Una cosa es realizar una campaña electoral exitosa y otra es gobernar. Seguramente Luis Lacalle Pou se lo imaginaba, pero en estos días varios hechos le han mostrado hasta qué punto es más compleja la tarea que asumirá dentro de ocho días.

Sus socios indispensables en la “coalición multicolor”, el Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA), se reunieron el jueves para discutir asuntos de gobierno, sin la presencia de representantes del presidente electo. Luego anunciaron su desacuerdo con que el proyecto de ley de urgente consideración elimine el monopolio de ANCAP en el mercado de combustibles. Así pusieron de manifiesto que esa iniciativa, y cualquier otra que se quiera resolver en el Parlamento, sólo podrá ser aprobada con los votos de colorados y cabildantes. Por último, manifestaron que consideran necesario conducir la coalición en forma colectiva, en reuniones formales de todos los partidos involucrados.

En otras palabras, le recordaron al presidente electo que su futura investidura no lo convertirá en el jefe de cinco partidos (no es el líder de todos, aunque Todos se llame el sector nacionalista que lidera). En el mejor de los casos, será el “primero entre pares”, por lo menos en su relación con el PC y CA, salvo que prefiera gobernar mediante decretos o negociar con el Frente Amplio.

Incluso dentro del Partido Nacional (PN), el caso de Carlos Moreira (como los de varios otros acusados de irregularidades en gobiernos departamentales) indica que el mando sobre los caudillos locales es relativo, y que quizá el Honorable Directorio deba resignarse a dar sólo “órdenes razonables”, como las de aquel reyezuelo en el capítulo diez de El principito. Habrá que ver cómo incide esta situación en las futuras decisiones de gobierno.

A los cambios en la forma de tomar decisiones de la “coalición multicolor” se suma el problema de imagen que trae la detención de la contadora Cikurel. No es buena cosa que el gobierno entrante sea frágil y pierda credibilidad antes de asumir.

A lo antedicho se suma el impacto de la detención de la contadora Maya Cikurel Spiller, que corresponde aquilatar con precisión. Cikurel tiene, como cualquier otra persona, derecho a ser considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario, y sobre su pareja, Pablo da Silveira, no pesan acusaciones. Sin embargo, el golpe es duro para Lacalle Pou y su futuro gobierno.

Da Silveira no es como el intendente de Artigas, Pablo Caram, u otros personajes de la picaresca nacionalista, sino un académico con formación en filosofía y veleidades de filósofo. Integra el círculo más cercano de colaboradores del presidente electo, coordinó la articulación de su programa de gobierno y opera como referente ideológico de parte del PN, a menudo con pretensiones de superioridad intelectual y moral.

Todo eso multiplica los perjuicios políticos de su vínculo con Cikurel, por lo menos en términos de imagen. Sobre todo si tenemos en cuenta que los nacionalistas han sostenido, históricamente, posiciones bastante flexibles en lo referido al control del sistema financiero; que el anterior gobierno del PN no suele ser citado como ejemplo de probidad; y que Lacalle Pou quiere dejar sin efecto normas que previenen el lavado de activos.

No es una buena noticia que el gobierno entrante sea frágil y vulnerable, ni que pierda credibilidad antes de asumir. De cuidar al país debemos ocuparnos todos.