Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionó por primera vez en Uruguay. Ayer, mediante un extenso comunicado de prensa, este organismo agradeció la hospitalidad recibida y reconoció diversos avances de la sociedad uruguaya en la materia de la que se ocupa, pero también lamentó que, mientras se realizaban las sesiones, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) “haya emitido una sentencia en que declara inconstitucional la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad perpetrados en la dictadura, lo cual es contrario a las obligaciones internacionales de Uruguay en materia de derechos humanos y a los estándares interamericanos”. Le faltó decir que el Estado uruguayo en su conjunto incumplió, una vez más, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “caso Gelman”, dictada el 24 de febrero de 2011 (disponible en internet; ver en especial el párrafo 254).

La cuestión de fondo es si los crímenes del terrorismo de Estado prescribieron (o sea, si se extinguió, pasado determinado plazo, la posibilidad de juzgarlos) o si, por tratarse de delitos de lesa humanidad, no prescriben, según se ha establecido en acuerdos internacionales aceptados por Uruguay. Esto se vincula, a su vez, con discusiones jurídicas acerca del momento en que nuestro país asumió el compromiso de respetar tales acuerdos, y con el significado de ese compromiso en relación con actos anteriores a él. En todo caso, la impresentable situación uruguaya es que, a medida que ha ido cambiando la integración de la SCJ, debido a pases a retiro y nuevas incorporaciones, ese organismo ha tomado a veces una posición y a veces otra (un hecho que debería hacer reflexionar a quienes todavía creen que el derecho es inmutable e inequívoco). La “seguridad jurídica”, tantas veces invocada por causas menos nobles, se les niega a las víctimas de las peores violaciones de la Constitución y las leyes.

Aprovechando esa indefinición y de muchas otras formas, los abogados de las personas acusadas de violaciones de los derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado han logrado frenar la mayor parte de los procesos. El jueves de esta semana hubo una movilización en la plaza Cagancha para protestar por el estancamiento de más de 300 trámites judiciales. Por otra parte, sucesivos organismos formados desde el Poder Ejecutivo para avanzar hacia la verdad y la justicia han obtenido resultados magros o erróneos, porque han carecido de los mínimos recursos necesarios para su tarea o porque sus integrantes fueron engañados, entre otros posibles motivos.

En el tiempo transcurrido desde que se cometieron los crímenes, los bebés se volvieron adultos, y los adultos, ancianos; el país ha cambiado mucho, pero la impunidad se mantuvo para la mayoría de los victimarios. Mientras los poderes del Estado flotan, como indiferentes, dentro de una nube gaseosa, la vergüenza no prescribe; la monstruosidad no cesa, y todos somos víctimas, todos familiares. La verdad y la justicia que faltan nos hacen menos libres, menos capaces de construir democracia. Por eso, la voluntad de lograr que nuestro país enderece su rumbo tampoco prescribe.