El ex comandante en jefe del Ejército, el general Guido Manini Ríos, fue destituido el martes 12 por asumir una actitud “absolutamente incompatible con el cargo en que venía desempeñándose”, como señaló el presidente Tabaré Vázquez. Pero hay más que decir acerca de tal actitud, y varios actores partidarios de primer orden no han estado a la altura de las circunstancias.

Manini planteó que “en muchas oportunidades” el Poder Judicial no les ha dado garantías a los militares acusados de violaciones de los derechos humanos. Agregó que “muchas veces” fueron considerados culpables antes de ser juzgados, y condenados “en base a conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes”. Hizo esas afirmaciones en defensa de los fallos del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores Nº 1 sobre la conducta de Luis Maurente, Jorge Silveira y José Nino Gavazzo (nada menos): la Justicia condenó a los tres por múltiples crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado, pero ese tribunal militar consideró que su participación en ellos no está suficientemente aclarada.

Los argumentos del Tribunal de Honor y de Manini no sólo fueron impertinentes, sino también engañosos. Si algún militar inocente estuviera preso sería porque hay, desde hace muchos años, militares y civiles que callan, y porque otros han aceptado y amparado ese silencio. Manini ha sido uno de ellos, y es importante comprender por qué.

Quizá el general sienta que participa en una confrontación con “los centros de poder mundial” y sus “piones bien pagos” en Uruguay, a quienes considera “siempre dispuestos a ejecutar un perverso libreto que lleve a la destrucción de nuestras instituciones y deje a los uruguayos en el más absoluto estado de indefensión”. Por lo menos, así lo dijo en el mensaje que difundió el miércoles 13 (usurpando medios de los que ya no le correspondía disponer), en una parrafada con ecos del pensamiento de Eleuterio Fernández Huidobro y de la derecha antiglobalista contemporánea. Quizá piensa que la rebaja de ciertos privilegios y la condena de algunos delincuentes largamente impunes son parte de esos perversos planes, porque afectan al Ejército, al que en el mismo mensaje llamó “esperanza de los más desesperados”. Quizá, simplemente, todo se explique por su adoctrinamiento en dictadura y porque defiende la suculenta jubilación que va a percibir.

En todo caso, ante posiciones como las de Manini, los dirigentes partidarios –y muy en especial los que aspiran a la presidencia– deberían dejar momentáneamente a un lado sus intereses electorales inmediatos, para cerrar filas en la defensa de los valores democráticos y republicanos que tanto reivindican. No ayuda mucho, en este sentido, afirmar que fue “un digno comandante” y que “respetó la Constitución y la ley”, como dijo Luis Lacalle Pou. O que sería un excelente ministro de Defensa Nacional, como opinó Verónica Alonso. O que su destitución “no tiene nada que ver con la búsqueda de los restos de desaparecidos”, que es “una causa sagrada” de la que “nadie ha estado en contra”, como tuvo el tupé de sostener Julio María Sanguinetti.