Hace varios años, el periodista Samuel Blixen denunció la existencia de archivos de la inteligencia militar montados a partir de un sistema de informantes. La publicación de la semana pasada constituiría, entonces, la confirmación de sus hipótesis. En los meses previos, Blixen había publicado diversos artículos en los que hacía referencias fragmentarias a estos hechos. Tanto en los artículos con informaciones parciales como en el caso de los materiales puestos en línea la semana pasada, se trata de documentos producidos por el Estado, que se encuentran en situación de reserva y, por ese motivo, tampoco conocemos cuál fue el mecanismo de acceso por parte del periodista.

Otro de los asuntos denunciados por Blixen desde hace varios años refería a la existencia de otro archivo en la casa del fallecido coronel Elmar Castiglioni, cuestión que también fue confirmada en octubre de 2015 tras su incautación por la Justicia. En cualquiera de los dos casos, se trata de asuntos denunciados por este periodista mucho tiempo atrás y que siempre generaron ciertos niveles de suspicacia en buena parte de la comunidad implicada con dichas investigaciones.

Los motivos de intriga y confusión están posiblemente asociados a que los mecanismos de acceso establecidos por el Estado desde mediados de la década de 2000 son de carácter discrecional. Esto genera un ambiente de opacidad y falta de transparencia que se traduce en la forma en que estos son utilizados en publicaciones de diverso tipo.

Me permito, entonces, realizar algunas aclaraciones sobre ciertos términos que vulgarmente se utilizan de manera equivocada y que refieren a la actividad de identificación y puesta en acceso de los archivos públicos.

Como bien lo aclara el semanario, estos documentos son las copias de una porción de las digitalizaciones del archivo. Se trata de copias que este medio obtuvo por fuentes no conocidas públicamente. Por lo tanto, si bien pueden ser de gran utilidad para el conocimiento del pasado más reciente, develando aspectos de la vida institucional que no precisamente nos enaltecen como país, su utilización ante la Justicia debe contar con la debida legalización por parte de los organismos que efectivamente son custodios de esta documentación en la actualidad.

Se trata entonces de una pequeña porción del archivo lacrado y trasladado a pedido de la ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti en 2006, desde los dependencias de la inteligencia militar a la Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional.

Con el traslado de este archivo, se produjo –hace una década– la primera sistematización de documentos producidos en dependencias militares, referidos a actividades de inteligencia y seguimiento de las personas durante el pasado reciente.

Hasta el momento en que Berrutti identificó este acervo documental, todas las autoridades habían insistido en que los archivos habían sido destruidos y quemados, no siendo posible contar con documentación sobre el período en este tipo de dependencias.

Se trataba de rollos de microfilms con copias de documentos producidos por diferentes dependencias de la inteligencia militar desde los inicios de la década de 1970 hasta la década de 1990. Por orden de la ministra, la documentación fue digitalizada en forma íntegra. Los trabajos culminaron durante el mandato de su continuador, José Bayardi, quien en 2008 entregó los materiales tal y como se había programado. La colección completa de materiales analógicos fue trasladada al Archivo General de la Nación, junto con una copia del archivo ya digitalizado para su conservación en una bóveda específica. Otra copia quedó bajo custodia del Ministerio de Defensa Nacional y la tercera fue entregada a Presidencia de la República para el cumplimiento de las actividades de investigación encomendadas a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

Estos fondos documentales permanecieron bajo reserva debido a los mecanismos de acceso discrecional establecidos por el Poder Ejecutivo mencionados anteriormente. No se trata de archivos que estén comprendidos en la legislación amparada por la Ley de Protección de Datos Personales, porque la recolección de informaciones sobre personas fue hecha de forma ilegal e ilegítima.

Como la desclasificación de documentos de archivo en Uruguay constituye un asunto de orden general y no refiere específicamente a los archivos producidos en el pasado reciente, me permito citar comentarios de José Pedro Barrán en 2001, en relación a un proyecto sobre los archivos del movimiento sindical, dirigido por Rodolfo Porrini y del cual fui partícipe. Si bien Barrán celebró la iniciativa, con su espíritu crítico indoblegable nos aclaró que probablemente uno de los principales archivos para conocer a los trabajadores organizados era el de la Policía. Eran los documentos que mostraban al “otro”, considerado peligroso para el orden público, pero también brindaban informaciones sobre su existencia en el pasado y su significación para quienes construían un sentido común de lo que era el “orden público”. La hipótesis del profesor en relación al interés de los servicios de inteligencia por seguir a los trabajadores organizados se ha confirmado de forma sistemática con las desclasificaciones parciales conocidas en los últimos años. En aquel momento, el catedrático del Departamento de Historia del Uruguay, uno de los historiadores más prestigiosos en el país, comentó humildemente, en aquel subsuelo de la Facultad de Humanidades, que desde hacía muchos años solicitaban el acceso a los archivos de la Policía, principalmente los referidos a la década del 40, y los denegaban de forma sistemática. Señalo, por mi parte, que 17 años después los archivos de la DNII producidos en la década de 1940 siguen teniendo un acceso restringido.

En aquella oportunidad, el profesor Barrán también comentó que los archivos privados de personas con responsabilidades públicas constituyen en sí mismos documentación de interés para comprender diferentes dimensiones de la vida social en las que lo público y lo privado suelen confundirse. Mencionó en aquel entonces que el archivo personal de José Batlle y Ordóñez, el presidente de la República que había promovido las primeras medidas institucionales y legislativas a favor de las clases trabajadoras, se encontraba en poder de la familia y solo había sido consultado por un investigador extranjero. Aquellas palabras del profesor sobre los archivos privados de interés público y los archivos públicos que refieren a personas u organizaciones privadas resuenan en mi cabeza desde el viernes de la semana pasada.

También por aquellos años, 2005 o 2006, el ministro del Interior, José Díaz, había declarado la intención de convertir el archivo de la DNII en un archivo histórico, como señal política de que este tipo de seguimientos de las personas formarían parte de una etapa superada de la vida del país. Sería bueno retomar la discusión en estos términos.

Isabel Wschebor Pellegrino