El hecho de que Carlos Moreira sea una vez más candidato a la Intendencia de Colonia por el Partido Nacional (PN), al que formalmente renunció en octubre del año pasado, nos habla sobre la persistencia de formas muy indeseables de manejar el poder político.
Hace diez meses se divulgaron grabaciones de diálogos entre Moreira y la edila María José García. Ella le pidió, para otra persona, la renovación de una pasantía laboral en la intendencia. Moreira no preguntó por méritos ni consideró necesidades de la administración: respondió que podía conceder ese favor político si García tenía relaciones sexuales con él.
Se ha señalado con insistencia que esas grabaciones estaban “editadas”, o incluso “adulteradas”. En realidad, esto sólo significa que no registraban la conversación completa: ni el más ferviente defensor de Moreira ha sostenido que las partes que conocemos sean falsas, o que el resto permita interpretar de otro modo su obvio sentido.
Circularon otros presuntos atenuantes que no son de recibo. Poco importa que García haya sido pareja de Moreira, que ella estuviera solicitando algo que no correspondía o que la difusión de las grabaciones haya podido tener una intención política.
Es un agravio insensato alegar que en Colonia “las cosas son así”, por alguna particularidad cultural incomprendida. Cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta, en cualquier lugar del país, de que quien ocupa una posición de autoridad no debe mezclar, ni en broma (y caben serias dudas de que esto haya sido en broma), sus decisiones de gobierno con sus apetencias, y que una persona de bien no hace lo que Moreira hizo.
Cuando se hicieron públicas las grabaciones, faltaba menos de una semana para la primera vuelta de las elecciones nacionales. En ese contexto, la dirección del PN había decidido expulsar a Moreira para reducir daños. Él se adelantó, renunciando al partido y a su postulación como senador.
Quedó claro que Moreira no le pone límites éticos a su ejercicio del poder, y la tolerancia del PN indica que le importa más el poder que los límites éticos.
Desde entonces, las autoridades nacionalistas no se enteraron de nada que no hayan sabido cuando, en medio de aquel escándalo, averiguaron cómo era la cosa. Lo único que cambió es que ya pasaron las elecciones nacionales, sin un impacto apreciable en la votación de Colonia por el PN o por la lista 904, que Moreira lidera.
Con ese dato a la vista, el llamado Honorable Directorio nacionalista se hizo el desentendido cuando la Convención Departamental del PN coloniense postuló a Moreira para un nuevo mandato como intendente. Todavía no lo han reintegrado al partido, pero da la impresión de que esto llegará también. Sobre todo si gana las elecciones de setiembre, y las encuestas dicen que lo hará.
Como síntoma y como mensaje político, lo que ocurre es pésimo. Quedó claro que Moreira no le pone límites éticos a su ejercicio del poder, y la tolerancia del PN indica que le importa más el poder (aun en una escala reducida, como la del gobierno departamental de Colonia) que los límites éticos.
La impunidad alienta la reiteración de conductas similares, y será peor aún si a la ausencia de castigo se le agrega una imagen de éxito. Se le está haciendo un daño grave a nuestra salud democrática.