Uruguay se presentó ante el Examen Periódico Universal (EPU), en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Este mecanismo fue creado en 2006 por la comunidad internacional para evaluar la situación de derechos humanos de todos los Estados que la conforman. Se analiza y evalúa a todos los países en forma periódica y todos los derechos, sean civiles y políticos, económicos, sociales y culturales o colectivos.

El mecanismo consolida la idea de “políticas públicas” como la forma en la que los Estados deben abordar los temas sustantivos en derechos humanos. Esta visión supera, así, el concepto de que un “no hacer” era suficiente para cumplir con las obligaciones en la materia.

El EPU es un método de supervisión mucho más equilibrado, transparente y sistemático que los anteriores. La metodología es novedosa. El procedimiento comienza con un documento que realiza cada país; en el caso de Uruguay, lo envió en noviembre de 2018 y recoge los informes de avance de medio período en 2009 y 2014. La realización de estas presentaciones estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y contó con la colaboración de todos los poderes y organismos del Estado. El informe contiene un resumen final de los logros alcanzados, así como de los temas que tienen una resolución avanzada y los que no tuvieron avances aún. Los otros Estados pueden hacer preguntas y observaciones; en este caso ascendieron a 226 formuladas por 89 países.

El Consejo de Derechos Humanos presenta otro informe, que es una compilación de las observaciones de las agencias de Naciones Unidas en la materia y de los relatores especiales de carácter temático. Además, las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel protagónico tanto en la conformación del informe como en la sesión de presentación de este.

Luego, se realiza una sesión pública en la que se analizan todos los documentos. Estos son presentados por tres países, que en este caso fueron México, Bahréin y Sudáfrica. A posteriori Uruguay hace una presentación en sala a los efectos de responder a las preguntas que le formulen los otros Estados.

A esa sesión asistió una importante delegación uruguaya, presidida por el vicecanciller Ariel Bergamino e integrada por representantes de los tres poderes del Estado más el Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario y la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La lectura de los documentos mencionados, más la presentación en la sesión, mostró un esfuerzo sincero como país en el sentido de identificar situaciones y problemas sin intentar ocultarlos, señalando los avances y las dificultades.

Uruguay es parte de las nueve convenciones más importantes en materia de derechos humanos a nivel universal, así como también ha ratificado las de carácter regional. El presidente de la delegación expresó que “la agenda de derechos humanos es transversal a todas las políticas nacionales y la consideración y promoción de los derechos fundamentales de todas las personas y las acciones afirmativas a los grupos vulnerables son elementos sustantivos en la confección de la agenda nacional”.

Uruguay adelantó que aceptará las recomendaciones del informe final, que incluye un conjunto de temas diversos como la situación de las mujeres, la discriminación de personas por opción sexual, la situación de niños, niñas y adolescentes y del sistema de justicia y penitenciario.

Sería interesante y saludable para la democracia que todos los partidos expresaran su opinión, por una parte acerca de mantener la metodología de trabajo de Uruguay con relación al EPU, así como su abordaje de los temas importantes tratados en el informe final que se conocerá en los próximos días.

Es bueno tener presente que las políticas públicas son el conjunto de definiciones y acciones tomadas por el Estado y la sociedad para abordar determinado asunto socialmente relevante. Si hay una ausencia de política pública expresa, ya sea por negar o minimizar un problema o situación, eso en sí mismo es una política pública, probablemente la peor de todas. Es mucho más saludable y productivo tener una política pública explícita. Una que identifique una situación y señale las acciones que se llevarán adelante, que deberían ser sostenibles en el tiempo y asumidas por el Estado, pero también por otros actores relevantes de la sociedad como las organizaciones no gubernamentales.

El concepto de derechos humanos puede abordarse desde un compromiso ético, una expresión sustantiva o fáctica, un sentimiento empático o emotivo, o un conjunto de normas de derecho que hacen que la persona los ostente por la sola condición de ser humano. Este último enfrenta las concepciones que ubican al Estado como sujeto soberano, que es el único que puede disponer y establecer derechos. Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se han limitado las capacidades estatales de los estados nacionales mediante el derecho internacional público y el derecho internacional de protección de los derechos humanos.

Sabemos que vivimos en un mundo global que, en el desarrollo del transporte, el comercio y las comunicaciones, se ha vuelto más intercomunicado e interrelacionado. Este mundo permite en forma exponencial aprovechar y optimizar las relaciones económicas y el desarrollo de nuestros pueblos, pero al mismo tiempo hace que los impactos de la globalización acarreen mayores peligros y situaciones que vulneran los derechos humanos.

El tráfico de personas, de armas y sustancias prohibidas y el lavado de activos, en el marco de organizaciones criminales a gran escala como son el narcotráfico y el crimen organizado transnacional se aprovechan de las oportunidades de la globalización para el beneficio de criminales y mafiosos. Asimismo, para el aliento de actividades terroristas a gran escala.

La globalización significa también el enorme poderío económico, tecnológico y financiero de grandes conglomerados empresariales que no tienen límite en su desarrollo, incluso planteando un esquema de derecho que pretende aislarlos de las normas de protección de los derechos humanos.

En este mundo globalizado, los pueblos de este continente se ubican en una de las regiones más desiguales del planeta, de índices alarmantes de pobreza extrema e indigencia, con un nivel de violencia urbana que los hace uno de los territorios más peligrosos del planeta. Asimismo, presenta altos niveles de migración y desplazamiento de millones de personas en busca de mejores condiciones de vida.

Es entonces que debemos analizar dónde estamos ubicados en cuestiones de políticas públicas. Algunos autores de prestigio de la academia han señalado diferentes criterios en cuanto a observar la vigencia de los derechos humanos. Algunos han puesto el énfasis en diferenciar las violaciones masivas y sistemáticas de las aisladas y puntuales, en particular con relación a los derechos económicos, sociales y culturales, el trato a las minorías o colectivos vulnerables, o las derivadas de situaciones del pasado reciente. Otros han señalado como objeto de clasificación al pasado reciente, la legislación, las situaciones derivadas del conflicto armado, las violaciones endémicas y las fallas de los derechos económicos, sociales y culturales.

Prefiero poner énfasis en la adopción por parte de los Estados de estándares mínimos en los compromisos internacionales y su internalización; el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de protección y la adopción de otros nuevos para abordar fenómenos no comprendidos en los existentes; el trato a las situaciones del pasado reciente de actuación ilegal del Estado o de situaciones de terrorismo de Estado y las acciones en pos de la verdad, la memoria y la justicia, así como las situaciones de violación producto de cuadros endémicos, en particular de los colectivos más vulnerables o en caso de crisis social, política o económica.

Pero visto el momento particular que estamos atravesando regionalmente, no deberíamos olvidar que el principal presupuesto para la existencia de políticas públicas en materia de derechos humanos es que vivamos en sociedades en paz. La guerra es una de las grandes generadoras de vulneración de derechos y el principal condicionante para la afrenta de la dignidad de las personas. Nuestro continente afronta muchas situaciones que en el mejor de los casos no favorecen la plena vigencia de los derechos humanos y otras que son directamente negatorias de estos. Sin embargo, el continente ha sido un espacio de paz interestatal y ese especial registro histórico no debiera dejar de ser así. No se trata de tomar partido en tal o cual situación política, pero debe ponerse especial énfasis en rechazar toda hipótesis de intervención armada que agrave aún más los problemas.

En materia de políticas públicas de derechos humanos, hay ciertos presupuestos que deberíamos tener presentes para la implementación. Se deben plantear políticas públicas que perduren en el tiempo desde la institucionalidad, que muchas veces está reflejada en la ley como parte del respeto y construcción del Estado de derecho. Ese Estado de derecho que garantice el pleno funcionamiento de una sociedad democrática con pleno goce de libertades de expresión y asociación, y con instituciones y poderes públicos que funcionen adecuadamente.

Esas políticas públicas deben tener en cuenta la educación como un factor fundamental para su sustento y durabilidad en el tiempo. Una educación de calidad en valores de la dignidad humana es el mayor seguro para que esta se mantenga y se desarrolle en el marco de una sociedad democrática.

Las políticas públicas deben tener respaldo presupuestal adecuado para la consecución de objetivos determinados. No es posible sostener una política pública si no se discuten los fondos que se tendrán para su instalación, ejecución y evaluación.

Las políticas públicas no deben prescindir de la sociedad civil organizada, cada uno desde su lugar respetándose las particularidades de cada uno, en especial la capacidad de crítica que las organizaciones no gubernamentales deben tener y desarrollar.

Las políticas públicas deben dar espacio al involucramiento de la academia y del pensamiento sistemático que aborde los problemas con libertad. No puede caerse en el simple voluntarismo, desconociendo los avances de las diversas disciplinas que permiten un mejor abordaje de los complejos problemas sociales en los que debemos intervenir.

Debe asumirse que las organizaciones intergubernamentales, tanto del sistema universal como regional, tienen un rol esencial a desempeñar en la consolidación plena y en la construcción permanente de los derechos humanos, sin perjuicio de que no deben estar exentos de la sana crítica para mejorar su impacto y vigencia.

Volviendo al comienzo de la presentación de Uruguay ante el EPU, deberíamos estar muy orgullosos de que nuestro país haya presentado un informe sincero sobre los avances y desafíos que tiene en materia de derechos humanos, reflejo de las políticas públicas llevadas adelante en estos últimos años. Sabemos además que esa agenda debe regionalizarse pues hay situaciones que sólo pueden resolverse o mitigarse desde un esfuerzo mancomunado de estados, sociedad civil y la academia.

Felipe Michelini es abogado, docente universitario en derechos humanos y ex legislador.