Durante los últimos años se han logrado avances en materia de seguridad pública. Sin embargo, todavía no estamos conformes con los resultados. La realidad indica que los problemas persisten y que debemos seguir trabajando en la búsqueda de soluciones. Pero para eso resulta fundamental no banalizar el problema, darle la importancia que tiene y apostar por seguir avanzando en la construcción de una gestión adecuada a los problemas de violencia y delincuencia propios de esta época.

La delincuencia es multicausal ya que su existencia no puede atribuirse a una única razón. Vivimos en el continente más desigual y violento del mundo, donde el narcotráfico y el crimen organizado se han reproducido exponencialmente. Nuestro país –a pesar de ser el más igualitario del continente–, no ha sido ajeno a esta realidad. El problema del narcotráfico y el aumento de las bocas de drogas es una realidad que debemos atacar, ya que estas son las que generan muchos de los círculos de violencia que afectan la convivencia.

Todos sabemos de dónde venimos y la policía que heredamos de las administraciones blanquicoloradas. Funcionarios policiales con salarios de hambre, armamento vetusto, desactualización profesional y una organización inadecuada para el combate a la delincuencia. Todavía tenemos en el recuerdo aquella huelga policial de principios de la década del noventa, con la Policía reclamando por sus bajos ingresos. Durante la administración del Partido Nacional, la situación del funcionario era tan difícil que, arriesgando ser destituidos, igualmente optaron por la huelga. Lo que vino después no fue mucho mejor, ya que el atraso en materia salarial y de recursos materiales continuó acentuándose.

Recién durante las administraciones frenteamplistas comenzó a revertirse ese abandono. Una de las apuestas más fuertes que hicieron fue la dignificación del salario policial. En este sentido, principalmente durante la administración 2010-2015, la policía tuvo los mayores aumentos salariales de toda su historia. Además, se implementó una reestructura policial que incluyó la modernización de sus normas y la adquisición de nuevo armamento. Durante los gobiernos frenteamplistas se modificaron los protocolos de actuación, adaptándose a las nuevas modalidades delictivas. Justamente, todas las políticas implementadas tuvieron como consigna la profesionalización de la Policía.

Pero esto no es suficiente y debemos seguir trabajando. Para eso, el Frente Amplio cuenta con un programa único que contiene las políticas que implementaremos de cara al próximo gobierno. Del otro lado, la oposición no tiene una visión compartida del problema. Por un lado, está Jorge Larrañaga con su proyecto de Reforma Constitucional que pretende imponer una serie de medidas que lejos de traer soluciones, traerá más problemas. Sus propuestas, como el uso de militares para el combate a la delincuencia o el establecimiento de la cadena perpetua preceptiva a través del mandato constitucional, ni siquiera son compartidas por el candidato a la presidencia de su partido, Luis Lacalle Pou. En este contexto, con una oposición fragmentada y sin ideas claras, la del Frente Amplio es la única propuesta seria de cara al próximo gobierno.

Desde el Frente Amplio, estamos convencidos de que debemos trabajar por una sociedad más segura, menos violenta, integrada e integradora. Entendemos la seguridad pública como garantía para el ejercicio de los derechos de las personas. Un Estado que garantiza la seguridad de sus habitantes permite que estos puedan desarrollarse libremente. Por eso, nuestro programa reconoce el derecho de las personas a su seguridad personal, en el marco de la convivencia ciudadana.

Apostar por la convivencia como respuesta a la inseguridad implica poner el acento en las acciones preventivas que impidan no solo la ocurrencia de delitos sino de acciones violentas en general. La respuesta, una y mil veces, ha sido y es la promoción de políticas que permitan la generación de redes de convivencia, con una intervención integral e integradora de los diferentes actores del Estado. El Programa del Frente Amplio reconoce la necesidad de generar una potente articulación de las políticas públicas integrales, donde las redes sociales en cada territorio cuenten con la presencia de una Policía eficaz y profesional para la prevención y represión del delito y la violencia en general.

Esta política a aplicar no surge de la nada, sino del hecho demostrado de que la violencia se concentra principalmente en las zonas que durante décadas fueron abandonadas por el Estado, donde históricamente se han concentrado los mayores índices de pobreza e indigencia. De esta manera, las políticas de vivienda, educación, empleo, atención integral sanitaria, acceso a la justicia y a los servicios, deben ir acompañadas de acciones policiales en defensa de los derechos de las personas trabajadoras. Las acciones policiales deberán concentrarse en atacar las redes delictivas que hoy se asientan en dichas zonas de mayor vulnerabilidad social. En este sentido, se deberá poner el foco en el combate frontal al crimen organizado y al microtráfico, a través de una represión inteligente del delito.

Otro aspecto fundamental es la implementación de intervenciones estratégicas que promuevan el rediseño urbano y la inversión en infraestructura ciudadana. Esto significa continuar con la promoción de espacios públicos como plazas de convivencia, y así contribuir a su apropiación de parte de los vecinos. Esto debe incluir la formación de un cuerpo policial preparado para la acción en el territorio.

La reforma del sistema procesal penal que se implementó durante este gobierno tuvo como peculiaridad la búsqueda de una mayor participación de las víctimas del delito. En este sentido, estas han ido dejando de ser las grandes olvidadas del Proceso, pasando a ocupar un lugar. De cara al próximo gobierno debemos incrementar aún más las políticas destinadas a las víctimas del delito, en el entendido de que estas son las más afectadas por la delincuencia. A su vez, deberán ajustarse los protocolos de actuación que rigen el trabajo coordinado entre jueces, policías y fiscales. Este trabajo coordinado, que ha demostrado ser efectivo a la luz de los Operativos Mirador de intervención directa contra el crimen organizado, deberá continuarse de cara al próximo gobierno.

Otro de los temas que nos preocupa es la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Más allá de que debemos destacar el aumento de plazas y la fuerte reducción del hacinamiento, debemos trabajar en el día después: la vida de la persona más allá del centro de rehabilitación. Somos conscientes de que gran parte de las soluciones pasa por su reinserción en la sociedad. Debemos trabajar de manera decidida con aquellos que adoptaron la cultura del delito como medio de vida. El trabajo de la persona privada de libertad debe concebirse como un deber, ya que de eso depende en gran parte el éxito o el fracaso del proceso de rehabilitación.

Estos son algunos de los puntos que debemos desarrollar pensando en el cuarto gobierno del Frente Amplio. Ante una oposición carente de ideas claras, ante un Partido Nacional que no ha logrado siquiera elaborar un programa en común, está el Frente Amplio que presenta propuestas serias para seguir avanzando. Propuestas que reconocen todo lo hecho, pero que admiten la necesidad de reformular todo aquello que pudo no haber resultado, en la medida en que la seguridad pública sigue siendo uno de los principales problemas que preocupan a los uruguayos. Desde esa preocupación, surgen las nuevas propuestas que pretendemos implementar.

Charles Carrera es senador del Frente Amplio.