El domingo 4 de mayo el gobierno israelí aprobó la operación que denominó “Carros de Gedeón”. Según los anuncios de diversos ministros, esta consistiría en conquistar la inmensa mayoría del territorio de la Franja de Gaza, demoliendo sistemáticamente las construcciones existentes, tratando de ubicar y destruir túneles y evacuando a toda la población, alrededor de dos millones de personas, a una especie de “burbujas” o guetos cerrados por el suroeste del territorio. Allí y sólo allí, de acuerdo con el plan israelí, podrán recibir ayuda humanitaria, alimentos, agua potable y medicamentos, entre otros insumos.
Según Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, acorralados en esos pequeños territorios y separados de los milicianos de Hamas, buena parte de la población de Gaza optará por emigrar en busca de una vida mejor, para lo cual Israel está creando mecanismos administrativos, logísticos y políticos para llevarlo a cabo.
El resto del territorio de Gaza quedará bajo dominio directo del ejército de Israel, “sin temer a hablar de ocupación militar”. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, no ha desmentido ni matizado las declaraciones de su ministro ultraderechista, pero ha preferido hacer hincapié en que se trata de una operación destinada a vencer y quebrar definitivamente a la resistencia de Hamas.
Desoyendo a casi todos los militares retirados, algunos de ellos exaliados políticos que se convirtieron en sus críticos, que advierten que una operación masiva en Gaza probablemente termine matando a la mayoría de los ahora 21 rehenes que quedan con vida en manos de Hamas, Netanyahu insiste en que sólo la presión militar servirá para liberarlos.
Netanyahu también desoye a los familiares de los rehenes que, desesperados por la suerte de sus seres queridos, reclaman un alto el fuego y retomar las negociaciones que Israel hizo fracasar a mediados de marzo cuando reanudó unilateralmente el fuego.
El primer ministro tampoco parece inmutarse ante los cientos de miles de israelíes que se movilizan casi todos los sábados de noche en varias ciudades del país, acompañando a los familiares de los rehenes y reclamando el alto el fuego, que representan la avanzada de un importante cambio en la opinión pública israelí.
Más del 50% de los ciudadanos de Israel, en casi todas las encuestas de los últimos dos meses, se manifiestan favorables a un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros que signifique también el fin de la guerra.
No hay que confundirse: son una pequeña minoría los israelíes horrorizados por las imágenes y las noticias que llegan recortadas sobre la catástrofe humanitaria en Gaza y sobre los niños gazatíes asesinados en bombardeos.
Sin embargo, los cientos de manifestantes de izquierda que salen a las movilizaciones con fotos de niños palestinos asesinados o con carteles que reclaman parar el genocidio en Gaza ya no sólo despiertan reacciones hostiles en el resto de la opinión pública.
3.000 israelíes participaron esta semana en una “convención por la paz” realizada en Jerusalén, en la cual estaban presentes diversas posiciones y sensibilidades, pero sobre todo la idea de que es hora de marcar una alternativa al desvarío mesiánico, guerrerista y asesino que predomina en el gobierno y a la incredulidad en la mayoría de la población, respecto a un posible futuro de paz tras el 7 de octubre de 2023 y la cruenta guerra posterior.
Para llevar adelante los planes del gobierno de conquista total y limpieza étnica de Gaza es necesario agregar a las fuerzas que ya están actuando en el enclave palestino varias divisiones blindadas, de infantería y batallones de ingeniería. Ahí hay un grave problema que hace que las resoluciones extremistas del domingo pasado todavía no tengan una implementación completa en el teatro de operaciones.
El desgaste de las fuerzas reservistas, después de más de un año y medio de guerra, es muy grande. Muchos reservistas, generalmente hombres de entre 22 y 40 años de edad, han estado reclutados durante meses, varias veces durante este año y medio con graves consecuencias laborales, familiares y hasta psicológicas en algunos casos.
A diferencia de los primeros meses, en que la mayoría absoluta estaba segura de pelear en una guerra de defensa que fue impuesta por el ataque de Hamas y la agresión de Hezbolá, el consenso se ha roto desde que quedó en evidencia que fue el gobierno de Israel quien rompió la última tregua en marzo, y quien, en realidad, viene impidiendo desde hace más de un año que las negociaciones lleguen a un acuerdo que ponga fin al conflicto bélico.
La conciencia sobre los crímenes de guerra cometidos y que se van a agravar si la operación Carros de Gedeón sale adelante lleva a una minoría pequeña pero creciente a negarse a reclutarse al servicio de reserva. La conciencia de que la ampliación de la guerra implicaría la muerte de los rehenes israelíes también mueve a un sector algo más amplio a negarse a realizar el servicio de reserva.
Las dificultades económicas, familiares y psicológicas por el desgaste causan un fenómeno difícil de cuantificar, pero bastante mayor que el de los objetores, reservistas que, sin negarse, con diversas excusas evitan el reclutamiento para nuevas rondas de guerra.
Paralelamente, están estancadas las negociaciones políticas dentro de la coalición de gobierno acerca de la ampliación del reclutamiento de jóvenes ortodoxos estudiantes de textos religiosos, que están mayormente exentos del servicio militar.
Los partidos ortodoxos son parte del sustento político sin el cual Netanyahu perdería la mayoría parlamentaria que le permite gobernar. Por otro lado, la necesidad urgente de ampliar la base de reclutamiento de conscriptos es innegable si se quiere implementar la conquista y ocupación del territorio de Gaza.
Otro frente de problemas empieza a ser el costo de la guerra. Si bien Estados Unidos todavía no ha cobrado, ni siquiera pasado las cuentas por las enormes cantidades de municiones y material bélico aportados, sí hay otros gastos enormes y costos de producción en Israel, infraestructuras que reconstruir en el sur y el norte del país, y los sueldos que se les paga a los reservistas.
La principal central de trabajadores, la Histadrut, había llegado a un acuerdo con el gobierno aceptando el recorte de un poco más del 3% de los salarios en el sector público de 2025 y 2026, para así colaborar con los costos de la guerra.
Dicho acuerdo fue firmado por los dirigentes de la Histadrut y luego incluido en el presupuesto aprobado por la Knesset sin discutirlo ni aprobarlo con varios sindicatos que representan a distintas ramas de trabajadores del sector público y no forman parte de la Histadrut.
Al implementarse los recortes salariales en el pago correspondiente al mes de abril (con el agregado de un recorte acumulado por el primer trimestre del año), surgieron conflictos que el gobierno no previó.
Las maestras de primaria y de centros preescolares se rebelaron. Al estar amparado el recorte por ley, se les prohibió parar. Entonces, durante cuatro días consecutivos, la mayoría de las docentes se declararon enfermas, lo que paralizó buena parte del sistema educativo. El gobierno tuvo que llegar a un acuerdo especial con el sindicato de magisterio para lograr el retorno a las aulas, que repercutía en el funcionamiento de todo el mercado laboral, compensando con rubros especiales aproximadamente la mitad de lo recortado.
Aun así, quedan pendientes situaciones conflictivas con otros trabajadores públicos cuyos sindicatos no pertenecen a la Histadrut, además de un gran descontento de muchos trabajadores representados por esta. Mientras tanto, diputados del Likud amenazan legislar una nueva ley que restrinja casi totalmente el derecho de huelga de trabajadores de servicios públicos.
A nivel cotidiano, se sienten en Israel diversas secuelas del prolongado estado de guerra. Hay un evidente aumento en la violencia cotidiana, ya lo había en la criminalidad desde que la Policía pasó a manos del ministro racista de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, que prefiere utilizarla como una fuerza de choque contra la población árabe y contra protestas antigubernamentales descuidando sus tareas más básicas.
Esta semana, por ejemplo, un vecino recién regresado del servicio de reserva hirió gravemente de bala por la espalda a una vecina en la ciudad de Afula. Al ser detenido, el agresor explicó que había experimentado flashes que le hicieron creer que estaba en la guerra y que sufría toda clase de problemas psicológicos tras su servicio de reserva.
Casi todos los días se reportan asesinatos de ciudadanos árabes a manos de grupos mafiosos que actúan con impunidad. La Policía casi nunca llega a los culpables, y existe una mezcla de falta de interés por proteger la vida de ciudadanos árabes y de complicidad policial con algunos grupos delictivos árabes que a cambio son utilizados para vigilar a activistas políticos. Aunque sí es muy eficaz en razias de hostigamiento, las que realiza periódicamente contra clubes políticos y culturales del Partido Comunista o de otros grupos de izquierda en poblaciones árabes.
Esta semana la Policía decidió implementar la nueva ley vigente que clausura las actividades de la UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas que lleva décadas brindando servicios esenciales, educativos y de salud a las poblaciones de refugiados y desplazados palestinos de guerras anteriores.
Nueve escuelas administradas y financiadas por la UNRWA en barrios de Jerusalén Oriental, cuyas poblaciones son refugiados de las guerras de 1948 y 1967, recibieron esta semana la sorpresiva visita de fuertes contingentes policiales armados que en la mitad de la mañana irrumpieron en aulas de niños de seis a 11 años exigiendo evacuarlas y anunciando la clausura inmediata. La Policía no dio aviso previo ni esperó hasta el fin de cursos previsto a fin de junio, por lo que miles de niños palestinos se quedaron sin escuelas.
En las redes sociales israelíes se airean agresivamente otro tipo de secuelas cotidianas. Hay casos de conversaciones en medios de transporte público entre soldados que regresaron de Gaza y que relatan barbaridades en las que participaron, que fueron captadas por quienes luego publicaron los contenidos en las redes sociales, generándose todo tipo de reacciones muy agresivas.
Si bien todavía hay una mayoría social que como venganza ante el 7 de octubre está dispuesta a justificar y apoyar barbaridades, ya hay fuertes cuestionamientos a los crímenes de guerra y pérdida de humanidad en crecientes sectores de la sociedad, lo que produce choques muy agresivos que, por ahora, se dan más en las redes sociales que en las calles.
A este panorama hay que agregar la incertidumbre por las cambiantes señales que da el presidente estadounidense, Donald Trump, que esta semana visitará Medio Oriente sin pasar por Israel. La prensa israelí publica acerca de un enfriamiento en las relaciones entre Trump y Netanyahu.
Sin duda, ante los hutíes de Yemen, Trump prefirió llegar a un acuerdo por separado, que permite el paso libre de ataques a buques estadounidenses, y dejar a Israel solo bombardeando puertos y aeropuertos como respuesta al desafío de los misiles yemenitas.
Un encontronazo estratégico puede darse si tienen éxito las negociaciones de Trump con Irán sobre su programa nuclear.
Sin embargo, lo más importante será en torno a Gaza. Interesado en llegar a acuerdos billonarios con Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar: ¿estará Trump dispuesto a forzar a Israel a frenar la operación que ha puesto en marcha?