El ministro de Defensa Nacional, Javier García, hizo saber que a él y al presidente Luis Lacalle Pou les “preocupa” el procesamiento de un soldado retirado que, en 1972, ametralló por la espalda a Nelson Berreta, que estaba detenido y esposado, cuando intentaba huir.

Arguyó García que ese hombre disparó porque se le ordenó que lo hiciera, y que los militares reciben de la Justicia un mensaje que “afecta las tareas y el funcionamiento” de las Fuerzas Armadas en la actualidad, dado que sus integrantes pueden prever que, por hacer lo que se les manda, quizá luego sean juzgados y condenados.

El juez Diego Prieto, de Florida, procesó a otros dos militares por torturar a presos en 1972, pero resolvió que los procesamientos fueran sin prisión, porque ambos imputados carecen de antecedentes judiciales y son, por lo tanto, “primarios absolutos”.

Es grave que opiniones como las del ministro García sean expresadas desde el Poder Ejecutivo, no sólo porque su contenido es perjudicial para la convivencia democrática y viola derechos de las víctimas, sino también porque implican una presión indebida sobre quienes deben juzgar los crímenes del terrorismo de Estado.

García destacó la edad avanzada del procesado, sus problemas de salud y que “vive en un lugar carenciado”. Eso hizo recordar la escandalosa intervención de Guido Manini Ríos en el Senado, el 14 de abril, en la que cuestionó que la Justicia “persiguiera” hoy, con ánimo de “venganza”, a personas añosas y enfermas por hechos ocurridos hace medio siglo. El ministro de Defensa y Lacalle Pou, al igual que Manini, han asegurado que apoyan la búsqueda de restos de desaparecidos (veremos), y parece que también tienen en común con el líder de Cabildo Abierto el rechazo a que la verdad sea acompañada por la justicia.

Es grave y riesgoso que estas opiniones sean expresadas desde el Poder Ejecutivo, no sólo porque su contenido es perjudicial para la convivencia democrática y viola derechos de las víctimas, sino también porque implican una presión indebida sobre quienes deben juzgar los crímenes del terrorismo de Estado.

A todos nos complace hablar de la independencia del Poder Judicial, pero las carreras de los jueces dependen hasta cierto nivel de decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre sus ascensos y traslados, y luego de la voluntad combinada de la SCJ y de los representantes de partidos en el Parlamento. A su vez, la designación de integrantes de la SCJ depende de las mayorías partidarias en la Asamblea General.

Los jueces saben que si no actúan en armonía con las opiniones predominantes en la SCJ pueden verse perjudicados (como le ocurrió, por ejemplo, a Mariana Mota), y que no llegarán a la cumbre del Poder Judicial, por mayor que sea su capacidad, sin apoyos partidarios.

Es un hecho que, mientras gobernaron los partidos Colorado y Nacional, la gran mayoría de los magistrados y de los ministros de la SCJ se sometieron sin chistar a las aplicaciones más extremistas de la Ley de Caducidad. Luego de que el Frente Amplio ganó las elecciones nacionales en 2004, y con esa ley aún vigente, se aceptaron otras formas de interpretarla, varios procesos fueron reactivados y hubo condenas a renombradas figuras de la dictadura.

Sería muy lamentable que, tras el reciente cambio de gobierno nacional, las posiciones expresadas por el ministro García activaran la aplicación de criterios como los del juez Prieto.