La pobreza: entre relatos y realidades

Durante estos días se instaló un interesantísimo debate público sobre realidades y relatos, con diferentes visiones sobre lo que fueron los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Es natural que esto suceda, más aún ante una instancia de Rendición de Cuentas, cuyo objeto abarca el último año de gestión frenteamplista. Ya llegarán los tiempos para evaluar esta administración desde la perspectiva de los años, pero cuando eso suceda, probablemente, los resultados no serán del todo alentadores.

Porque los resultados a futuro son siempre consecuencia de las acciones del presente. Y en política esta frase sencilla y obvia cobra especial relevancia y evidencia: sin duda, lo que se haga hoy repercutirá directamente en el futuro. Para que se hayan reducido la pobreza y la indigencia durante los 15 años de gobierno frenteamplista hubo que hacer cosas. Fue necesario que el Estado asumiera un rol proactivo en defensa de los más débiles.

No por arte de magia ni por simple voluntad del libre mercado la pobreza pasó de 39,6% en 2005 a 8,8% en 2019. Para que esto sucediera se contó con un Estado proactivo, presente y sensible ante las demandas de los más vulnerables. Si la reducción de la pobreza fuera una simple consecuencia del crecimiento económico, entonces en otras etapas de crecimiento de la economía –como durante la década de 1990– esta hubiera sido sustancialmente mayor.

Lo mismo puede decirse respecto del índice Gini sobre desigualdad si se lo compara con el producto interno bruto (PIB). Durante los gobiernos frenteamplistas el crecimiento del PIB fue constante y el índice Gini fue inversamente proporcional a este, decreciendo año tras año y dando cuenta de que se podía apostar al crecimiento reduciendo la desigualdad. Si se analiza el período 1986-2002 –con gobiernos blanquicolorados–, se constata que el crecimiento del PIB fue acompañado de un fuerte aumento de la desigualdad. ¿Se creció durante la década del 90? Sí, pero no necesariamente podría afirmarse que la gente vivió mejor, porque las brechas sociales aumentaron fuertemente.

Entonces, cuando se comparan estas dos realidades, vale la pena preguntarse dónde estuvo el diferencial. En ambas realidades hubo crecimiento de la economía, pero las repercusiones sociales fueron muy distintas. Sin dudas, nos atrevemos a afirmar que las diferencias radican en las políticas sociales, las acciones del Estado tendientes a proteger a los más débiles, las políticas que apuestan a la inclusión social y a la igualdad. Todo eso constituye el diferencial entre un gobierno que entiende que ante la pobreza debe actuarse de manera frontal y directa y otro que entiende que el mercado es el que debe regularlo todo y que este se encargará por sí solo de reducir la desigualdad. Una y mil veces emergen evidencias de que esto es falso, pululan los ejemplos y, sin embargo, se siguen construyendo relatos en ese sentido.

Pero lo más grave sucede cuando se construyen relatos que buscan tergiversar la realidad misma, demonizando todo lo hecho, y así justificar las políticas y acciones que se desarrollarán. Entonces, los denominados “relatos” no sólo buscan establecer y consagrar verdades absolutas y no demostradas, sino que pretenden modificar lo ocurrido y hacer ver que “lo que se viene” es consecuencia indefectible de las acciones de los que “antes gobernaban”.

Los gobiernos neoliberales han seguido esta receta de manera casi idéntica. Por ejemplo, en Argentina Mauricio Macri venía “a poner orden” y “a sincerar la economía”. Cuatro años después de haber asumido, el resultado del “sinceramiento de la economía” implicaba un aumento de 10% en la pobreza, que pasó de 30% a 40%. Así las cosas, durante la campaña e incluso durante la gestión de Macri no sólo se prometió terminar con la pobreza, sino que se atribuyeron las vulnerabilidades y la falta de logros del gobierno a las erráticas políticas de la administración que lo precedieron. Un relato construido en base a la repetición de un discurso que, aunque se afirme mil veces, no se condecía con la realidad.

Algo parecido es lo que está ocurriendo en nuestro país, donde se pretende justificar el salvaje ajuste fiscal que se viene atribuyéndole la responsabilidad al gobierno anterior. Más que de relatos, conviene hablar de realidades, porque como sabemos estas son capaces de superar cualquier ficción que se pretenda construir. Y lo cierto es que en apenas cuatro meses desde que asumió el nuevo gobierno, unas 100.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza. Esto no es ficción, esto es realidad pura y dura, y creemos que podría haberse paliado esta situación si el Estado hubiera asumido un rol mucho más proactivo ante la pandemia.

Nadie niega que el aumento de la pobreza es atribuible –en gran medida– a la coyuntura generada por la pandemia de la covid-19. Afirmar lo contrario implica negar la realidad y, en todo caso, desconocer el efecto que ha tenido la pandemia sobre la economía global. Desde el 13 de marzo de este año, con la noticia del primer caso de covid-19, fuimos conscientes de que nuestro país atravesaría una caída histórica de su economía y, por lo tanto, si no se tomaban medidas dirigidas a mitigar sus efectos, los impactos en las condiciones de nuestra población serían terribles.

Por ese motivo, desde nuestra fuerza política optamos por tenderle la mano al gobierno que recién asumía, proponiendo un conjunto de medidas dirigidas principalmente a los hogares más vulnerables, para que pudieran hacer frente a los efectos económicos de la pandemia. Entre otras medidas, planteamos la creación de una “transferencia de emergencia” que implicaba aportar un salario mínimo nacional a todas las familias que acreditaran no tener ingresos permanentes por un monto equivalente o menor a 10 BPC por un período de 120 días, pero no fuimos escuchados. Para el oficialismo era y es más importante preparar el terreno para el proyecto de ley de urgente consideración y del ajuste fiscal que se vendrá de cara a la próxima ley de presupuesto. Lo dijimos en su momento: el oficialismo decidía profundizar su plan inicial en lugar de atender la problemática de los sectores más vulnerables.

Creemos que todavía no es tarde y existen posibilidades de reencauzar las políticas. Entendemos que la política fiscal debe jugar un rol principal para la reactivación de la economía, así como deben destinarse fondos para la protección de los más necesitados. Todavía se está a tiempo de aprobar un paquete de medidas transitorias que no afectaría el déficit estructural, tratando de revertir la desgraciada situación que viven cientos de miles de uruguayos que en pocos meses han caído en la pobreza. Pero lamentablemente lo deseado se encuentra muy lejos de la voluntad del gobierno, y parecería que el plan seguirá siendo el del ajuste y el recorte.

Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), mientras que el promedio de América Latina destinó para atender la pandemia en el entorno de 3,9% del PIB, Uruguay anunció un gasto de solamente 0,7% del PIB con ese fin.¹ Además, el informe de la CEPAL sugiere una serie de medidas para afrontar la crisis, por ejemplo: la postergación de pagos o cancelación de pagos de impuestos, la suspensión del pago de servicios de luz, agua, gas y telecomunicaciones, un ingreso básico de emergencia y un bono contra el hambre. Sin embargo, el oficialismo ha optado por aumentar el Impuesto al Valor Agregado, aumentar las tarifas públicas, cuestionar el gasto en alimentación escolar y anunciar más recortes.

Pero la situación es más delicada si se analiza la ejecución del Fondo Coronavirus, que fue creado justamente para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia. Según lo que reporta el Ministerio de Economía y Finanzas, lo ejecutado por el Fondo Coronavirus es solamente 0,4% del PIB (datos a mayo de este año). Por tanto, ni siquiera se estaría haciendo una ejecución razonable de las partidas destinadas, justamente, a atender esta situación.

Queda demostrado entonces que el oficialismo no sólo se encuentra en las antípodas de lo que propuso el Frente Amplio para afrontar esta crisis, sino que se mueve en el sentido contrario que el resto del continente. Desgraciadamente, este tipo de acciones contribuirá a agravar algo que para nada será un relato sino una realidad: un verdadero deterioro socioeconómico que nos hará retroceder a niveles que creíamos superados. ¿Qué haremos con los 100.000 nuevos pobres que se generaron como efecto directo de la pandemia? La respuesta la tiene el gobierno y debería plantearse seriamente si continuar o no con el plan de ajuste.

En definitiva, nada de lo que se viene parece ser demasiado alentador. Una vez más, nuestro rol como fuerza política es y será estar del lado de la gente, en particular de los que más sufren y peor la pasarán durante los años venideros. Siempre la mano estará tendida para aportar desde nuestra humilde experiencia, porque –aunque se quiera camuflar de relato–, la realidad indica que en 2005 recibimos un país destruido que nada tiene que ver con el país que entregamos.

Esto no significa ni significará avalar lo inaceptable ni renunciar a estar al lado de la gente cuando haya que defender las conquistas logradas durante estos 15 años. Porque si hay algo innegociable es la “pública felicidad” y el derecho del pueblo a vivir dignamente. Allí estarán siempre todos nuestros esfuerzos y anhelos.

Charles Carrera Leal es senador por el Frente Amplio.