Todo indica que el Senado resolverá la semana próxima sobre el pedido de desafuero de Guido Manini Ríos, planteado por el fiscal Rodrigo Morosoli el 1º de noviembre del año pasado, para imputarle al conductor de Cabildo Abierto (CA) un delito de omisión de denuncia. En junio de 2018, José Nino Gavazzo dijo ante un Tribunal de Honor militar que en 1973 había arrojado al río Negro el cadáver de Roberto Gomensoro, muerto durante torturas, para ocultar el crimen. En ese momento, Manini era comandante en jefe del Ejército, y se le informó sobre esa confesión, pero él decidió que no fuera trasladada a la Justicia.

Este es el tema central, al que se agregan muchos otros: entre ellos, el de la divulgación, esta semana, de otras actas de un Tribunal de Honor del Ejército en las que un represor afirmó que había cometido violaciones de los derechos humanos, sin que esto fuera puesto en conocimiento del sistema judicial. Ese otro tribunal actuó en 2006, para juzgar a Gilberto Vázquez por haberse fugado, pero cuando le tomó declaraciones el coronel retirado se refirió a su participación en numerosos delitos gravísimos, durante la dictadura y en los años posteriores.

Desde la salida de la dictadura, en las Fuerzas Armadas ha prevalecido el criterio de callar, disimular y encubrir. Sería muy saludable que, de una vez por todas, quedara claro que esa conducta mafiosa es un delito y conlleva una pena.

Hay interesados en entreverar la baraja, como si la omisión de denuncia en 2006 le quitara gravedad a la de 2018, o de algún modo la compensara. Muy por el contrario, aquel antecedente subraya la necesidad de que los fueros de Manini sean suspendidos, para que comparezca ante la Justicia, se determinen sus responsabilidades y asuma las consecuencias.

Desde la salida de la dictadura, en las Fuerzas Armadas ha prevalecido el criterio de callar, disimular y encubrir. Sería muy saludable que, de una vez por todas, quedara claro que esa conducta mafiosa es un delito y conlleva una pena.

En 2006, Gilberto Vázquez insistió ante los integrantes del Tribunal de Honor, generales Héctor Islas y Juan Giorello, en que se había fugado porque, a diferencia de lo que había ocurrido antes con otros represores (incluyendo, en aquel momento, a los responsables del secuestro y el asesinato de Eugenio Berríos en 1992), a él no se lo estaba amparando para que siguiera impune por “las cosas de la guerra”. En esa línea de razonamiento invocó sus antecedentes criminales, presentándolos como méritos.

Los dos generales sabían muy bien que estaban obligados a dar cuenta de esto, e incluso lo mencionaron al comienzo del interrogatorio, pero en todo momento trataron de que Vázquez hablara sólo de su evasión, sin indagar sobre lo demás, y en el acta de fallo no dejaron constancia de esa confesión de delitos de lesa humanidad. No sabemos si consultaron o no al entonces comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz.

Sí sabemos que quienes integraban el Tribunal de Honor de 2018 le informaron a Manini sobre lo que había dicho Gavazzo, y que el ahora senador les ordenó seguir adelante sin prestarle atención al asunto.

Este tipo de conductas es la que debe ser juzgada, para emitir un claro mensaje hacia quienes aún custodian la impunidad e impiden, con su silencio, que se sepa la verdad y haya justicia. Depende de los senadores oficialistas que así sea.