La política de Estados Unidos hacia Venezuela no está motivada por una preocupación por la democracia o los derechos humanos. Y su intervención arrogante está empeorando la crisis humanitaria de ese país.
Venezuela está experimentando una profunda crisis humanitaria. Cualquier intento de negarlo es repudiable, ya que ignora el sufrimiento masivo del pueblo venezolano.
La crisis ha eliminado prácticamente los innegables e impresionantes logros sociales alcanzados entre 2003 y 2013, cuando Venezuela observó reducciones masivas de la pobreza y la desigualdad y mejoró drásticamente los estándares de vida. La crisis también ha erosionado gravemente los logros políticos igualmente destacables e innegables del chavismo, como el significativo (aunque desigual) empoderamiento de sectores de la sociedad anteriormente excluidos de la política. Debemos reconocer estas pérdidas sin rendirnos a la narrativa que proclama que el chavismo estaba condenado al fracaso desde el principio. Esta narración debe rechazarse no sólo porque es falsa, sino también porque forma parte de un proyecto reaccionario más amplio de demonizar al chavismo y al proyecto de la izquierda de construir un mundo mejor. También debemos rechazar la narrativa de que el chavismo está “muerto”. Aunque están gravemente golpeados, los movimientos populares que son el corazón del chavismo no han desaparecido: estos movimientos continúan luchando y serán de vital importancia para determinar el futuro de Venezuela.
Los orígenes de la crisis son complejos e involucran una combinación de factores de largo, mediano y corto plazo, entre los que se incluyen: la dependencia del petróleo en Venezuela, que tiene un siglo de antigüedad y que a su vez es un legado del orden mundial capitalista y la posición periférica de Venezuela en este orden; medidas gubernamentales erradas, particularmente relacionadas con la política monetaria; la represión gubernamental de la protesta pacífica y la disidencia en medio de un giro más amplio que aleja al gobierno venezolano de la democracia política y lo encamina hacia un régimen autoritario; acciones de la oposición como el acaparamiento especulativo de bienes, el asesinato de civiles y personal del gobierno, y daños intencionales a la infraestructura y los recursos públicos, incluidas las instalaciones médicas y los alimentos almacenados; las acciones del gobierno de Estados Unidos, incluido el apoyo abierto y encubierto a los sectores más violentos de la oposición, y los efectos directos e indirectos de las sanciones que desde al menos 2015 han privado al gobierno venezolano de importantes fondos, principalmente negándole el acceso a los mercados crediticios internacionales.
Las acciones recientes de Estados Unidos, en particular las sanciones impuestas en agosto de 2017 y enero de 2019, han exacerbado gravemente la crisis y ahora deben considerarse una de las principales causas inmediatas de la situación extremadamente grave que enfrentan millones de venezolanos. Un informe reciente estima que las sanciones de agosto de 2017 causaron 40.000 muertes adicionales en Venezuela a fines de 2018. Si bien este número es imposible de verificar, y puede ser demasiado alto o demasiado bajo, es ilógico y repudiable negar que las sanciones de Estados Unidos han producido mucho más sufrimiento en Venezuela.
La política de Estados Unidos respecto de Venezuela no está motivada por una preocupación por la democracia, los derechos humanos o el humanitarismo. Washington siempre ha respaldado a regímenes con registros políticos y de derechos humanos que a menudo son mucho peores que los del gobierno de Nicolás Maduro, incluidos Arabia Saudita, Colombia (donde ser activista suele ser una sentencia de muerte), Brasil, Honduras y Haití. Varios de estos países han celebrado recientemente elecciones profundamente cuestionables o abiertamente fraudulentas que, sin embargo, son reconocidas por Estados Unidos. La falta de preocupación real de Washington por el sufrimiento de los venezolanos también es evidente: ¿cómo interpretar la disposición a bromear de los funcionarios de Donald Trump al decir que Estados Unidos está “ahorcando económicamente” al régimen de Nicolás Maduro “como Darth Vader en Star Wars”? Consideremos también la reciente decisión de Estados Unidos de poner fin a todos los vuelos a Venezuela, que según The New York Times, es probable que profundice significativamente el nivel ya catastrófico de sufrimiento humano.
Además de ser inmoral, ilegal e hipócrita, el apoyo abierto de Estados Unidos al cambio de régimen ha sido extremadamente ineficaz. A pesar de casi cuatro meses de agresión ininterrumpida de Estados Unidos, Maduro continúa en el cargo, con un apoyo aparentemente sólido de los niveles superiores de los militares y el Estado. Las acciones de Estados Unidos también parecen haber consolidado el respaldo a Maduro entre los sectores populares de Venezuela: según los organizadores chavistas de base, a principios de enero de 2019 hubo una creciente movilización del sector popular contra Maduro, pero desde que Juan Guaidó se autoproclamó presidente, los líderes chavistas locales han respaldado a Maduro, a pesar de sus feroces críticas (y hasta rechazo) hacia su liderazgo.
Estados Unidos ha socavado repetidamente los intentos de resolver la crisis de Venezuela de manera pacífica por medio de negociaciones entre oposición y gobierno. Al hacerlo, Washington ha aumentado las posibilidades de que la crisis se resuelva por medio de la violencia.
Las acciones de Juan Guaidó han hecho que la situación en Venezuela sea más peligrosa de varias maneras: aumentando la probabilidad de acción militar de Estados Unidos, que él ha pedido abiertamente; socavando los intentos de sectores de oposición moderada más abiertos a las negociaciones y al diálogo; casando a la oposición con Estados Unidos, lo que reduce la posibilidad de que la oposición defina medidas positivas para revertir la crisis de Venezuela y que apele más directamente a los sectores populares que critican a Maduro pero que desconfían de la oposición y de Estados Unidos; no condenando la peligrosa voluntad de venganza de sus simpatizantes más cercanos, como su “embajador de Estados Unidos” Carlos Vecchio, quien proclamó que estaba cortando la electricidad en la embajada de Venezuela en Washington DC para brindar a los activistas del Colectivo de Protección de Embajada un poco de la experiencia que se estaba viviendo en Venezuela; y no condenando la terrible violencia reciente de la oposición, como el saqueo e incendio de la sede de la Comuna Indio Caricuao en el sudoeste de Caracas, que ocurrió a raíz del intento de golpe de Estado desesperado y cómicamente inútil de Guaidó el 30 de abril.
La popularidad de Juan Guaidó en Venezuela parece haber disminuido, pero la evidencia disponible sugiere que este sigue siendo popular y que goza de cierto apoyo del pueblo. Para algunos, y particularmente para los sectores populares, el apoyo a Guaidó probablemente se relaciona más con su estatura como el oponente más prominente de Maduro que con el apoyo de Guaidó a las políticas pro mercado de la extrema derecha.
Las personas razonables pueden estar en desacuerdo sobre la conveniencia y la eficacia táctica de criticar abiertamente (o de apoyar) a Maduro, pero no debería haber un debate sobre la necesidad apremiante de que los estadounidenses se opongan a las sanciones y amenazas de guerra en todas sus formas. Los representantes y senadores deben apoyar una propuesta legislativa que prohíba la acción militar no autorizada en Venezuela. Los demócratas progresistas tienen que adoptar una posición más firme contra el intervencionismo estadounidense. Es preciso rechazar los esfuerzos de Guaidó y sus asociados para socavar las esperanzas de negociaciones asumiendo ilegalmente los puestos diplomáticos venezolanos, así como marchar y participar en otras acciones de protesta para oponerse a la guerra y a las sanciones de Estados Unidos.
Los intentos de cerrar el debate de la izquierda sobre Venezuela o de hacer del apoyo (u oposición) a Maduro una prueba de fuego para oponerse al intervencionismo estadounidense deben rechazarse, por tres razones. Primero, por principio. La izquierda debe defender el debate abierto y el respeto a las diferencias de opinión. Segundo, por razones sustantivas. La Revolución Bolivariana incluye un rico conjunto de lecciones positivas y negativas de lo que la izquierda debe y no debe hacer. Algunas de estas lecciones son obvias: las políticas que reducen la pobreza y la desigualdad y empoderan a muchos pueden ser políticamente muy populares y deberían ser apoyadas; los poderosos intereses nacionales y extranjeros se opondrán a tales políticas, y la izquierda debe pensar cómo lidiar con esto. Otras lecciones son menos obvias: ¿cómo podemos evitar los errores que han perseguido las revoluciones anteriores, incluidas las políticas económicas disfuncionales, un alejamiento de las bases y del poder popular, y la burocracia y la corrupción dentro del Estado? ¿Y cómo hacemos esto al mismo tiempo que nos defendemos contra la agresión interna y externa? Descubrir las respuestas a estas y otras preguntas urgentes es crucial. La única forma de hacerlo es por medio de un debate honesto y abierto. Finalmente, está la cuestión de la estrategia. Nos guste o no, el movimiento de solidaridad con Venezuela y, más en general, el movimiento antiimperialista, incluye a personas y a grupos con diversos puntos de vista sobre Maduro y Venezuela. Insistir en que todos compartan la misma perspectiva es pretender que ese movimiento se vuelva pequeño e irrelevante. También es mala política: podemos y debemos evitar el sectarismo sin renunciar a principios fundamentales como el igualitarismo, el antiimperialismo, el antirracismo, el feminismo y un compromiso compartido para construir un mundo inclusivo, profundamente democrático, no capitalista y ecológicamente sostenible.
Gabriel Hetland es sociólogo y docente del Departamento de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la Universidad de Albania, Estados Unidos. Esta columna se publicó originalmente en inglés en la revista Jacobin. Traducción: Natalia Uval.