Cuando el actual gobierno nombró jefes de Policía departamentales, 14 de las 19 personas elegidas estaban retiradas. Esa selección y varias otras decisiones han mostrado una clara voluntad de desandar caminos recorridos durante los gobiernos del Frente Amplio (FA) y restaurar a parte de la “vieja guardia” en posiciones de poder que abarcaron el entorno más cercano al ministro Jorge Larrañaga.

Se dejó de lado a la gran mayoría de la oficialidad superior, quizá porque se la consideraba partícipe de orientaciones equivocadas o –lo que sería peor– porque se interpretaba su ascenso en los años previos como el resultado de afinidades y compromisos con el FA, despreciando o poniendo en duda los méritos profesionales.

En 15 años se desarrollaron varios procesos simultáneos en la fuerza policial. No sólo se aplicaron criterios de seguridad pública con los que es legítimo discrepar; también hubo modernización de procedimientos y dignificación de condiciones laborales.

Llenar la plana mayor de veteranos, ajenos a los procesos de cambio o reacios a ellos, implicaba riesgos importantes de una regresión a ideas y prácticas del siglo pasado, que lamentablemente se ha producido y que probablemente se potenciará con la contratación de un millar de funcionarios retirados para que “den una mano”.

Por otra parte, los gobiernos del FA llevaron adelante políticas de saneamiento institucional. Se alejaron, quedaron al margen o fueron destituidas personas que encarnaban viejos vicios policiales. Entre ellos, la incompetencia para tareas de investigación y prevención del delito “suplidas” con brutalidad, y también la corrupción.

José Adán Olivera había sido destituido de la jefatura de Policía de Cerro Largo en marzo de 2018, debido a un llamativo descenso de las incautaciones de droga y contrabando. Este gobierno lo reinstaló en el cargo y ahora tuvo que renunciar, en medio de un escándalo de corrupción y complicidad con el contrabando. Según el ministro Luis Alberto Heber, Olivera “ha sido de los jefes de Policía que han tenido mejores resultados en el combate al delito”.

Juan Ángel Fontes renunció en setiembre de 2020 a la jefatura de Flores, luego de que se pidió su procesamiento con prisión por entorpecer la investigación de un homicidio. Martín Botto renunció a la de Río Negro el mes pasado; no había cumplido con procedimientos obligatorios ante la denuncia contra un subalterno suyo por abuso sexual. Wilfredo Rodríguez, jefe de Rivera, es investigado por presuntos actos abusivos de homofobia. Como dijo el director nacional de Policía, Diego Fernández, hablando de este último caso, “a veces algunas cositas se nos van de cauce”.

El sindicato de policías de Maldonado reclamó ayer que Fernández sea destituido y que la fuerza sea liderada “por las nuevas generaciones”, no por “retirados nostálgicos que han reinstalado las viejas prácticas y costumbres que tanto daño han hecho”.

La ley de urgente consideración le dio más poder discrecional a la Policía y esto es peligroso. Con la restauración de jerarcas poco confiables, el peligro se multiplica.