Pasó el episodio del pedido de suspensión de los fueros del senador Guido Manini Ríos y, más allá de su lamentable desenlace, quedó planteada una cuestión de fondo muy preocupante, centrada en intentos de descalificar y presionar al sistema judicial.

Esos intentos comenzaron antes de la solicitud de desafuero, y venían siendo protagonizados por el propio Manini y figuras menores de Cabildo Abierto (CA), con temerarios cuestionamientos a fiscales y jueces por la investigación del terrorismo de Estado. Fue justamente por eso que el ex presidente Tabaré Vázquez destituyó al general, cuando este era comandante en jefe del Ejército y, aunque hacía política en forma descarada, no había anunciado aún su intención de conducir un nuevo partido ni su deseo de “reinstalar la ley de caducidad”.

Hasta hoy continúa la maledicencia, que fue usada como excusa para que Manini no afrontara la acusación planteada por el fiscal Rodrigo Morosoli. Además, la situación ha empeorado: dirigentes y legisladores oficialistas que no integran CA también apelaron a esa excusa, al sostener expresamente o insinuar que Morosoli actuó para perjudicar políticamente al ex comandante, por iniciativa propia o por el indebido servicio de otras personas, y que no existían garantías de un juicio imparcial.

Todo esto es muy grave, porque puede causar un peligroso desprestigio del sistema judicial y también de los partidos, propiciando la visión de las instituciones democráticas como un gran lodazal y el deseo de que algún aprendiz de Mussolini lo deseque.

Los embates no cesan, y esta semana se puso en circulación el dislate de que Manini presentaría una denuncia contra Morosoli por “prevaricación”. En CA hay personas con formación jurídica, pero da la impresión de que no las consultan, o quizá más de uno finge demencia. El diccionario de la Real Academia Española define la prevaricación como el ‘delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta’, pero basta con ilustrarse un poquito más, aunque sea en Wikipedia, para saber que en Uruguay no está tipificado tal delito, y que lo que nuestro Código Penal define con el sinónimo prevaricato es algo muy distinto.

De todos modos, es claro que ese rumor disparatado cumple dos funciones. Por un lado, se intenta amortiguar la evidencia de que Manini no cumplió con su palabra y reforzar el relato fantasioso de que hubo una conspiración contra él. Por otro, se retoma la arremetida contra el sistema judicial. Para defender los intereses de un grupo de criminales, o para reivindicar su “lucha antisubversiva”, se socavan las bases del sistema republicano, y cabe pensar que todo es parte del mismo plan.

Mientras tanto, fiscales y jueces siguen adelante sin amedrentarse. Avanzan varias causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad, y se reafirma que estos no prescriben. Es reconfortante que no aparezcan oportunistas interesados en congraciarse con Manini y sus aliados; sería aún mejor que los socios del ex comandante en la “coalición multicolor” dejaran de jugar con fuego.