Hoy se cumplen 47 años del golpe de Estado que disolvió las cámaras el 27 de junio de 1973: quienes cumplieron 18 años ese día ya están en edad jubilatoria. Es mucho tiempo, y haberlo vivido se vuelve, cada vez más, “cosa de viejos”. Sin embargo, quedan muchas cuestiones pendientes en relación con el período de dictadura que comenzó formalmente aquel miércoles, y que se había gestado gradualmente antes.

Entre tales cuestiones, la más notoria es la de las personas detenidas que siguen desaparecidas. Se reclama tenazmente saber qué pasó con ellas, por obra de quiénes y dónde están sus restos, pero esa no es toda la verdad que necesitamos para llegar a la justicia. Resulta crucial esclarecer por qué, y no apenas en el terreno resbaladizo de las opiniones, sino como base sólida de nuestro futuro colectivo.

Es preciso que incorporemos convicciones comunes profundas sobre los motivos de la violencia política, y sobre la gravedad singular de la ejercida mediante los recursos estatales. Aún no lo hemos logrado, y esa carencia debilita nuestra capacidad de consolidar una sociedad en la que nunca más ocurra nada semejante.

No es muy difícil de entender. En Uruguay, la crisis económica de mediados del siglo XX tuvo graves consecuencias y se desató una dura lucha por la distribución de recursos escasos. Las organizaciones populares crecieron y desarrollaron, más allá de los reclamos sectoriales, la perspectiva de un programa de soluciones políticas. La confrontación en nuestro país se articuló con el marco mundial de la Guerra Fría, y el golpe de Estado, impulsado por una alianza de intereses estadounidenses y locales, abrió paso a más de una década de políticas favorables a esos intereses.

La dictadura no fue consecuencia de que los militares “se extralimitaran” después de derrotar a “subversivos” y “sediciosos”. Fue una herramienta empleada por civiles y militares para imponer un programa antinacional y antipopular. La aplicación de ese programa requería que arrasaran con las instituciones democráticas y ejercieran el terrorismo de Estado.

Muchos de los responsables de aquel horror han quedado impunes, porque no ejecutaron personalmente delitos de lesa humanidad, ni ordenaron que se cometieran desde posiciones institucionales, pero sus culpas no fueron menores que las de los dictadores y los esbirros, sino quizá mayores.

Si asumimos estos datos sobre las causas del golpe, tampoco es difícil entender cómo se construye el “nunca más”. Necesitamos más y mejor democracia en todos los terrenos. En el institucional, en el económico, en el cultural y en muchos otros, incluyendo el de las relaciones de género. Y más democracia, también, en el acceso a la verdad sobre la dictadura.

Los enormes daños que aquel régimen le hizo a Uruguay y a la mayoría de su población se apoyaron en la represión individual. A la inversa, la libertad y la justicia en la sociedad crecen con más libertad y más justicia para cada persona. Esto no es “cosa de viejos”. Le atañe sobre todo a la gente joven que toma la posta democrática, en beneficio del país entero.