Por estos días el senador nacionalista Álvaro Delgado es centro de controversias debido a que explota un terreno concedido por el Instituto Nacional de Colonización. En lo estrictamente normativo, su defensa apela a la legalidad de la solicitud de tierras que, según argumenta, fue realizada cuando ya había dejado de ser secretario del ministro de Transporte y Obras Públicas, durante el mandato de Luis Alberto Lacalle Herrera. Pero además, el dirigente blanco maneja otra clase de argumentos: afirma que en realidad se lo intenta perjudicar por su papel en la investigadora parlamentaria sobre la gestión de ANCAP, en la que tuvo protagonismo en 2016 y 2017.

La polémica concesión de tierras estatales bajo el régimen de “renta diferencial” por la que se han beneficiado Delgado y los también nacionalistas intendentes de Maldonado (Enrique Antía), Flores (Fernando Echeverría) y Artigas (Pablo Caram) comenzó con una investigación del semanario Búsqueda publicada en julio de 2016 y recuperó visibilidad el lunes, cuando la volvió a poner en circulación el frenteamplista Aníbal Pereyra, intendente de Rocha, que hace unos años, en su etapa como diputado, ya había denunciado la situación.

El contexto ahora es otro: hace unos días Delgado cuestionó las medidas que anunció el gobierno para atender la situación de los productores rurales autoconvocados. Lo hace en sintonía con lo manifestado por su líder, el senador Luis Alberto Lacalle Pou, que esta semana se alineó con los autocovocados en sus reclamos de austeridad en el manejo de los asuntos públicos. Rápidamente, voces afines al oficialismo le recordaron que lo público también incluye los gobiernos departamentales, en los que varios intendentes del partido de Lacalle atraviesan denuncias por enriquecimiento ilícito, en algunos casos, además de ser responsables del ingreso de numerosos funcionarios municipales y del aumento de retribuciones a quienes ocupan cargos de confianza.

Este intercambio de acusaciones graves no comenzó la semana pasada –obviamente–, sino mucho más atrás, pero conoció una pausa en setiembre del año pasado, cuando, tras la admirable actuación del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, los legisladores de todos los partidos acordaron votar sin debate la salida del vicepresidente Raúl Sendic. Entonces, parecía que los representantes del oficialismo y la oposición habían comprendido que también estaba en juego algo más: la credibilidad del sistema político en su conjunto. Sin embargo, al poco tiempo, los dirigentes partidarios retomaron las acusaciones cruzadas, como si el pacto de no agresión hubiera caducado apenas disuelta la Asamblea General.

Las demandas de los autoconvocados, a los que diversos actores políticos buscan responder, son muchas, y en varios casos, contradictoras, lo que hace muy difícil o imposible satisfacerlas en su totalidad. Sin embargo, del carácter heterogéneo de los planteos, y de algunos puntos específicos, emergen pautas generales. Una de ellas es la de cierta disconformidad con el sistema político como tal. Los cruces de acusaciones entre el oficialismo y la oposición –que en esto incluye también al Partido Colorado, cuya situación en Maldonado se complicó a partir de la estafa del Cambio Nelson– no hacen sino reforzar esa idea de que “son todos iguales”.

Sin dudas, la deriva de los países vecinos puede indicar que es posible obtener rédito político tras centrar la discusión en estos términos. Lo que no parece tenerse en cuenta es que se trata de una dinámica que difícilmente deje a grandes actores impunes. Por el contrario, lo que parece primar es la comprobación de que, a pesar del clamor por el “que se vayan todos”, siempre “alguno” queda. Por eso, es bueno recordar que las credenciales democráticas de ese “alguien” no son independientes de la erosión de la confianza pública.