Las cuestionadas detenciones de un dirigente indígena y de un viceministro pusieron en evidencia que en Guatemala conviven desde 2024 un gobierno progresista, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, y un poder reacio a dejarle paso. Este poder tiene como una de sus caras más visibles a la fiscal general, Consuelo Porras.

En 2023, Porras hizo sucesivos intentos de revertir los resultados electorales, de ilegalizar al ahora gobernante Movimiento Semilla y de impedir que Arévalo asumiera la presidencia. La funcionaria es una de las representantes de un entramado de poder que se conoce en el país como “pacto de corruptos”, vinculado a gobiernos anteriores, empresarios y actores judiciales que se protegieron mutuamente por años.

Los cuestionamientos que recibe Porras superan las fronteras guatemaltecas. Ella y algunos de sus principales colaboradores, entre ellos Ángel Pineda, fueron sancionados en su momento por el Departamento de Estado estadounidense y por la Unión Europea, acusados de actos antidemocráticos y de corrupción.

Además, tanto la Unión Europea como la Organización de los Estados Americanos consideraron que los intentos de Porras de evitar que Arévalo asumiera su cargo después de haber sido electo podían equivaler a un golpe de Estado.

Finalmente, en 2024 Arévalo pudo iniciar su presidencia. Si bien llegó al gobierno con la meta de sanear la Fiscalía General, Porras se aferró al cargo, y la ley le permite mantenerse allí por el momento. Desde esa posición, la funcionaria ha enfrentado al nuevo oficialismo así como a los movimientos sociales, y varias organizaciones denuncian que esto ha llevado a que existan presos políticos en Guatemala.

Uno de los más emblemáticos es el periodista José Rubén Zamora Marroquín, que está preso sin condena desde el 29 de julio de 2022, después de que publicara numerosos reportajes sobre corrupción en el gobierno del presidente anterior, Alejandro Giammattei.

Pero la lista de presos políticos que enumeran las organizaciones sociales guatemaltecas incluyen también al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, al abogado Gustavo Masaya y, desde hace unos días, al líder indígena Héctor Chaclán y al viceministro de Desarrollo Sostenible (del Ministerio de Energía y Minas), Luis Pacheco.

Chaclán y Pacheco fueron parte de la dirigencia de los 48 Cantones, una organización indígena del pueblo de Totonicapán. En 2023, esta organización lideró protestas y campamentos que se mantuvieron por un centenar de días frente a la Fiscalía para defender la victoria electoral de Arévalo y exigir tanto la asunción del presidente electo como la renuncia de Porras.

Los dos fueron detenidos el 23 de abril, acusados de “terrorismo”, y se encuentran en prisión preventiva. En el caso de Pacheco, la jueza Carol Flores, que ha sido vinculada en el pasado con actos de corrupción, también lo imputó por obstaculización a la acción penal.

“Yo estoy consciente de que no he hecho nada malo en mi vida de lo que se me pueda acusar”, dijo Pacheco cuando ingresaba esposado al juzgado, después de que allanaran su casa y lo capturaran. Según la agencia Reuters, el funcionario y Chaclán fueron denunciados por la Fundación contra el Terrorismo, un grupo derechista que persigue a activistas, periodistas, jueces y fiscales, y que afirma que Pacheco bloqueó carreteras para respaldar un “fraude electoral”.

Nuevas movilizaciones

Estas detenciones volvieron a desatar las protestas. El lunes el Comité de Desarrollo Campesino, que nuclea a unas 200.000 personas, bloqueó 11 carreteras en repudio a la decisión de la fiscalía.

Ese comité tuvo intenciones de participar en las elecciones de 2023. Tenía un partido político, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, y una candidata a la presidencia, Thelma Cabrera. Pero esta dirigente fue una de varios postulantes a quienes las autoridades de entonces les impidieron participar en las elecciones. En el caso de Arévalo, pudo postularse porque las encuestas lo mostraban sin posibilidad alguna de ganar la presidencia, pero una vez que pasó a segunda vuelta, se repitieron los intentos de inhabilitarlos a él y a su Movimiento Semilla.

Ahora, pese a que Arévalo llegó al gobierno, es combatido por autoridades como Porras. “Se está utilizando la prisión política para atemorizar a las organizaciones sociales, a los líderes indígenas, a periodistas y jueces, para que tengan miedo de manifestar o denunciar las violaciones y atropellos que suceden en el país”, dijo a Efe la abogada Wendy López, que integra la organización Bufete de Pueblos Indígenas. Agregó que esa persecución es impulsada desde 2018 por la Fiscalía General y que a esas prácticas “se han prestado” varios jueces.

“La criminalización se da en casos en los que las pruebas son escasas. La Fiscalía pide reserva de los procesos para impedir el acceso a los detalles [de la acusación]. Se obstaculiza la defensa de los detenidos a toda costa, se dilatan los procesos y se abusa de la prisión preventiva como una forma de venganza o castigo”, dijo López.

Además, según datos del Observatorio para Personas Defensoras de Derechos Humanos, hay más de 80 guatemaltecos exiliados por acusaciones judiciales irregulares en su contra.

Acciones desde la presidencia

Arévalo anunció el martes que su gobierno presentó un recurso de amparo contra Porras por las últimas detenciones y por acciones contra los dirigentes indígenas. “Estamos cerrando filas contra la cooptación de las instituciones de justicia”, dijo en una conferencia de prensa en la que lo acompañaron autoridades indígenas de distintas regiones del país.

“Si por el Ministerio Público y el pacto de corruptos hubiera sido, yo no habría llegado al poder. Pero seguimos firmes. Este gobierno nombrará a la próxima fiscal general dentro del marco de la ley en 13 meses, fortaleciendo la democracia. No promoveremos rupturas constitucionales, porque eso es lo que buscan”, dijo Arévalo.

Mientras tanto, el gobierno intenta impulsar una agenda progresista que rompa con los privilegios de los más poderosos. Algunas de las políticas anunciadas en los últimos días incluyeron un aumento salarial de 5% para los maestros del sector público, mientras se negocia un nuevo convenio colectivo para el sector, y el impulso a la “inversión ambiental responsable”. Según dijo la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, “la tendencia realmente era que las licencias ambientales se resolvían para aquellos que tenían padrino político, o con solicitudes que venían con pago bajo la mesa. O las que tenían suerte”. Según Orantes, por eso quedaron pendientes de evaluación de impacto ambiental miles de proyectos, la mitad de ellos del sector público, en particular de los municipios.

Según el último informe de Amnistía Internacional, el nuevo gobierno hizo además avances en libertad de expresión, acceso a la Justicia e independencia judicial en 2024, pero en todos estos aspectos queda mucho por recorrer. Según informó el diario Prensa Libre, la organización señaló que en particular es crítica la situación de los defensores de los derechos humanos y siguen existiendo actitudes represivas contra personas o grupos por sus posiciones contrarias a quienes ocupan cargos de poder.