La líder de la ultraderecha Marine Le Pen declaró en un acto al que asistieron alrededor de 7.000 personas en París que luchará contra lo que definió como “una decisión política, no judicial” que podría excluirla de las próximas elecciones presidenciales de 2027, tras su condena por malversación de fondos públicos.

“Esta decisión ha pisoteado todo lo que más aprecio: mi pueblo, mi país y mi honor”, declaró la figura principal del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) ante una multitud de simpatizantes que ondeaban banderas francesas, mientras la izquierda y el gobierno llevaban adelante eventos en otras partes de la capital francesa en defensa de la medida adoptada por la Justicia.

Desde un escenario situado frente al complejo de Los Inválidos y apoyada por la presencia de los 120 diputados de su sector político, Le Pen afirmó que “no se rendirá” y que es víctima de una “caza de brujas”, y agregó: “Somos los más fervientes defensores del Estado de derecho”.

Antes del evento, Le Pen, quien de acuerdo a las últimas encuestas tiene 35% de intención de voto, muy por delante de todos sus oponentes, dijo en declaraciones a medios franceses que su partido “seguiría el ejemplo de la lucha de Martin Luther King, quien defendió los derechos civiles”.

En el acto ultraderechista también habló Jordan Bardella, quien con tan sólo 29 años es el presidente de RN y el casi seguro sucesor de Le Pen si esta no puede ser candidata, que declaró ante sus seguidores que “no sólo Marine Le Pen ha sido injustamente condenada, sino que es la democracia francesa la que ha sido condenada a muerte”.

La decisión del tribunal, agregó Bardella, pasará a la historia como “un día oscuro en la historia de nuestra nación, un ataque directo a nuestra democracia, una herida para millones de patriotas” y un intento de “privarnos de la libertad de elección, de borrar de la escena a toda una parte de Francia”.

A pocos kilómetros de la movilización lepenista, en la Place de la République, se reunieron alrededor de 5.000 seguidores de partidos de izquierda. En ese acto, la líder del Partido Verde, Marine Tondelier, dijo que la defensa de Le Pen equivalía a “una teoría de conspiración total” y un ataque total a la independencia judicial.

“Esto va más allá de Marine Le Pen”, dijo Tondelier. “Se trata de defender el Estado de derecho de quienes creen que la justicia es opcional. Para todos los demás, ella quiere justicia severa, tolerancia cero, cárcel por la primera infracción, pero para ella es demasiado severa”.

En esa línea, entre la multitud se pudieron ver carteles que decían “Nadie está más allá de la ley” y “No al trumpismo en Francia”.

Por su parte, el diputado Manuel Bompard, integrante del partido izquierdista La Francia Insumisa, que lidera Jean-Luc Mélenchon, declaró en el acto que, con la sentencia contra Le Pen, la máscara de RN se había caído tras años de intentar limpiar su imagen y presentarse como un futuro partido de gobierno. “Es peligroso para la democracia, peligroso para el Estado de derecho”, declaró Bompard.

Le Pen, tres veces candidata a la presidencia francesa, fue declarada culpable el lunes de malversar más de 4 millones de euros de fondos del Parlamento Europeo para pagar a los trabajadores del partido RN en Francia mediante una vasta estafa de empleos falsos.

La dirigente fue condenada a cuatro años de prisión, de los cuales dos fueron suspendidos y dos podrían cumplirse con un brazalete electrónico, a una multa de 100.000 euros y, en virtud de una ley que ella misma había respaldado, a una prohibición de presentarse para ocupar cargos públicos durante cinco años con efecto inmediato.

El tribunal de apelaciones de París anunció que emitirá un veredicto sobre su caso durante el verano boreal, lo que podría permitirle presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 si se anula su condena, lo cual se considera improbable, o, si se levanta la prohibición, de presentarse a cargos públicos, lo cual también se entiende que será poco factible.

El fallo, tras una investigación de diez años y un juicio de nueve semanas, ha revolucionado el panorama político y ha sido duramente criticado por políticos de extrema derecha en Francia y en el extranjero, que lo califican de político y antidemocrático.