comercial. Esta iniciativa busca limitar los poderes del presidente para imponer aranceles y establece que deben ser aprobados por el Congreso.

Según informó la agencia Efe, la ley sólo permitiría mantener por dos meses los aranceles que imponga el presidente si el Congreso no aprueba que se prorroguen. Además, el Poder Legislativo podría cancelarlos antes de los dos meses si las dos cámaras así lo deciden.

El gobierno ya anunció que vetará esta ley porque considera que restringe los poderes del presidente para “delimitar la política exterior y proteger la seguridad nacional”.

Otro proyecto similar fue anunciado por el legislador republicano Don Bacon, en este caso para que el Congreso pueda bloquear los aranceles que imponga la Casa Blanca.

En las calles

El sábado miles de personas participaron en movilizaciones en cientos de ciudades de Estados Unidos en repudio a las políticas de Trump. No sólo a su guerra comercial recién desatada, sino a los recortes en el Estado y a diversas medidas que consideran autoritarias. Convocaron a decenas de sindicatos, organizaciones civiles, colectivos feministas y LGBTI+ bajo la consigna “Hands Off!” (¡Quitá tus manos!).

Los organizadores repudiaron los recortes a los servicios de salud, la seguridad social “y otros programas de los que dependen los trabajadores”, y reclamaron que terminen “los ataques a inmigrantes, personas trans y otras comunidades”, de acuerdo con CNN.

En una de las ciudades donde se organizó la protesta, Washington DC, uno de los oradores, el congresista demócrata Jamie Raskin, dijo que no hay futuro con un presidente con “la política de [Benito] Mussolini y la economía de Herbert Hoover”, en cuyo mandato ocurrió la llamada Gran Depresión. Raskin agregó que “ninguna persona moral quiere un dictador que desplome la economía y que conoce el precio de todo y el valor de nada”.

El Partido Demócrata advierte que los aranceles aumentarán el costo de vida de los estadounidenses, y varios republicanos coinciden con ellos. El líder de la bancada opositora en el Senado, Chuck Schumer, dijo que la gente debería estar “indignada” por estas medidas, que son “un impuesto enorme para las familias” del país.

El caos y el Acuerdo de Mar-a-Lago

Diversos medios estadounidenses informaron sobre una estrategia que estaría detrás de la política comercial de Trump. Artículos del Financial Times y del Washington Post señalan que esta política comercial, que resulta caótica, tomaría como fundamento un ensayo escrito por el jefe del Consejo de asesores económicos de Trump, Stephen Miran: A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System (Una guía del usuario para la reestructuración del sistema de comercio global).

A partir de la visión de Miran, un economista de 41 años que colaboró con el primer gobierno de Trump y trabajó en la gestión de fondos de inversión, se habría elaborado una política llamada “Acuerdo de Mar-a-Lago”. El nombre estaría inspirado en el Acuerdo del Plaza, de 1985, cuando, en tiempos de Ronald Reagan, Estados Unidos acordó con otras potencias mundiales debilitar el dólar.

Algunos de los objetivos del Acuerdo de Mar-a-Lago, que no es una política oficial o declarada de la Casa Blanca, serían depreciar la moneda estadounidense –lo que podría aumentar la competitividad de las exportaciones y reducir el déficit comercial– y renegociar la deuda pública.

Este plan partiría del diagnóstico de que el dólar es una moneda demasiado fuerte para los intereses de Estados Unidos y que esto se debe en buena medida a que es la moneda de referencia en las reservas de los bancos centrales del mundo. Esto es entendido por Miran como un servicio que el país brinda a otros estados, que pueden encontrar refugios seguros en el dólar o en los bonos del Tesoro estadounidense.

Según esta teoría, la fortaleza del dólar causa una pérdida de competitividad de los productos industriales estadounidenses a la hora de exportarlos y también origina la decisión de las empresas de trasladar sus plantas de producción a otros países. Así, Estados Unidos habría pasado a depender de las importaciones de productos extranjeros, en particular los de China.

Además, esta estrategia incorpora el viejo reproche de Trump de que Estados Unidos aporta más que sus socios a los gastos militares en el mundo, por ejemplo, mediante la porción que asume del financiamiento de la OTAN. Esto también sería un servicio, en este caso de seguridad, que debería ser retribuido.

El lunes, según citó eldiario.es, Miran dio un discurso en el que afirmó que Estados Unidos brinda “bienes públicos globales” al resto del mundo, entre ellos la seguridad militar y activos como el dólar y sus bonos de deuda pública, que “son costosos de proporcionar”. Agregó que su país “ha hecho posible el sistema comercial y financiero global que ha respaldado la mayor era de prosperidad jamás conocida por la humanidad”.

En el ámbito financiero, “la función de reserva del dólar ha causado distorsiones monetarias persistentes y ha contribuido, junto con las barreras comerciales injustas de otros países, a déficits comerciales insostenibles” que afectaron al sector industrial del país, afirmó Miran.

“Si otras naciones quieren beneficiarse del paraguas geopolítico y financiero estadounidense, deben pagar la parte que les corresponde”, concluyó. Este “reparto de cargas” puede consistir, por ejemplo, en aceptar que Estados Unidos les imponga aranceles sin adoptar represalias.

Esta estrategia tendría como elementos de presión la posibilidad de retirarles a los países la defensa militar o imponerles aranceles. Así apuntaría a objetivos económicos como el de que los tenedores de bonos del Tesoro estadounidense los canjeen por títulos a 100 años o sin plazo establecido para su vencimiento, de tal modo que Washington no deba pagarles por largo tiempo y alivie así su deuda pública.

La revista Wired señaló que el Nobel de Economía de 2008, Paul Krugman, considera que la visión de Miran es demasiado simplista, se concentra en las acciones de Estados Unidos y no tiene en cuenta la diversidad de reacciones que pueden tener sus socios comerciales, por ejemplo, sustituir al dólar como moneda de intercambio. Tampoco tiene en cuenta la posibilidad de que los aranceles terminen por causar una mayor apreciación del dólar.

Otra posible consecuencia, señaló la agencia Bloomberg, es que efectivamente se deprecie el dólar y a la vez se encarezcan los bienes extranjeros, con lo cual Estados Unidos perdería poder de compra. Además, al supuesto plan de Trump deberían agregarse otros componentes, como la reducción de las tasas de interés, que el presidente reclama a la Reserva Federal, que toma estas decisiones de manera independiente.

Las primeras reacciones

Trump anunció la decisión de suspender por 90 días las medidas anunciadas el miércoles 2, alentado por la disposición a negociar los aranceles que mostraron 75 países, según su gobierno. Así quedarán sin efecto por el momento gravámenes que llegan a 50% en el caso de Lesoto, a 49% para Camboya, a 46% para Vietnam, a 41% para Siria, a 32% para Taiwán, entre muchos otros, incluyendo la Unión Europea.

No sucede lo mismo con los aranceles previstos para China, país al que Trump decidió castigar por las represalias con las que respondió a estas medidas.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo el jueves que su país “no quiere una guerra comercial”, pero no tiene miedo de transitarla si “Estados Unidos insiste en escalar el conflicto arancelario”. En cambio, si Washington “quiere dialogar, debe hacerlo con respeto, igualdad y beneficios mutuos”.

Por el momento, la guerra arancelaria entre los dos países sigue en marcha y, en sucesivos aumentos, China llegó ayer a gravar con aranceles de 125% todos los bienes estadounidenses que importa, mientras que Estados Unidos elevó a 145% los aranceles a los productos chinos.

La Unión Europea también aprobó una primera tanda de gravámenes y anunció que podrían aplicarse otros en una segunda etapa. Ayer se reunieron los ministros de Economía y Finanzas del bloque en Varsovia y anunciaron que habrá represalias si no surge una solución negociada.

Celebraron que los gravámenes anunciados el 2 de abril fueran suspendidos por 90 días, pero señalaron que a Europa ya se le están aplicando los gravámenes de 25% que decretó el gobierno de Trump para el acero, el aluminio y los autos europeos, así como otros más generales de 10%.

Otra reacción a estas medidas fueron diversos acercamientos entre países para contrarrestar las políticas proteccionistas de Estados Unidos. Uno de ellos fue la reunión que mantuvieron el 30 de marzo los ministros de Comercio de Japón, China y Corea del Sur, que acordaron reforzar su cooperación para promover el libre comercio. En un comunicado, abogaron por un “terreno de juego global que permita un entorno de comercio e inversiones libre, abierto, justo, no discriminatorio, transparente, inclusivo y predecible”.