A 40 años de la presencia de Amnistía Internacional en Uruguay, la organización defensora de los derechos humanos publicó este año su informe de 2024, que se tituló ¿Está Uruguay llegando a un punto de no retorno? Esto, que parece pesimista en cuanto al panorama que atraviesa el país, y que la directora regional de la organización, Ana Piquer, confirma cuando dice que en el territorio “ha habido una senda de retrocesos en la interna”, también parece arrojar luz sobre el asunto.

En entrevista con la diaria, la directora chilena consideró que “el gobierno de Uruguay es uno de esos que sí podría levantar la bandera de los derechos humanos”. Por eso el miércoles, el mismo día del evento conmemorativo de los 40 años de presencia de la organización en Uruguay, también hubo una serie de reuniones con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Derechos Humanos para “reforzar este mensaje de que hoy día Uruguay tiene la oportunidad de posicionarse en el contexto internacional como un país defensor de los derechos humanos”.

Cuando asumiste la dirección regional de Amnistía dijiste que América Latina sigue siendo el continente más mortal para quienes defienden los derechos humanos, ¿en qué sentido?

En términos estadísticos, en América Latina es donde mueren más defensores de derechos humanos asesinados, sobre todo personas defensoras de la tierra, del territorio, del medioambiente, que son las más vulnerables a ser asesinadas por el trabajo de defensa que hacen. Eso es algo que venimos diciendo desde hace diez años.

Ahora estamos en una coyuntura en que la situación está empeorando, porque se está ampliando el contexto de cierre del espacio cívico, se está constriñendo la posibilidad de la sociedad civil o de personas que son vistas como disidencias a los gobiernos de hacer su trabajo de manera segura, y continúan los ataques y asesinatos a personas defensoras. También se han ido sumando otro tipo de medidas, como legislación, en varios países, que está complicando el actuar de la sociedad civil: estigmatizacion abierta, criminalización. Eso es algo que lamentablemente estamos viendo en casi todo el mundo y que, desde la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, se ha ido acelerando y profundizando.

Por ejemplo, la Ley de Agentes Extranjeros que se aprobó en El Salvador limita los espacios cívicos. ¿Cómo se traslada eso al resto de América Latina?

No es la primera legislación de ese tipo que vemos en América Latina recientemente. Se aprobó una ley similar el año pasado en Venezuela, se aprobó una ley que regula las ONG de manera muy restrictiva en Paraguay también el año pasado. Este año, hace poquito, se aprobó una en Perú, la conocida como ley APCI [Agencia Peruana de Cooperación Internacional], que también regula qué posibilidad tienen [las organizaciones civiles] de recibir fondos extranjeros y obliga a que incluso requiera aprobación de la autoridad aquello que van a hacer con fondos extranjeros. Por ejemplo, no pueden litigar contra el Estado utilizando esos fondos.

Todas estas leyes, en definitiva, se usan un poco con la excusa de la transparencia de los fondos o de la intervención extranjera, pero es sólo una excusa, porque lo que se está haciendo es atacar directamente el derecho de asociación y, por lo tanto, la posibilidad de la sociedad civil de cumplir con un rol efectivo de monitoreo de control y de levantar las violaciones de los derechos humanos que comete el Estado.

¿Cuál debería ser el rol de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en este contexto?

De la OEA esperaríamos una articulación para la defensa de los derechos humanos. Lamentablemente, no es algo que estamos viendo. Hoy en día el panorama en América no se ve muy prometedor en materia de derechos humanos. Cada vez son más los países que están en una senda contradictoria y, como decía antes, con la llegada de Donald Trump eso se ha ido profundizando, ya que se validan de alguna manera discursos que lo que hacen es retroceder en materia de derechos humanos en lugar de avanzar. Cada vez son menos los países que están dispuestos y en posición de realmente ser vocales en tomar una defensa de los derechos humanos en espacios multilaterales como es la OEA, o incluso defender los propios espacios multilaterales en un contexto en que la OEA está puesta en cuestión y la ONU [Organización de las Naciones Unidas] está puesta en cuestión.

El financiamiento de los espacios internacionales que provenía muy fuertemente de Estados Unidos está puesto en cuestión, por lo que va a ser fundamental que los estados y gobiernos que creen en los derechos humanos tomen un rol central en la discusión. De hecho, esa es una de las razones por las que vinimos a Uruguay, porque vemos que posiblemente el gobierno de Uruguay es uno de esos que sí podrían levantar la bandera de los derechos humanos.

¿Por qué creés que Uruguay es uno de esos países?

Principalmente, por los mensajes que ha dado el gobierno durante su campaña electoral, y ahora, en el poco período que lleva en el poder, ha dado mensajes que apuntan en la línea de recuperar la presencia que había tenido históricamente Uruguay en estos espacios multilaterales y de los cuales de hecho se había ido retirando, o en el caso de resoluciones vinculadas al genocidio en Gaza, que incluso había llegado a puntos de abstenerse en esas votaciones, algo muy sorprendente para el mundo entero. Hoy día, vemos que hay una posibilidad de que eso se revierta y que recupere esos espacios y esa posición vocal.

Con esto no quiero decir que en Uruguay no haya problemas de derechos humanos ni que sea el país perfecto, porque se ve que hay desafíos y que de hecho ha habido una senda de retrocesos en la interna. Pero hay una potencialidad, hay una posibilidad de recuperar tanto el interno como el externo de ese terreno perdido, y ojalá que eso que hasta ahora ha sido palabra se vaya concretando en hechos.

Por eso estamos acá. Hemos tenido reuniones con gente en la cancillería y con la Secretaría de Derechos Humanos, justamente con la intención de reforzar este mensaje de que hoy día Uruguay tiene la oportunidad de posicionarse en el contexto internacional como un país defensor de los derechos humanos.

¿Qué valoración hacés de las declaraciones de la cancillería sobre Gaza? ¿Creés que le falta un poco todavía o va bien encaminado?

Yo creo que le puede faltar todavía. Lo que sí, y es una conversación que hemos tenido y que ha sido interesante en las reuniones que hemos mantenido, es que Uruguay se ve en una posición de ser un Estado dialogante y que puede articular, y de hecho ha sido lo que el presidente [Yamandú] Orsi ha planteado: avanzar en el diálogo. Lo que hemos estado poniendo en la mesa y con diferentes respuestas es que el diálogo no puede llevar a poner en cuestión los estándares, no puede llevar a correr ciertas líneas rojas en materia de derechos humanos que no son dialogables, y ese es un equilibrio que es fundamental que se mantenga.

Está bien tener un rol articulador y dialogante –eso es necesario en este momento–, pero eso no puede pasar por negociar derechos humanos. Los estándares no son negociables y no son dialogables, el diálogo tiene que ver con cómo garantizamos que esos estándares efectivamente se cumplan.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, dijo en su discurso al comenzar su mandato que su visión es liderar una OEA “más receptiva, inclusiva y eficaz”, y que para eso es necesaria una colaboración entre los gobiernos, la sociedad civil, las comunidades indígenas, el sector privado y los jóvenes. En este contexto, ¿creés que eso es posible?

Es un desafío, sobre todo porque estamos en una situación en la que tenemos gobiernos que están en posiciones muy enfrentadas respecto de muchos temas fundamentales. En teoría, eso no debería ser una razón para no sentarse a la mesa a dialogar, y creo que algo importante en esa declaración es que no sólo menciona a los estados, sino también a la sociedad civil, a los pueblos indígenas, que el tener espacios de participación en el contexto de discusiones, como la OEA, es fundamental y no siempre se dan los mismos espacios de participación. Que en eso se ponga énfasis me parece fundamental. De ahí es de donde van a venir también las voces de lo que se necesita realmente y qué es lo que realmente pueden hacer los estados para proteger a esas comunidades y defender sus derechos humanos.

¿Cuál debe ser el rol de las organizaciones que defienden los derechos humanos en este contexto en el que la OEA y la ONU son cuestionadas y se tiende a asociar a estos organismos con la izquierda?

Dependiendo de en qué país estás, te asocian a la izquierda, a la derecha, al imperialismo; nos dicen de todo. Pero creo que en Amnistía Internacional uno de nuestros principios básicos desde siempre ha sido la independencia y la imparcialidad, y nosotros tenemos un récord que nos permite demostrar que hemos criticado a todos los gobiernos por igual, independientemente de su color político, y creo que eso es verdad para muchas organizaciones de la sociedad civil tanto locales como internacionales.

Ahí hay un desafío mutuo, que tiene que ver, por un lado, con los estados, de poner en valor el trabajo de la sociedad civil y no verla como una amenaza o considerar que los derechos humanos son un obstáculo, sino que más bien son una herramienta más para construir soluciones sostenibles y reales a los problemas que se está enfrentando. Por otro lado, también con la sociedad civil, de mantener ese recuerdo de la imparcialidad y de la independencia para avanzar hacia proponer soluciones que sean implementables por los estados. No es una realidad fácil, no es un momento en que los derechos humanos sean populares. Hay una reflexión que hemos hecho desde la sociedad civil: cómo transmitimos mejor nuestro mensaje, cómo explicamos que los derechos humanos no son un obstáculo a la solución de los problemas, sino que son la solución al problema.

¿Creés que hay un olvido de los acuerdos internacionales que buscan proteger derechos humanos?

Sí, un poco ha caído en el olvido el origen de los derechos humanos y también los pasados más recientes. En países en los que tenemos historias de crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos en contextos de gobiernos autoritarios que mataron, desaparecieron, torturaron a miles de personas, que hoy día perdamos el foco de la importancia que tienen los derechos humanos es muy preocupante y ahí es también donde son muy graves esas señales de retroceso que hacíamos presente para Uruguay, que hemos hecho presente en todos los países, porque significa correr el riesgo de volver a ese pasado que quisimos dejar atrás en el momento en que nos pusimos de acuerdo en que los derechos humanos eran algo que queríamos defender.

Ya no se trata de una perspectiva histórica, sino de dividir en dos visiones.

Sí, se está dando mucho esa sensación de dicotomía, de que tienes que elegir entre seguridad y derechos humanos, o que tienes que elegir entre ciertas medidas en materia económica y de respeto a los derechos humanos. Eso es una falsa dicotomía: nadie debiera poner a la población a tomar esa decisión, porque los derechos humanos debieran ser el piso básico sobre el cual se construyen las soluciones. Es muy peligroso cuando se ve a los derechos humanos como algo de lo que tienes que prescindir para poder conseguir otra cosa.

¿Qué creés que lleve a las ciudadanías a elegir gobiernos de derecha y abiertamente autoritarios?

De hecho, no es sólo la derecha. Tiene que ver con el votar por ciertos gobiernos o ciertas propuestas que apuestan más a formas más populistas o más autoritarias de plantear ciertas políticas. El análisis que hemos hecho es que hay muchos países que están dando problemas muy enquistados que son reales y que afectan la vida cotidiana de las personas. La seguridad, como el ejemplo de El Salvador; las dificultades económicas y la pobreza, como se pueda haber dado en Argentina; el tema de la seguridad en Chile, que está empezando a ser un tema de mucha preocupación para la ciudadanía, que está viendo que pasan gobierno tras gobierno y no se soluciona, o empeora, o se enquista y se mantiene siendo un problema estructural. Eso hace que si llega alguien que parece diferente, que te dice “yo esto lo voy a resolver” rápidamente con esto otro –estas soluciones rápidas y que se ven muy atractivas–, ¿por qué no intentarlo? No es que de pronto todo el mundo se volvió antiderechos, es que realmente no se les ha ofrecido una alternativa basada en derechos humanos que funcione, y eso es muy peligroso y muy triste, porque estamos hablando de personas que tampoco van a encontrar una solución con este tipo de prácticas, que tampoco van a encontrar una solución con prácticas autoritarias, con pérdidas de derechos, que, en definitiva, tampoco va a haber seguridad sin derechos humanos, no va a haber igualdad sin derechos humanos. Pero frente a la ausencia de alternativas reales desde el mundo político, [la ciudadanía] queda puesta en una posición muy difícil.

En El Salvador –lo hemos dicho varias veces– pusieron a las personas en la necesidad de elegir entre derechos y seguridad, y eligieron seguridad. ¿Cómo juzgar esa decisión? Pero esa es una decisión que nunca debieron tener que tomar, los derechos humanos debieron ser siempre parte de las propuestas de solución.

En este contexto de violaciones constantes a los derechos humanos, ¿hay una luz al final del túnel? ¿Creés que hay espacios que se pueden recuperar?

Sí, yo creo que hay algunas cosas importantes. En primer lugar, la presencia de Donald Trump en Estados Unidos ha hecho que muchas personas empiecen a darse cuenta de lo que realmente significa ir por esa senda, y ya vemos personas que han dicho que se arrepienten de haber votado por Trump o por Milei, y que están viendo las consecuencias de las propuestas que hacían y cómo esas consecuencias también tienen un impacto en derechos y en la cotidianidad de las personas. Por ejemplo, vimos la elección reciente en Canadá, en la que la tendencia política [que marcaban las encuestas] se dio vuelta precisamente porque había una preocupación por lo que Trump estaba haciendo.

Por otro lado, creo en el trabajo que podemos hacer desde la sociedad civil, de resistencia a esta tendencia y de repensar cómo comunicamos lo que estamos haciendo, cómo abordamos los diferentes desafíos y cómo los articulamos de mejor manera para hacer esto en colectivo es fundamental. En las Américas sí estamos viendo mucho movimiento de articulación, de convocar encuentros, de “conversemos”, de cómo nos aliamos, de entender en qué está cada quien en términos de financiamiento, en términos de los temas que estamos abordando, para ver cómo podemos articular una resistencia coordinada que creo que es fundamental en este momento.

Ahora lo que estamos enfrentando es tan grande que ninguna organización lo va a poder hacer sola y ningún país lo va a poder hacer solo. De hecho, estos propios gobiernos están articulándose entre sí, entonces [los integrantes de] la sociedad civil también tenemos que articularnos entre nosotros, y ahí creo que sí hay movimientos interesantes. Desde Amnistía estamos absolutamente embarcadas en esa senda y también la queremos promover porque es la manera de plantear soluciones alternativas a lo que estamos viviendo con una mirada de derechos humanos y que nos permita, ojalá, que esta tendencia no siga avanzando y que podamos, de alguna manera, revertirla. Como nuestra secretaria general [Agnès Callamard] decía cuando lanzamos el informe anual hace algunas semanas: “Todavía no es demasiado tarde para detener esto”. Y creo que nos toca mucho trabajo.