Anteayer fracasó la iniciativa oficialista que buscaba interrumpir el receso legislativo para aprobar una ley que regula el financiamiento de las campañas partidarias mediante la puesta en práctica de rendiciones de cuentas obligatorias y con el monitoreo de la Corte Electoral. Aunque el asunto volverá a tratarse en febrero, cuando el Parlamento retome su actividad, su posposición es una señal compleja respecto del sistema de partidos, en momentos en que este se ve cuestionado en su totalidad.
Las denuncias de corrupción y nepotismo afectaron a todos los grandes partidos políticos. Los casos de los frenteamplistas Raúl Sendic y Leonardo de León, los de intendentes blancos como Agustín Bascou, Adriana Peña y Pablo Caram, los de varios dirigentes colorados de Maldonado, por hablar sólo de los más resonantes, fueron noticia durante los últimos dos años. Aunque, y como es notorio, el Frente Amplio ha buscado sancionar a quienes, entre sus filas, cometieron faltas éticas en el ejercicio del poder, todavía es incierto el resultado de ese imprescindible intento purificador. En todo caso, las acusaciones cruzadas entre diversas tiendas políticas no han cesado, y nada indica que, año electoral en ciernes, estén cerca de concluir. Es difícil estimar qué sector habrá obtenido mejores resultados con este esquema, pero no es aventurado concluir que la imagen de la actividad política, en su conjunto, ha resultado perjudicada. Tal vez sea innecesario recordar que una vez que se instalan sensaciones generalizadas del tipo “son todos iguales” o “que se vayan todos” no suelen sobrevenir primaveras democráticas.
En este contexto, se vuelven necesarios proyectos, como el mencionado y otros, como el de la regulación de los viáticos que reciben los representantes y los jerarcas públicos, tendientes a transparentar las distintas facetas de la actividad política y de la función pública. La regulación del financiamiento de las campañas electorales, además, supone un beneficio no sólo a nivel de imagen. Al procurar un emparejamiento de las condiciones en que compiten los distintos partidos, posibilitará un ahorro en los gastos de campaña de cada sector. Así, el proyecto atacaría uno de los principales problemas que afectan a diversas fuerzas políticas de la región: cómo solventar su propio funcionamiento. Si los esquemas de corrupción montados para financiar campañas ocupan grandes titulares, no son menos nocivos para el funcionamiento democrático los compromisos reservados en los que incurren los dirigentes con sus donantes más poderosos.
Tal vez con ese objetivo superior en mente, hace unos meses, cuando comenzó a esbozarse el proyecto parlamentario parecía haberse logrado un gran consenso interpartidario tendiente a su aprobación. Es posible que en el tiempo transcurrido algunos actores hayan estimado que, por intereses particulares, les convendría esperar hasta la realización de las próximas elecciones nacionales para poner en práctica la iniciativa, y sin duda es de lamentar que el proyecto arribe a la discusión parlamentaria a menos de un año de los comicios de 2019. Sin embargo, más allá de los cálculos políticos y de los puntos todavía perfectibles del proyecto de ley que hicieron fracasar la iniciativa esta semana, es necesario que sea debatida en el lugar y de la forma que corresponde discutir los temas que afectan al futuro del sistema democrático.