Desde el oficialismo se insiste en que la ley de urgente consideración (LUC) expresa compromisos asumidos por los partidos que ganaron el balotaje de 2019, y en que estos tenían, más que el derecho, el deber de aprobarla mediante la mayoría parlamentaria que la ciudadanía les otorgó en la primera vuelta. Se afirma incluso que el referéndum contra 135 artículos de la LUC es una especie de insurrección ilegítima, porque la minoría trata de impedir lo que la mayoría quiso.

Hay varios puntos débiles en ese alegato. En primer lugar, ganar las elecciones nacionales no implica plenos poderes durante cinco años, ni le impone a la oposición el deber de acatar, en silencio o a lo sumo quejándose.

En segundo lugar, aun si la ciudadanía hubiera querido respaldar, en 2019, todo lo que los actuales oficialistas prometieron hacer, tiene derecho a cambiar de opinión más de dos años después (por ejemplo, si evalúa que las consecuencias no son las que esperaba).

Por último, la mayoría parlamentaria de la coalición de gobierno no surge del apoyo popular a un programa común, por la sencilla razón de que no lo había, y en cambio existían posiciones contradictorias, ante cuestiones relevantes, entre los partidos que se aliaron para la segunda vuelta. Sus acuerdos se redactaron después de que decidieron respaldar a Luis Lacalle Pou en el balotaje y establecieron un común denominador muy vago sobre varios temas cruciales.

Luego, el proyecto de LUC requirió nuevas negociaciones en el oficialismo, y en su trámite parlamentario quedó descartada una cantidad considerable de artículos, porque no reunían el apoyo necesario para ser aprobados (la fórmula para disimular el rechazo es que “fueron retirados”).

No está nada claro, entonces, cuál es el programa de la coalición de gobierno, que no cuenta con ningún organismo estable de conducción, debate o mero intercambio. Lo que sí está muy claro es que, entre quienes votaron por Lacalle Pou en noviembre de 2019, hay sectores y personas con una agenda mucho más extremista que la LUC, que comienzan a protestar porque los meses pasan y sus aspiraciones no se ven satisfechas.

Quieren, entre otras cosas, que sea aún más drástico el desmantelamiento de programas sociales (a los que llaman “mantener pichis”). También que se retroceda mucho más en lo referido a derechos que identifican con una presunta “ideología de género” y atribuyen, groseramente, al “marxismo cultural” y los escritos de Antonio Gramsci a comienzos del siglo pasado.

También desean que sean liberados los autores de crímenes contra la humanidad que están en la cárcel de Domingo Arena. Con este último reclamo se ha dirigido a Lacalle Pou un grupo de personas autodenominado Foro de Montevideo, cuya portavoz es la escritora Mercedes Vigil, y a quienes el presidente recibirá el 8 de noviembre.

Uno de los problemas que afrontan los extremistas es que, en plena campaña hacia el referéndum, parece cada vez menos probable que el oficialismo acceda a sus demandas. Este es un mérito más de quienes recolectaron, con mucho viento en contra, casi 800.000 firmas.