La propuesta de muerte del uribismo, que llegó a la presidencia con Iván Duque, nos ganó la partida. Y deben estar contentos. Cuando se juntan, son demoledores. Cuando se juntan a sembrar la muerte, la zozobra y el miedo no hay nada ni nadie que pueda detenerlos. Alguna vez pensé que esta guerra nuestra era inútil, pero cambié de lectura: esta guerra nuestra es útil, y mucho, para ese sector carroñero de la política que hace años se montó en el poder y que no lo va a soltar así se derrame la sangre del último colombiano digno que respire.

Desde antes de volver a la presidencia lo sabían, y no tuvieron ningún problema en decirlo públicamente: hay que hacer trizas el acuerdo de paz. Y hacer trizas el acuerdo significaba convertir a Colombia nuevamente en uno de los países más violentos del mundo. Con una hoja de ruta así implementada desde la presidencia, lo que se venía, seguro, era esto. Y en esto estamos: desde el comienzo de 2020 hasta el 8 de setiembre hubo en Colombia 53 masacres. Si nos metemos en las cifras, eso da un promedio de 5,8 al mes; y si lo ponemos en semanas, de 1,4. Entre otros, han asesinado a niñas y niños, a jóvenes universitarios, a líderes sociales y a ex guerrilleros que, en su sueño de reinserción a la vida civil, fueron masacrados. Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz cerrado el 5 de setiembre, en esas 53 masacres murieron 202 personas.

Mientras el país se desangra, el presidente Duque sale todos los días a las 18.00 en su programa de televisión sin decir algo que valga la pena escuchar sobre estos hechos, e incluso peor: sin tomar medidas urgentes que detengan el actual río de sangre. Cuando, a veces, se acuerda de que nos están matando a diario, sólo apunta a decir que las masacres no son masacres, sino “homicidios selectivos”, recurriendo a la vieja fórmula de usar el lenguaje a su favor, como cuando en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez empezaron a llamar “falsos positivos” a las ejecuciones extrajudiciales que cobraron la vida de más de 5.000 civiles a manos de militares que quisieron hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate.

Poco a poco, el Centro Democrático, partido fundado por Uribe y que llevó a la presidencia a Duque, se ha ido apoderando de organismos e instituciones, en una muestra de concentración de poder que asusta.

Duque tiene la mayoría en el Congreso. Tiene la Fiscalía. Tiene la Defensoría del Pueblo y ahora, la Procuraduría. Francisco Barbosa, actual fiscal general de la Nación, es amigo personal de Duque y trabajó en su gobierno como consejero para los derechos humanos. Carlos Camargo Assis, un abogado que no tiene experiencia en derechos humanos, pero que es una clara ficha del uribismo, es el nuevo defensor del pueblo. Y, para completar, la hasta hace poco ministra de Justicia Margarita Cabello, postulada por Duque para la Procuraduría, es hoy la nueva procuradora general de la Nación.

Mientras su mentor, Álvaro Uribe Vélez, quedaba preso y reseñado con el número 1.087.985 por ser el presunto responsable de delitos de fraude procesal y soborno a testigos que lo habrían acusado de tener nexos con el paramilitarismo, Duque opinaba públicamente sobre el caso, violando los estatutos que le impiden al presidente intentar intervenir en las decisiones judiciales. Tanto así que los magistrados Luis Gilberto Ortegón, José Rodrigo Romero y Alberto Espinosa Bolaños, de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tuvieron que pedirle que se abstuviera de emitir opiniones que fueran en contra de la autonomía y las decisiones de los órganos del Estado y que desconocieran la separación de poderes.

El círculo cercano de Duque ha llegado a tal nivel de delirio que Luis Guillermo Echeverri, consejero del gobierno, no dudó en enviar una carta a Javier Moreno, director del periódico español El País, para pedir que no entrevistaran al senador Iván Cepeda. Porque, según Echeverri, Cepeda “es verdugo de la integridad de uno de los líderes más importantes del mundo”. Se refería a Uribe.

Para rematar, el proceso que llevaba la Corte Suprema de Justicia contra Uribe pasó a la Fiscalía, es decir, al ente dirigido y manejado por el amigo personal de Duque.

En el cuarto país más desigual del mundo, ni siquiera la pandemia de covid-19 ha podido humanizar al monstruo. En medio de las necesidades que generó la cuarentena, Iván Duque, sin un mínimo asomo de vergüenza, le prestó 370 millones de dólares del Fondo de Mitigación de Emergencias a Avianca, una empresa que, además de no ser colombiana y de tener su holding en Panamá, tiene como vicepresidenta a María Paula Duque, su hermana. También en medio de la cuarentena contrató a una empresa para mejorar su imagen, a la que le pagó 3.350 millones de pesos colombianos, algo así como unos 900.000 dólares.

El miércoles, en Bogotá, dos policías asesinaron al abogado Javier Ordóñez, a quien, inmovilizado y en estado de indefensión, golpearon y le hicieron al menos 11 descargas eléctricas con una pistola Taser. La indignación llevó a la gente a salir a la calle a protestar y a destruir los Centros de Atención Inmediata de la Policía Nacional.

Duque se mueve entre el desprecio por las vidas de las colombianas y los colombianos que han sido asesinados en las 53 masacres que se han presentado hasta estos días, la violencia brutal por el abandono de familias enteras en medio de la cuarentena, y el favorecimiento infame y descarado a personas y sectores cercanos a sus afectos. Mientras tanto, a Iván Cepeda, víctima en el caso de Uribe, no paran de llegarle amenazas, al igual que a periodistas y a otras personas que cuestionan al gobierno.

A la guerra había que volver como fuera. Ese era el proyecto de país que tenían. Y, como sea, lo han logrado. Duque era el alfil exacto para el proyecto político de Álvaro Uribe Vélez y le está funcionando a la perfección. El perfil del hombre obediente, bruto y dogmático fue construido en las filas de la más cruel y violenta escuela política del país: la del Centro Democrático. En manos de ellos estamos.

Una muestra de cómo funciona la mente de Duque fue su visita al municipio de Samaniego, en el departamento de Nariño, donde el 15 de agosto fueron asesinados ocho jóvenes universitarios. A una de las familias que había perdido a un hijo le prometió arreglar el estadio de fútbol.

Balas a la protesta

Pero eso no es todo. El 9 de setiembre, fecha en la que se celebraba el Día de los Derechos Humanos en Colombia, será recordado en Bogotá como uno de los más violentos de los últimos años. En la madrugada de ese día, dos agentes de la Policía asesinaron al abogado Javier Ordóñez, a quien, inmovilizado y en estado de indefensión, golpearon y le hicieron al menos 11 descargas eléctricas con una pistola Taser. La indignación llevó a la gente a salir a la calle a protestar y a destruir los Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional. Hartos de los abusos policiales, los manifestantes también rompieron ómnibus, llantas, recipientes de basura, y a cambio recibieron balas. La Policía respondió a algunas de esas manifestaciones con armas de fuego. El resultado: seis personas muertas en Bogotá, dos en el municipio aledaño de Soacha, y otras 60 heridas.

Frente a esta ola de violencia que ya se trasladó a la capital colombiana, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió una reforma constitucional que permita algunas reestructuraciones en la Policía Nacional, entre ellas, que las denuncias por abuso de autoridad de los policías sean tratadas por la Justicia ordinaria y no por la Justicia penal militar, que en muchos casos ha abierto las puertas a la impunidad. También le pidió al presidente que acepte con humildad que la Policía sí usó armas de fuego contra los civiles la noche del 9 de setiembre y que tome las medidas necesarias para que eso no se repita.

Pero parece difícil que eso vaya a suceder. La protección excesiva a la fuerza pública y el abandono de la población civil han sido claros en el gobierno de Duque. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, lejos de reconocer las responsabilidades de la fuerza que dirige, anunció que más integrantes de la Policía y el Ejército controlarán el orden público en Bogotá. Ahora no sólo hay masacres en las regiones, sino también en Bogotá. Ahora, en Colombia, también la Policía Nacional mata descaradamente a civiles desarmados.

El jueves continuaron las protestas, y la Policía siguió usando armas de fuego para reprimir a la sociedad civil. Para el lunes 21 está convocado un paro nacional contra del gobierno. La gente va a salir de nuevo a las calles y si no se frenan las actuaciones de la Policía, seguro va a haber más muertos porque está disparando a matar.

John Rodríguez Saavedra, desde Bogotá.